San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
22 de junio de 2009

Gobierno de Chiapas tergiversa información
sobre conflictos sociales

? La censura de los medios de comunicación y la campaña mediática es
una estrategia empleada por el Gobierno del Estado de Chiapas en su
acción contra los derechos humanos.

? Liberación de Miguel Vázquez, detenido y liberado, en acción
mediática dentro de la operación de control territorial del Gobierno
Estatal y Federal en la región de Agua Azul

El pasado 14 de mayo salió del CERSS 14 El Amate, Miguel Vázquez
Moreno, (en adelante Miguel) Base de Apoyo del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (BAEZLN), uno de los tseltales detenidos y
criminalizados por su participación dentro de la acción de resistencia
al Proyecto de Inversión del Gobierno del Estado sobre el territorio
indígena de la región de Agua Azul, por parte de los Ejidatarios
Adherentes de La Otra Campaña (LOC), del ejido San Sebastián Bachajón.
Sin ser notificado este Centro, defensor de los ocho indígenas
privados injustamente de su libertad, fue sacado del Penal, trasladado
a Tuxtla Gutiérrez y posteriormente llevado al crucero Agua Azul, a
la puerta de su casa.

El Gobierno de Juan Sabines Guerrero, esta operando una franca campaña
de desinformación y criminalización de la protesta social, usando el
erario, para realizar inserciones en el periódico La Jornada de fecha
domingo 17 de mayo, que en su cuerpo presume: ?La mañana del 15 de
mayo y en uso de los cauces legales posibles, Miguel Ángel Vázquez
Moreno fue puesto en libertad, trasladado y entregado en la sede de la
Junta de Buen Gobierno de Morelia.?

Estas inserciones se han implementado en diversas ocasiones,
aprovechando contratos de publicidad suscritos con empresas de
comunicación, con quienes compra espacios, en donde igual se promueven
eventos culturales en Chiapas, como se promueve el turismo, y
también se aprovecha a difundir su palabra sesgada, incluida la
difamación en contra de los movimientos sociales que no se someten a
sus intereses, poniendo fotografías de integrantes de estos
movimientos, que se encuentran arbitrariamente privados de su
libertad, acusándolos de ser delincuentes sin siquiera exista una
sentencia condenatoria, vulnerando su honra y dignidad, y el principio
de inocencia.

Este Centro se trasladó al Caracol IV ?Torbellino de nuestras
palabras?, con sede en Morelia, para verificar la veracidad del dicho
gubernamental, mismo que fue desmentido de manera enérgica por las
autoridades autónomas de la Junta de Buen Gobierno (JBG) ?Corazón del
Arcoiris de la Esperanza?. Cabe mencionar que esa era la intención del
Gobierno del Estado, establecer un diálogo con las Autoridades
Autónomas, entregarle a Miguel Vázquez y ?tomarse la foto?, en clara
manera de mediatizar el supuesto respeto a las JBG y los Derechos
Humanos en Chiapas.

La operación falló. Desde el día viernes 8 de mayo, la Secretaría
General de Gobierno, a cargo de Noé Castañon León, por medio de su
Coordinación Técnica, utilizó a Julio Toledo, Presidente de la ARIC –
Unión de Uniones, como su emisario ante la JBG, con la instrucción de
convencerles de acudir a Ocosingo a platicar porque ?les iba a ayudar
a liberar a los presos?, pero omitiendo que miembros de la Secretaría
General de Gobierno ahí los esperarían en un espacio pactado con el
emisario.

Pese a esta treta fallida, la Secretaría de Gobierno no cesó en su
intento por ?tomar la foto? de la liberación para mediatizarla y el
día viernes Miguel fue trasladado hasta la puerta de su casa por los
CC. Lic. José Manuel Morales ?Delegado de Gobierno en Ocosingo-, Lic.
Marco Antonio Ruíz, y el Lic. Rigoberto Fino Nájera, quienes le
tomaron la foto, misma que fue publicada, el día 16 de mayo, en el
Diario Expreso de Chiapas.

Antecedentes de la detención
Miguel fue detenido el día 18 de abril de 2009 aproximadamente a las 9
de la noche por los elementos de la Policía Estatal de Caminos (PEC),
Rigoberto Urbina Zenteno y Sergio Luís Alfallo Pérez, puesto a
disposición del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía
Especializada contra la Delincuencia Organizada (FECDO), quien
determinó la legal detención y posteriormente tramitó su arraigo a
partir del señalamiento que hicieran los propios policías aprehensores
que se decían asaltados por Miguel. Sobre su detención, el ahora
liberado dijo: ?me esposaron, me subieron en su carro y me llevaron
directo a Tuxtla Gutiérrez, 2 días después, el lunes me vendaron mi
ojo y todo mi cuerpo sin moverme, y ya de ahí fui obligado a firmar un
papel y sino lo firmo, que me van a matar y me van a arrojar al río y
pregunté si puedo leer el papel y me dijeron que no…?

Miguel fue detenido de manera ilegal, sin orden de aprehensión,
torturado y privado de su libertad bajo falsas acusaciones emitidas
por policías estatales, de la misma manera que los 7 adherentes de La
Otra Campaña, todo esto dentro de la FECDO. Cabe señalar que este
Centro ha documentado que es en esta Fiscalía en la que se dan estos
actos violatorios de derechos humanos de manera sistemática y a partir
de la figura del ?arraigo?, siendo una práctica heredada a la actual
administración de Juan Sabines, por la administración del ex
gobernador Pablo Salazar Mendiguchía y ejecutada por el entonces
Fiscal Mariano Herran Salvatti.

Antecedentes de contexto
En la región de Agua Azul se disputan dos proyectos, el del Estado
vinculado a los intereses del capitalismo en su fase de mayor
depredación, que pretende despojar una vez más los territorios y el
proyecto de vida de los pueblos indígenas que organizadamente
defienden y construyen otra manera de relación en su entorno. Esto se
expresa claramente en la acción realizada días después del operativo
policíaco de fuerzas federales y estatales, en la que destruyeron la
caseta de cobro de ingreso a Las Cascadas de Agua Azul que los
ejidatarios de San Sebastián Bachajón han mantenido desde hace varios
años y han resistido acciones de hostigamiento por agentes no
estatales ligados al gobierno en contra de las BAEZLN y LOC.

Ante esta situación elementos de la Policia Estatal Preventiva (PEP)
mantienen un campamento en el lugar de la caseta destruida y la caseta
de cobro esta operada por miembros del Gobierno del Estado, cuyos
boletos llevan el sello de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del
Estado. Esto significa una grave violación, ya que los ejidatarios
adherentes de LOC mantenían control de esa caseta que se encuentra
dentro del territorio, como una reivindicación a su derecho a la libre
determinación en el ejercicio de su Autonomía Indígena conforme a lo
estipulado en el convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas Sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas y Los Acuerdos de San Andrés.

Consideraciones
Este Centro considera que a Miguel lo liberaron como parte de la
campaña mediática del Gobierno del Estado, en su intento por bajar la
tensión y denuncia pública que diversas organizaciones y personas han
hecho y particularmente por la campaña global lanzada por La Otra
Campaña y la Zezta Internacional exigiendo la libertad de los ocho
tseltales detenidos, evidenciando la actitud represiva del actual
Gobierno del Estado. No obstante, dicho intento termina demostrando la
negligencia y dolo gubernamental, ya que Miguel estaba acusado de los
mismos delitos que los demás indígenas, que siguen presos
injustamente, y pese a haber sufrido las mismas violaciones al debido
proceso, y a sus derechos humanos como la tortura y tratos o penas
crueles e inhumanos o degradantes.

Este patrón de acción e impunidad de las corporaciones policíacas
estatales y de procuración de justicia del Estado de Chiapas, se sigue
repitiendo a lo largo del tiempo, y se ha convertido en el modus
operandi en la detención de indígenas de esa región de Agua Azul;
detenidos sin órdenes de aprehensión ?invocando flagrancia-,
torturados para autoinculparse, sin interprete en su lengua y sin
abogado que conozca de su cultura e idioma (como lo exige el artículo
segundo Constitucional), privados de su libertad, procesados o
sentenciados por delincuencia organizada y robo con violencia.

El Gobierno del Estado al centrar mediáticamente el asunto de Agua
Azul en la delincuencia organizada, esconde su verdadera intención,
que es el control y explotación territorial de la región de Agua Azul,
por medio de la represión contra los pueblos que históricamente la han
poseído, en donde se han desarrollado culturalmente y que en está
ocasión son adherentes de la Otra Campaña -jurídica, mediática y de
despliegue territorial diseñada con apoyo de la inteligencia militar-.
Su objetivo es operar los proyectos de inversión que el grupo priísta
de su gabinete ?del grupo de Albores Guillén- ha estado gestionando
con el gobierno federal para administrar sitios arqueológicos y
turísticos que se encuentran en territorio indígena. Es de hacer notar
que desde el arribo de Noe Castañon León, a la Secretaría General del
Gobierno de Chiapas, la represión se ha recrudecido, lo cuál
presumimos como un reacomodo de las fuerzas políticas al interior del
estado.

Todo lo anterior demuestra la indigna procuración de justicia del
Estado de Chiapas, que sigue supeditando las normas constitucionales,
pactos y convenios internacionales a los intereses económicos de un
grupo por implementar los proyectos de inversión a los de los Pueblos
indígenas de Chiapas.

Ante este panorama de despojos y represión este Centro seguirá
haciendo uso de los espacios de incidencia, para seguir denunciando el
panorama de violaciones a los derechos humanos en el Estado de
Chiapas, por parte del Gobierno Estatal en coordinación con el
Gobierno Federal. De esta forma hacemos un llamado a la solidaridad
nacional e internacional para hacer uso del pleno derecho a
manifestarse contra estos actos violatorios.