Criminalización
de radios comunitarias
Miguel Concha
El 28 de marzo escribí que la situación actual de las radios comunitarias en México pone en evidencia que el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones de respetar, proteger y promover el derecho a la libertad de expresión en el país, ni de garantizar el derecho a la información de las comunidades indígenas y los sectores sociales más deprimidos.
La clausura violenta de radios comunitarias, con la utilización de elementos de
Pues bien, los hechos más recientes demuestran que esa política continúa. Apenas la semana pasada el juez quinto de distrito de lo penal, con sede en Nuevo León, giró una orden de aprehensión en contra de Héctor Camero, integrante de la radio comunitaria Tierra y Libertad en ese estado. Y también la semana pasada la señora Rosa Cruz, de la radio Uékakua en Michoacán, fue citada a comparecer como indiciada por un delito que alcanza hasta 12 años de prisión.
Rosa es una mujer purépecha, artesana, que apenas habla el español, y ha dedicado gran parte de su vida a prestar una labor social en la radio de su comunidad. En el caso de la radio Uékakua no sólo se ha iniciado un procedimiento penal en contra de la señora Rosa, sino que en el momento del cierre de esta emisora de 5 vatios, de la comunidad de Ocumicho, Michoacán, el 29 de enero pasado, los más de 100 elementos policiacos amedrentaron a niños, amenazaron a mujeres con golpearlas, le taparon la boca y le lastimaron la mano a una niña, y una señora fue arrastrada violentamente fuera de la radio.
Hoy la señora Rosa se encuentra ante la obligación de comparecer como indiciada ante el Ministerio Público de
La persistencia de las autoridades en la utilización de la legislación penal, en lugar de la administrativa, suficiente para recuperar las frecuencias, y más conforme con los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos en esta materia, constituye la continuidad de una política persecutoria y de criminalización en contra de las radios comunitarias, en casos además en contra de personas en situación de vulnerabilidad, por su situación de pobreza y dificultades para hablar en español.
Según ella los estados deben privilegiar el empleo de medidas no penales, máxime cuando las comunidades que están involucradas en la operación de radiodifusoras tienen fines sociales. Además,
Igualmente, en el Examen Periódico Universal de México frente al Consejo de Derechos Humanos de
También vale mencionar que el Estado mexicano ha establecido como una de las líneas de acción en el Programa Nacional de Derechos Humanos (2008-2012): “Promover el reconocimiento jurídico de la radiodifusión comunitaria, así como facilitar su operación y desarrollo a través de los reglamentos y demás normas administrativas”.
Hasta el momento el Estado mexicano no sólo no ha cumplido con estas recomendaciones, sino que el gobierno ha endurecido sus políticas criminalizando a las comunidades que intentan ejercer sus derechos a la libertad de expresión y a la información a través del medio que ha resultado más accesible para ellas hasta ahora: la radio. Con ello, está retrocediendo en lo que ya se había avanzado en esta materia con el otorgamiento de 11 permisos para la operación de radios comunitarias en los años de 2004 y 2005. Urge detener esta política persecutoria y resolver de manera inmediata las solicitudes de permisos pendientes.