México Acusado de Tortura
en
El Ejército usa brutalidad para combatir el narcotráfico: Grupos de Derechos Humanos
Por Steve Fainaru y William Booth
Washington Post, Servicio Extranjero
Jueves, 9 de julio, 2009
PUERTO DE LAS OLLAS, México. El Ejército mexicano ha realizado desapariciones forzadas, actos de tortura y cateos ilegales en la búsqueda de narcotraficantes, según documentos y entrevistas con victimas, sus familias, líderes políticos y monitores de derechos humanos.
Desde las ciudades violentas de la frontera donde las drogas entran a los Estados Unidos, a las regiones remotas de la montaña donde se cosecha amapola y marihuana, habitantes y grupos de derechos humanos describen una guerra cada vez más brutal, en la que el gobierno, encabezado por el Ejército, está usando medidas severas para confrontar los cárteles que siguen aterrorizando una gran parte del país.
En Puerto de Las Ollas, un pueblo en la montaña de unos 50 habitantes en Guerrero, un estado del sur, los residentes contaron cómo soldados buscando información el mes pasado metieron agujas debajo de las uñas de un campesino discapacitado de 37 años, pinchaban la espalda de su sobrino de 13 años con una navaja, abrieron fuego contra un pastor y robaron comida, leche, ropa y medicamentos.
En Tijuana, al otro lado de la frontera de San Diego, veinticuatro policías que fueron detenidos por delitos contra la salud en marzo, alegaron que para extraer confesiones, los soldados los golpeaban, metían bolsas de plástico en sus cabezas hasta que algunos perdieron el conocimiento, sujetaban sus pies al techo y sumergían sus cabezas en agua y daban toques de electricidad, según documentos, cartas y entrevistas con sus familiares y abogados.
Los agentes estaban detenidos en una base militar durante más de un mes.
Funcionarios del gobierno mexicano reconocen que abusos han ocurrido en la guerra contra el narcotráfico, pero describen los casos como aislados. En algunas ocasiones, puede ser que los narcotraficantes estén acusando al Ejército de tortura y otras violaciones a los derechos humanos como propaganda para desviar la atención de los esfuerzos del gobierno para desmantelar sus operativos, afirman los funcionarios.
El Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, dijo “Yo sé que las fuerzas armadas no están actuando de manera inapropiada, aunque ha habido algunos casos.” Gómez Mont es el responsable de coordinar operativos de seguridad en todo México. “El gobierno lo cree de verdad, no hay ningún incentivo para cometer abusos.”
Las fuerzas de seguridad mexicanas tienen una trayectoria que da cuenta de múltiples violaciones a los derechos humanos, pero el número creciente de acusaciones de abusos parece ser una respuesta directa a la barbarie suelta por los cárteles después de que el presidente Felipe Calderón encargó la guerra contra el narcotráfico al Ejército en diciembre 2006. La mayoría de las violaciones ocurrió en regiones en donde el espectáculo de soldados y policías desmembrados es sorprendentemente común. En el estado de Michoacán, investigadores de
El gobierno de los Estados Unidos ha fomentado, y en parte, financiado, la estrategia arriesgada de Calderón de usar el Ejército para batallar contra los cárteles que manejan un 90 por ciento de toda la cocaína que entra en los EEUU. Oficiales estadounidenses dicen que Calderón ha iniciado reformas que a su parecer aumentaran a largo plazo el respeto a los derechos humanos entre soldados y policías.
Sin embargo los oficiales estadounidenses avisan que acusaciones de abusos pueden resultar en la retención de más de $100 millones en asistencia contra el narcotráfico por parte del Congreso.
Los casos en Puerto de las Ollas y Tijuana están siendo investigados por
“Lo que pasa es que el Ejército lleva (acusados) a sus bases- y por supuesto una base militar no es un lugar para detener personas acusadas de haber cometido un delito- empiezan a hacer preguntas,” dijo Mauricio Ibarra, quien supervisa las investigaciones de
México Acusado de Tortura en
Ibarra dijo que médicos del Ejército encubrieron algunos casos de tortura, omitiendo pruebas físicas de informes médicos, antes de entregar los acusados a las autoridades civiles.
En una entrevista, Gómez Mont dijo que el Ejército está investigando 15 casos de presuntos abusos y en uno de ellos ha formulado cargos en contra de un agente y cuatro soldados. Dijo que no tenía información para identificar los casos. Gómez Mont dijo que el Ejército está investigando los sucesos en Puerto de Ollas, pero no ha encontrado ninguna prueba para corroborar las acusaciones de tortura por policías y sus familias en Tijuana.
Bajo
El informe Mérida del Departamento del Estado se entregará al Congreso en una semana, según un funcionario estadounidense que está participando en el proceso. El funcionario describió a la trayectoria de México en materia de derechos humanos como “una mezcla de avances y retrocesos” y dijo que aun no está claro si el informe será suficiente para satisfacer las condiciones y ceder el dinero.
“Esta es la parte más difícil” de Mérida, dijo el funcionario.
No se puede soltar por lo menos $90.7 millones asignados a México para combatir el narcotráfico si el congreso no acepta los hallazgos del Departamento del Estado. Otros $24 millones están sujetos a las condiciones en materia de derechos humanos de Mérida dentro del paquete de presupuesto suplementario que firmó el presidente Obama el 24 de junio. Una parte del financiamiento de Mérida es para equipo para realizar inspecciones, la formación de policías y apoyo para el Ejército mexicano.
Con el gobierno mexicano y gobernadores de los estados EEUU de la frontera reclamando más asistencia- 769 mexicanos se murieron en junio como resultado de la violencia que genera el narcotráfico- uno de los peores meses desde que Calderón tomó posesión de su cargo en 2006- el Departamento del Estado espera que el Congreso liberará los fondos a pesar de las preocupaciones con respecto a los derechos humanos, según el funcionario estadounidense que expresó frustración porque el gobierno mexicano no ha provisto más información sobre el progreso del Ejército, incluyendo el número de casos de violaciones a los derechos humanos que han sido sancionados.
“El sistema de justicia militar en México es muy opaco; es difícil conseguir información sobre cuántos casos hay y si los responsables han sido castigados” dijo el funcionario, quien pidió anonimato por la sensibilidad del asunto.
El gobierno mexicano está inconforme con las condiciones de derechos humanos incluidas en el acuerdo Mérida, desde hace mucho tiempo, y funcionarios estadounidenses esperan una reacción violenta si el Congreso niega liberar los fondos. Muchas activistas de derechos humanos en México no apoyan las condiciones, ya que fueron impuestas por el gobierno del EEUU que ha sido acusado de torturar presos en Irak, Afganistán,
“De verdad, requiere mucho cinismo, mucha hipocresía, para que digan los EEUU que les daremos el dinero para luchar contra el narcotráfico mientras respeten a los derechos humanos”, dijo José Raymundo Díaz Taboada, el director del Colectivo Contra
Al mismo tiempo, grupos de derechos humanos han presionado al gobierno de los EEUU para que den un mensaje claro al retener el dinero. Una carta de un consorcio de organizaciones estadounidenses y mexicanas que enviaron al Departamento del Estado en enero concluyó: “las autoridades mexicanas no han cumplido con los requisitos de derechos humanos incorporados en
México Acusado de Tortura en
“No se puede simplemente escribir un cheque en blanco,” dijo Abel Barrera, el director de Tlachinollan; uno de los grupos de derechos humanos mas destacados en México. “Son los ciudadanos que acaban sufriendo. Este tipo de programas sólo fomenta la impunidad.”
Acusados de Conexiones al Narcotráfico
Con casi 45,000 tropas desplegadas en México y en la frontera, el Ejército ha sido involucrado en un conflicto de baja intensidad en el cual los cárteles han cometido actos cada vez más horrorosos de brutalidad. De los 12,050 personas asesinadas por narcoviolencia desde el principio de la administración de Calderón hasta junio, 973 fueron policías y 72 soldados, según Milenio, una red mediática que documenta el numero de victimas.
En muchas de las regiones de mayor conflicto, el Ejército ha respondido con cateos ilegales a casas privadas, detenciones de acusados quienes mantienen en sus bases militares en violación a la ley mexicana, según líderes políticos, habitantes y monitores de derechos humanos. En Ciudad Juárez, un foco rojo de narcoviolencia al otro lado de la frontera de El Paso,
El marzo pasado en Tijuana, el Ejército, con la ayuda de un capitán de la policía local- un coronel jubilado del Ejército- detuvo a 25 policías que presuntamente tienen conexiones con los traficantes. Salvador Guerrero Flores, un agente de la aduana, dijo en una entrevista que recibió una llamada de un defensor público que dijo que había visto que detuvieron a su hermano Manuel; lo tenían preso en la base del 28 Batallón Militar y que “estaba muy golpeado.”
Guerrero dijo que el Ejército tardo cuatro días en confesar que había detenido a su hermano. Cuando por fin lo vio, dijo que su hermano estaba lleno de moretones. Después le contó a Guerrero que los soldados lo habían golpeado cuatro veces y lo asfixiaron con una bolsa de plástico hasta que perdió el conocimiento.
“Dijo que perdió el conocimiento dos veces y lo inyectaron con algo para revivirlo” afirmó Guerrero. “No sabia que era.”
En una declaración que Manuel Guerrero dio a las autoridades mientras era preso del Ejército le preguntaron si le habían torturado.
“Si, pero no deseo detallar las acciones que he sufrido en esta base porque sigo en su custodia,” respondió según documentos legales.
Su condición física fue descrito en esta declaración: “El sujeto Manuel Guerrero Flores, muestra múltiples contusiones rojas, rasguños paralelos que se extiendan de ambos sobacos, hinchazón severo en ambos tobillos y muñecas, hinchazón en su dedo anillar de la mano izquierda, y el dedo índice de la mano derecha, da impresión de una aguja que parece ser sangre en la parte de arriba de su nalga derecha.”
Irrumpiendo en
En el estado de Guerrero, el Ejercito empezó una ofensiva en diciembre, después de que narcotraficantes secuestraron a nueve soldados y dejaron sus cabezas cortadas en el estacionamiento de Sam’s Club en Chilpancingo, la capital del estado.
El 9 de junio, al otro lado del estado, soldados irrumpieron en el pueblo de Puerto de las Ollas, ubicado en la montaña en medio de una de las regiones más fértiles para el cultivo de amapola y marihuana en el estado. Esta zona también es la tierra del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, una organización guerrillera que el gobierno ha acusado de tener conexiones con los narcotraficantes. Este grupo rechaza la acusación.
La comunidad consiste en 10 casitas de madera con pisos de tierra y techos de lámina. Guajolotes, pollos, perros y niños ocupan el camino lodoso que conecta los hogares humildes. Habitantes dicen que no tienen ninguna relación ni con los narcotraficantes ni con las guerrillas.
Los soldados llegaron en tres Humvees a mediados de la mañana, según habitantes. Empuñando rifles G-3, abrieron fuego contra la comunidad, dicen residentes, que posteriormente coleccionaron docenas de cascos de las balas de
Dice Gómez Mont que un soldado fue herido mientras avanzaban las tropas. Los residentes dicen que no hubo disparos del pueblo
Cuando llegaron los soldados encontraron a Jaime César Acosta, un campesino que cultiva maíz de 37 años, que no podía correr por los efectos de una enfermedad que sufrió en su niñez. Después de bajar de su burro, Acosta dice que los soldados lo agarraron, lo metieron al lado de uno de sus camionetas y apuntaron a su cabeza con un rifle y colocaron una navaja larga en su barbilla, amenazando con violar y matarlo si no proveía información útil.
Acosta afirma que cuando dijo a los soldados que no sabía nada, lo golpearon con sus puños. Uno le agarró del brazo y empezó a sacar los pelos, dijo. Otro tomó un instrumento que parecía una aguja y lo metió repetidamente debajo de sus uñas mientras gritaba.
“Uno me preguntó si estaba preparado para morirme,” dijo Acosta. “Le dije, no, si el Señor está esperándome, así lo desea.”
Dijo que un soldado agarró una maleta y la usó para golpearle la cabeza.
El sobrino de Acosta, de 13 años, Omar García, estaba cerca cuando llegaron los soldados. Dijo que lo obligaron a quitar sus botas negras, que eran estilo-militar y por lo cual, ilegal. El niño puso sus chanclas. “Luego me empezaron a golpear y pisaban mi dedos de pie con sus botas,” dijo.
Un soldado tomó una navaja larga, dijo, y lo picó en la base de la espalda repetidamente y amenazó con matarlo si no proveía información sobre los hombres que huyeron al monte y otros “hombre armados” en la región.
Los soldados liberaron a Acosta y su sobrino después de cuatro o cinco horas, dijeron. Sin embargo, el Ejército, apoyado por refuerzos, siguió ocupando Puerto de las Ollas y Las Palancas, un pueblo de solo dos casas a unos dos kilómetros de distancia.
El Padre, Lino Rauda, 53 años, el pastor de Las Palancas, dijo que al principio no estaba preocupado por la presencia de los soldados que se congregaron en un campo a unos
Rauda volteó par a ver dos soldados que lo estaban apuntando con sus rifles.
“Pensé enseguida, me van a disparar,” dijo. Se tiró al suelo y seis balas volaron sobre su cabeza. Rauda dijo que se huyó al monte con los soldados persiguiéndolo, disparando atrás de el.
Dos semanas después, mientras un periodista del Washington Post entrevistaba a la gente en Puerto de las Ollas, se escuchó el ruido de un motor en el camino. Al escucharlo una mujer grito:
“¡Hombres, escuchen! ¡Un carro! ¡Un carro!”
Media docena de hombres corrieron de repente a todos lados, desapareciendo entre los árboles.
Finalmente, el vehículo apareció; una camioneta amarilla, y bajaron dos hombres. Eran investigadores de
Investigadora del Washington Post en Washington, Julie Tate, contribuyó a este reportaje.