La guerra contra
los pueblos indígenas
Francisco López Bárcenas
La reciente matanza de indígenas amazónicos llevada a cabo el día 5 de junio pasado por el Estado peruano confirma que en América Latina los estados nacionales mantienen una guerra contra los pueblos indígenas que habitan sus territorios. ¿Cuándo comenzó esta guerra?
La pregunta admite varias respuestas. Una afirma que dio inicio cuando los europeos invadieron el territorio y comenzaron una guerra de conquista, dando origen a un régimen colonial que aún persiste, a pesar de las sucesivas guerras de independencia. Otros dirán que es con el surgimiento de los estados nacionales donde comienzan las guerras contra los pueblos indígenas, para imponerles las ideas liberales, con el propósito de fraccionar sus tierras comunales, imponiéndoles al mismo tiempo la organización política representativa como única forma de gobierno. La última dirá que comenzó con el neoliberalismo, que vio en sus territorios una reserva de recursos naturales con carácter de bienes comunes que los colocaba fuera del mercado, mismos que deberían ser convertidos en propiedad privada para que pudiera circular libremente en él.
Cualquiera que sea la respuesta a esa interrogante, lo cierto es que desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, los invasores primero y después los estados nacionales agredieron brutalmente a los pueblos indígenas con el propósito de destruirlos, al grado de que a los más fuertes no les quedó otro camino que resistir, dando lugar a lo que los historiadores han denominado guerra de castas, aunque no faltan quienes con más propiedad afirman que se trató de una segunda conquista. En México fueron verdaderas declaraciones de guerra del ejército federal contra los pueblos indígenas. Aún en el año 2000 las autoridades del pueblo seri andaban buscando algún documento que levantara la declaración de guerra que Porfirio Díaz había declarado en su contra, sin que se encontrara por ningún lado.
Las guerras las perdieron los pueblos, dando origen a un colonialismo interno que las revoluciones agrarias del siglo XX no lograron poner fin, porque no participaron en los pactos mediante los que se les dio por terminadas; así, los herederos de los conquistadores siguieron las mismas políticas de aquéllos y en algunos casos las profundizaron, aunque con otras formas que no las hicieran tan evidentes. Fue así como idearon el indigenismo como política de Estado.
A finales del siglo XX y principios del XXI, el antagonismo se ha profundizado y los administradores de los estados reaccionan con violencia cuando el cuestionamiento a sus políticas las exhibe como inviables para mantener el modelo mercantil como único modelo de vida.
Un recuento de la represión oficial contra los pueblos indígenas, tan sólo en los nueve años del presente siglo, mostraría que ha dejado más muertos que en aquellos estados que sufren alguna invasión imperial, o de los que formalmente se encuentran en guerra civil. Acteal, en el estado de Chiapas; Aguas Blancas, en Guerrero, Agua Fría en Oaxaca, son monumentos a la ignominia de esa represión; pero desgraciadamente estos hechos sangrientos no suceden sólo en México: la represión igual se da desde Guatemala, contra los pueblos mayas, hasta Chile, contra los mapuches. Apenas en meses pasados lamentamos la represión gubernamental contra la minga indígena colombiana que buscaba defender los territorios indígenas y los recursos naturales, y ahora una concentración pacífica de indígenas en Perú pidiendo la derogación de leyes que permitían arrebatarles los suyos, es reprimida brutalmente, dejando decenas de muertos, heridos y desaparecidos.
Ninguno de estos actos de represión es un caso aislado. Detrás se encuentra la decisión de los pueblos indígenas de defender sus recursos naturales, sustento de su vida y futuro como pueblos; pero también la de las trasnacionales de apoderarse de ellos para convertirlos en mercancía.
Hasta ahora los gobiernos nacionales han jugado del lado de estas últimas de diversas maneras: modificando los marcos jurídicos que conviertan los bienes comunes en propiedad privada, generando políticas que liberalizan la apropiación de esos bienes y poniendo las represivas a su servicio para sofocar el descontento.
Frente a tanta agresión, la sociedad reacciona, se moviliza, protesta. Ahora mismo la sociedad peruana y la internacional exige que los responsables de la matanza en el Amazonas peruano sean destituidos y procesados por esos crímenes, pero no se ve por ningún lado el mecanismo jurídico para que pueda lograrlo. Mientras se idea uno, no olvidemos que las matanzas son parte de la guerra contra los pueblos indígenas, y si queremos que ya no se repitan, no podemos quedarnos callados.