Advierte la Comisión de Asuntos Indígenas de San Lázaro sobre retorno de paramilitares 

La resolución sobre Acteal

puede reactivar la violencia

en Chiapas 

Critica la intervención del CIDE, pues no conoce la realidad en la que viven las comunidades 

Enrique Méndez y Elio Henríquez 

 

La Jornada 

 

La Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados advirtió que la liberación de indígenas acusados de perpetrar la matanza en Acteal, y el eventual regreso a sus comunidades, podría reavivar la violencia en esa zona de Chiapas, así como el retorno a la vía armada y a la proliferación de los grupos paramilitares. 

La comisión cuestionó la intervención del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en la defensa de los sentenciados por el asesinato de indígenas, y resaltó que los especialistas no conocen la realidad en la que viven las comunidades. 

El presidente de la comisión, Marcos Matías Alonso, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), afirmó que la resolución de los ministros de la Corte, que ordenaron la liberación de tzotziles acusados de la muerte de indígenas en Acteal en 1997, abre la puerta a la violencia y de no tomar medidas pertinentes se podría repetir un enfrentamiento. 

Hasta ahora, dijo, se había superado el caos que se vivió en la zona con el surgimiento de grupos paramilitares, por lo que el fallo no sólo es controvertido, sino que no ayuda a nadie y complicará la situación ya de por sí difícil en el estado de Chiapas. 

Enviarán carta a Sabines 

El legislador por Guerrero sostuvo que en esa entidad persiste una situación de alarma por las implicaciones de la decision de la Suprema Corte, y anunció que enviará una carta a Los Pinos y al gobernador de Chiapas, Juan Sabines, para que se tomen las medidas preventivas mínimas, tanto para la gente que está en Acteal como para la que está saliendo de la cárcel, para que no volvamos a vivir otro episodio lamentable. 

La situación, expuso, es tensa, porque los indígenas liberados no están muy seguros de regresar a su comunidad, mientras quienes aún viven en la región tienen pavor porque creen que van a vengarse y los que salen piensan que los van a recibir a balazos. 

Por ello, evaluó, la decisión de la Corte no contribuye a construir un clima de paz, y lo que se anticipa es el resurgimiento de un brote armado ante esta sicosis comunitaria en toda la región del sureste de Chiapas, porque hay angustia debido a que las personas que fueron liberadas tampoco están tranquilas y además ha proliferado la delincuencia organizada y ahora se abre la puerta a los paramilitares.

Matías Alonso consideró que, ante ese panorama, se configura un escenario en el que la Corte no abona a las buenas relaciones sociales y políticas del país, por lo que propuso revisar los alcances jurídicos de sus decisiones que, acusó, son tomadas con gran arrogancia, pero la historia ha demostrado que esas resoluciones no siempre ayudarán a la gobernabilidad en el país. 

Que no vuelvan: Arizmendi 

Por otra parte, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el obispo de la diócesis local, Felipe Arizmendi Esquivel, apoyó totalmente la propuesta del gobernador Juan Sabines Guerrero de que no vuelvan a Chenalhó los 20 indígenas liberados el pasado jueves, tras el fallo de la Suprema Corte que los exoneró de estar implicados en la matanza de 45 tzotziles en Acteal, el 22 de diciembre de 1997. 

Algunos pudieran ser inocentes, pero su regreso puede incentivar nuevas reacciones violentas de unos contra otros, y aunque los sentimientos son de no más violencia, las circunstancias en cualquier momento podrían generar venganzas, ya que en la vida ordinaria y al calor de algunas copas fácilmente se exacerban los ánimos, argumentó el prelado en conferencia de prensa, tras oficiar la misa dominical en esta cabecera municipal. 

Arizmendi Esquivel llamó a todos los involucrados a evitar la violencia, pues aunque no estemos de acuerdo con la resolución de la Suprema Corte, una injusticia no se remedia con más injusticia. Consideró, empero, que deben buscarse mecanismos para “comprobar nuevamente si algunos de los 20 indígenas liberados son culpables, y en tal caso reiniciar el proceso. 

Si las pruebas presentadas no fueron suficientes, hay que hacer trabajo jurídico más que mediático, instó el religioso, aun cuando los familiares de las víctimas dicen que han insistido, pero las autoridades no les hacen mucho caso y sí los cansan de ir y venir.