San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
14 de agosto de 2009
Boletín No. 28
 

 La SCJN libera a 20 paramilitares y está por liberar a otros 31

 La SCJN cómplice del crimen de Estado: oculta la verdad y perpetúa

la injusticia.

La decisión de la SCJN favorece la impunidad y pone en riego la
vida, integridad y seguridad personal de los sobrevivientes de la
Masacre de Acteal
Este Centro de Derechos Humanos, manifiesta su repudio y su
preocupación por la decisión que el pasado 12 de agosto tomaron los
ministros de la Primera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN): José de Jesús Gudiño Pelayo, José Ramón Cossio Díaz,
Juan Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, votando a
favor de amparar y conceder la libertad de 20 paramilitares
perpetradores de la Masacre de Acteal y repusieron el procedimiento de
6, dejando pendiente de resolver sobre 31 personas.
Generan dudas la obvia contradicción del ministro Sergio A. Valls
Hernández al votar en contra de la liberación de los autores
materiales, siendo el responsable de atraer el caso a la SCJN,
promovido por abogados del CIDE a favor de los 57 paramilitares cuyo
resultado deja en plena impunidad el crimen de lesa humanidad y
constituye un retroceso del escaso avance concerniente en castigar a
los perpetradores materiales de la masacre.
Durante la deliberación de este acto vergonzoso, los ministros de la
SCJN dieron instrucciones de no permitir el acceso a la audiencia
pública a las personas sobrevivientes y familiares de las víctimas de
la Masacre de Acteal, siendo los agraviados directos, lo que generó
indignación y molestia, por lo que tomaron el acuerdo de bloquear la
calle Pino Suárez en protesta, mientras se llevó a cabo la audiencia.
Consideraciones:
 

De nueva cuenta la SCJN emite un fallo en contra de los derechos
humanos, la verdad y la justicia tal como han sido las resoluciones en
los casos de Atenco, Represión en Oaxaca, la Guerra Sucia y Lidya Cacho.

 La SCJN emitió un juicio sobre la forma en que se desarrollaron los
procedimientos penales y se pregona como un hecho ?histórico
trascendente para la justicia mexicana? siendo que en vez de abonar a
una justicia verdadera que fortalezca el ?estado de derecho?, se optó
por la liberación de paramilitares, quienes fueron y son identificados
plenamente como autores materiales por las personas sobrevivientes y
testigos directos del crimen de lesa humanidad.

 La SCJN no actuó con la debida seriedad que merece el caso. Omitió
valorar en cuanto al principio de ponderación sobre las violaciones de
derechos humanos y de las garantías fundamentales de los
sobrevivientes, victimas y familiares. Priorizó la valoración de los
requisitos de forma sin indagar en el fondo del caso y sin llevar
acabo una profunda argumentación jurídica dentro de la audiencia
pública, frivolizando un caso tan grave y ominoso como es la Masacre
de Acteal.

 Con esta acción la SCJN se convierte en un perpetrador más de la
Masacre de Acteal asumiendo su papel en la estrategia de
contrainsurgencia en el marco del conflicto armado no resuelto en
Chiapas, dando pie a la tergiversación de los hechos sucedidos el 22
de diciembre de 1997.

 La resolución adoptada por la SCJN profundiza el deterioro de las
instituciones del Estado que deberían garantizar el acceso a la
justicia y las medidas no repetición, ya que fomenta la impunidad, al
ser utilizadas para favorecer grupos de los poderes fácticos que han
trabajado y trabajan para sepultar un crimen de Estado y a sus autores
intelectuales, documentado por este Centro y por diversas
organizaciones locales, nacionales e internacionales.
? Por la decisión tomada, la SCJN será responsable de los riesgos a la
vida, integridad y seguridad personal, que coloca actualmente a las
personas sobrevivientes, familiares, testigos y pobladores de las
comunidades de Chenalhó.
Hacemos un llamado a la sociedad civil, a no permitir que la impunidad
y los intereses contrainsurgentes de los sucesivos gobiernos escriban
la historia. A pronunciar públicamente su inconformidad sobre la
decisión vergonzosa de la SCJN y a exigir al gobierno mexicano que
garantice la vida, la seguridad e integridad personal de los
sobrevivientes y testigos de la Masacre de Acteal.