DECLARACIÓN  DE LOS DEFENSORES

Y DEFENSORAS DE

DERECHOS HUMANOS DESDE

LA MONTAÑA DE GUERRERO   

En el marco del quinceavo aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, los defensores y defensoras constatamos una criminalización creciente que atenta contra la vida y la seguridad no sólo de los defensores sino de la sociedad en general. 

La clase política que se ha montado en el potro de la impunidad y son los autores intelectuales de estas atrocidades y del terror causado por las fuerzas represivas del Estado, han traicionado los ideales democráticos de la sociedad. Los partidos políticos han permitido que el Ejecutivo “legisle y juzgue” con despotismo y arbitrariedad, que utilice al Ejército para que ejerza las funciones de ministerio público y de policías ministeriales para imponer la ley marcial y un ambiente de terror y de miedo. El Congreso federal se ha prestado para aprobar reformas policiales para tratar a los ciudadanos como delincuentes, implantando un derecho penal que trata a los ciudadanos como enemigos, que busca tener el control de la población porque percibe a la población civil como una amenaza permanente a la gobernabilidad de las castas gobernantes. 

Las leyes y las instituciones no están diseñadas para proteger al ciudadano, por el contrario, están siendo reorientadas para defender un sistema impune y preservar los privilegios de las élites económicas. Esta perversidad gubernamental ha hecho crecer los poderes de facto vinculados con la delincuencia organizada y con los mercados ilegales, por eso se ha consolidado el imperio del crimen y el espectáculo de la violencia. 

Con instituciones débiles por ser antidemocráticas, con leyes que atentan contra los derechos fundamentales, con el Ejército que actúa impunemente y sin ningún control, con una clase política voraz y con el poder creciente de la delincuencia organizada incrustada en las estructuras del Estado, los ciudadanos y ciudadanas hemos quedado atrapados en el laberinto de un sistema violento que le hace la guerra a los hombres y mujeres  que buscan romper las murallas del autoritarismo.  

Ante esta avalancha que amenaza nuestra seguridad y nuestra misma intimidad como personas libres, nuestra sociedad se organiza para contener esta barbarie y transformar este sistema antidemocrático que para seguir sobreviviendo apela al endurecimiento de las leyes como expresión de su debilidad institucional y su agotamiento como modelo societal. La lucha por la democratización de nuestra sociedad y por la reivindicación de nuestros derechos como pueblos y como individuos, cimbra las estructuras de un sistema  político obsoleto, desenmascara sus tropelías y lo interpela para obligarlo a cumplir con sus responsabilidades constitucionales y a exigir que respete a la ciudadanía.  

Los defensores y defensoras de derechos humanos así como los comunicadores, frente a esta sismicidad política nos enfrentamos a grandes peligros y con un riesgo inminente de ser aplastados por este sistema opresor por atrevernos a transformar de raíz las estructuras de la muerte y de la injusticia.    

En Guerrero, los defensores y defensoras son vilipendiados y criminalizados por un gobierno carente de sensibilidad y compromiso con las necesidades y demandas de la clase trabajadora. A los pueblos indígenas y a sus defensores se les trata como delincuentes, a los que se atreven a alzar la voz para denunciar las violaciones a los derechos humanos se les fabrican delitos y se les encarcela. Los que ejercen sus libertades, expresan sus ideas en las calles y plazas públicas se les persigue y se les integran averiguaciones previas y se les coloca fuera de la legalidad para judicializar su movimiento. A los que se atreven a defender su territorio sus bosques y sus recursos naturales se les reprime y se busca someterlos políticamente; a los que ejercen el derecho a poseer sus propios medios de comunicación para preservar sus lenguas y sus culturas y hacer públicas sus ideas del mundo que se quiere construir, se les hostiga y se busca desmantelar su precaria infraestructura para amordazar la libertad de expresión de pueblo amuzgo. A los pueblos que se organizan para construir un sistema de justicia alternativo, que tenga como fundamento legal la matriz del derecho comunitario se les integran averiguaciones previas y se les trata como autoridades que delinquen, como ha sucedido con los compañeros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC); a las mujeres que han sabido liberarse del yugo patriarcal y de romper las cadenas del racismo y el despotismo gubernamental han demostrado ser defensoras aguerridas que con su palabra sencilla y verdadera es como una daga punzante que cercena al monstruo de mil cabezas. Su fortaleza logra desarmar a los perpetradores de la violencia de Estado; a los que se rebelan contra el olvido y exigen salud, educación, vivienda, alimentación, empleo se les ignora y se les amenaza para que desistan de su lucha; a los desheredados del Estado que se ven obligados a trabajar como jornaleros agrícolas, se les sigue tratando como esclavos y como extranjeros en su propia tierra. A los familiares de las víctimas de desaparición forzada que luchan contra el olvido y que increpan a las autoridades negligentes  se les amedrenta y se les ignora con el fin perverso de que se resignen al olvido y de que acepte la fatalidad como destino. A los que luchan contra la impunidad, contra los abusos policiacos-militares, la corrupción de las autoridades, se les detiene de manera arbitraria, se les desaparece de manera forzada y se les ejecuta de manera extrajudicial como sucedió con Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, defensores ejemplares a quienes hoy honramos en este quinceavo aniversario.     

Los defensores y defensoras de derechos humanos exigimos:

·        Castigo  a los responsables del asesinato de los compañeros Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas

·        Castigo a los responsables del asesinato de Lorenzo Fernández Ortega, integrante de la OPIM y hermano de Inés Fernández Ortega, que fue violada sexualmente por militares. 

·        Que cese la persecución, el hostigamiento y las amenazas contra los compañeros de la OPIM y OFPM y de manera especial de los defensores Cuauhtémoc Ramírez y Obtilia Eugenio Manuel.

·        Que se investigue el atentado del que fue víctima Margarita Martín de las Nieves cuando se dirigía a su comunidad y se garantice su seguridad.

·        Que cese la militarización en las regiones de Ayutla y la sierra de Coyuca de Catalán y Tlacoachistlahuaca que ha causado graves violaciones a los derechos humanos por parte de militares del Ejército.

·        Que sean las autoridades civiles las que juzguen a los soldados que asesinaron al joven naua Bonfilio Rubio Villegas en un retén militar

·        Que cese la criminalización contra las organizaciones sociales, que ejercen su derecho a la protesta.

·        Que el Estado garantice el ejercicio pleno de las libertades y se abstenga de reprimir el derecho legítimo a protestar

·        Que el Estado mexicano cumpla a cabalidad con las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los 107 defensores y defensoras del estado de Guerrero

·        Que se implemente un programa para garantizar el trabajo libre y seguro de los defensores y defensoras de derechos humanos.

·        Que se investiguen las amenazas propaladas a Rommel Cain Chacan Pale, defensor de derechos humanos de Monitor Civil de la Policía y de los cuerpos de seguridad pública en la montaña de Guerrero.

·        Que cese el hostigamiento y persecución contra Bruno Placido Valerio y se respeten sus derechos humanos.

·        La liberación inmediata del maestro Máximo Mojica, María de los Ángeles Hernández y Santiago Nazario Lezma, presos en Acapulco.   

Organizaciones firmantes: 

Autoridades comunitarias de Mini Numa- Guerrero

Asamblea Permanente del Ejido de Carrizalillo- Guerrero

Asamblea  Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) – Guerrero

Asistencia Legal (Asi-Legal)- DF

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas -Chiapas

Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota

Centro de Derechos Humanos Victoria Diez

Centro de Estudio Ecuménicos,

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (CADHAC) –Nuevo León

Consejo Ciudadano de Chilapa- Guerrero

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) – Guerrero

Comité Estudiantil de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa – Guerrero

Consejo de Jornaleros Agrícolas- Guerrero

Comité Cerezo- DF

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan – Guerrero

Centro Regional de Derechos Humanos  José María Morelos y Pavón -Guerrero

Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, desaparecidos asesinados en Guerrero

Estudiantes de la Escuela de Antropología Social de la UAG- Guerrero

Estudiantes de la Licenciatura en Desarrollo Comunitario UPN-Tlapa- Guerrero

Enlace, Comunicación y Capacitación AC

FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación – DFGuerreros Verdes- Guerrero

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia -DF

Instituto Nacional para la Seguridad y la Democracia (INSYDE)- DF

Instituto Guerrerense de Derechos Humanos AC – Guerrero

Justicia y pluralidad- UNAM DF

Monitor Civil de la Policía- Guerrero

Movimiento de Campesinos Indígenas de la Montaña- Guerrero

Organización del  Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM)- Guerrero

Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco- Guerrero

Organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OMESP) – Guerrero

Organización de Mujeres Na savi de Metlatónoc Kimitaxa – Guerrero-

Policía Comunitaria-Guerrero

Proyecto PAIR-DF

Programa de Derechos Humanos de la Universidad

Autónoma de la Ciudad de México

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos

Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos -DF

Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos – Guerrero

Ririki Intervención Social SC- DF

Radio Ñomndaa La Palabra del Agua – Guerrero

Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz)- Guerrero

Taller de Desarrollo Comunitario (TADECO)- Guerrero

Una voz para Todos- DF

Pueblos y comunidades firmantes   

Mini Numa (Metlatónoc)

Yuvinani (Metlónoc)

Ayotzinapa (Tlapa)

Chiepetepec (Tlapa)

Ojo de Agua (Malinaltepec)

San Luis (San Luis Acatlán)

Zitlaltepec (Metlatónoc)

Tixtla

Real de Limón (Cocula)

Huetetepec (Atlamajalcingo del Monte)

Metlatónoc