Articulista invitado:
Kate Doyle*

Mientras los mexicanos debaten sobre el dictamen de la Suprema Corte de la semana pasada, anulando la condena de 20 hombres por la masacre de Acteal, documentos recién desclasificados de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA según sus siglas en inglés) de EU describen el papel del Ejército en el apoyo a los grupos paramilitares en Chiapas, en el momento de los asesinatos. Los cables secretos confirman los reportes sobre el apoyo militar a los grupos indígenas armados que llevaron a cabo ataques contra comunidades pro zapatistas de la región y añaden importantes detalles nuevos. También reviven un asunto que ha estado latente por casi 12 años: ¿cuándo dirá la Sedena la verdad sobre su papel en Acteal?

Desde el ataque brutal del 22 de diciembre de 1997, el gobierno mexicano ha ofrecido múltiples versiones de la participación militar en la zona conflictiva de Chiapas alrededor de Acteal. El problema es que los relatos han sido o incompletos o falsos. Lo más importante sobre los documentos de la DIA contradice directamente la historia oficial sobre la masacre relatada por el gobierno del entonces presidente, Ernesto Zedillo. En el reporte emitido por el procurador general Jorge Madrazo en 1998, Libro blanco sobre Acteal, el gobierno afirmó que “la Procuraduría de la República ha documentado la existencia de grupos civiles armados en el municipio de Chenalhó, no organizados, articulados, entrenados ni financiados por el Ejército Mexicano ni por otras instancias gubernamentales, sino que su gestación y organización responde a una lógica interna determinada por la confrontación, entre las comunidades y dentro de las comunidades, con las bases de apoyo zapatistas.” (pág. 32, énfasis agregado).

Pero en un telegrama enviado a la sede de la DIA en Washington el 4 de mayo de 1999, la Oficina del Agregado de Defensa de Estados Unidos en México señala el “apoyo directo” del Ejército a grupos armados en las áreas montañosas de Chiapas, donde tuvieron lugar las matanzas. El documento describe una red clandestina de “equipos humanos de inteligencia” creados a mediados de 1994 con la aprobación del entonces presidente, Carlos Salinas, que trabajaban dentro de las comunidades indígenas para recabar información de inteligencia de los “simpatizantes” zapatistas. A fin de promover a los grupos armados anti zapatistas, los equipos daban “entrenamiento y protección contra los arrestos por parte de las agencias del cumplimiento de la ley y unidades militares que patrullan la región”.

Aunque el cable fue escrito en 1999, el agregado tuvo cuidado en señalar que los oficiales de inteligencia del ejército estaban supervisando a los grupos armados en diciembre de 1997. El documento ofrece detalles nunca antes mencionados en las numerosas declaraciones del ejército mexicano posteriores al ataque. Los equipos de inteligencia humana, explica la Oficina del Agregado de Defensa, “estaban compuestos primariamente por oficiales jóvenes con rango de capitán segundo y primero, al igual que por algunos sargentos selectos que hablaban los dialectos de la región. Los equipos Humint estaban compuestos por entre tres y cuatro personas, a quienes se les asignaba a cubrir comunidades selectas por un periodo de tres o cuatro meses. Después de tres meses, los oficiales miembros eran rotados a una comunidad diferente en Chiapas. La preocupación por la seguridad de los equipos era la razón más importante para la rotación de éstos cada tres meses”.

La Agencia de Inteligencia de Defensa dio a conocer los documentos al Archivo Nacional de Seguridad en 2008, en respuesta a un pedido bajo el Acto de Libertad de Información. (Una apelación para obtener registros adicionales todavía está pendiente.) La información fue compilada por los representantes de la agencia en México, funcionarios del agregado de defensa cuya tarea primaria es recabar inteligencia sobre las fuerzas armadas mexicanas y enviarla a la sede en Washington para su análisis. Este análisis es utilizado luego por el gobierno a fin de ayudar a elaborar políticas de seguridad nacional en México. La agencia es los ojos y oídos del secretario de defensa de EU en el exterior: piense en ella como en la CIA del Pentágono.

Así, la “lógica interna” resulta ser de la Sedena, en la forma de una estrategia de contrainsurgencia cuidadosamente planeada que combinó programas de acción cívica —frecuentemente anunciados por la Secretaría de Defensa en declaraciones a la prensa— con operaciones de inteligencia secreta diseñadas para fortalecer a los paramilitares y provocar el conflicto en contra de los partidarios del EZLN.

En los casi 12 años que han pasado desde la masacre, grupos de derechos humanos, periodistas e investigadores han podido desenterrar un puñado de hechos verdaderos sobre la matanza en Acteal, pero sin la ayuda de la transparencia oficial. Los pedidos de información gubernamental hechos a través de InfoMex —tales como el presentado ante el Archivo Nacional de Seguridad el año pasado— sólo encontraron el silencio. La PGR envía al solicitante a la biblioteca para que encuentre su reporte de 1998. Gobernación responde con una copia del comunicado público que emitió la agencia cinco días después de la masacre que resume las “Acciones Emprendidas” en el caso Acteal. El centro de inteligencia del país responde que no tiene control sobre lo que deben ser archivos militares y, por consiguiente, no tiene documentos. ¿Y Sedena? “Después de haber realizado una minuciosa búsqueda en los archivos de esta Secretaría,” escribe la institución al Archivo Nacional de Seguridad, énfasis agregado, “no se localizó la información que solicita.”

Tal vez todavía más inquietante que la supuesta inexistencia de documentos en la Sedena es la respuesta de la Presidencia a los pedidos sobre Acteal. La oficina del presidente Felipe Calderón le dijo a esta solicitante que buscara en los Archivos Presidenciales del Archivo General de la Nación los documentos relevantes de la masacre. Así lo hicimos. Encontramos muchos. Todos estaban ubicados en la sección “Archivo Improcedente”, donde cartas, telegramas y otras formas de denuncias de los ciudadanos mexicanos han languidecido por años sin recibir respuesta. Las comunicaciones que llegaron después del 22 de diciembre de 1997, procedentes de todos los estados de México, al igual que de los grupos internacionales de derechos humanos y de instituciones académicas, contienen expresiones de enojo, desesperación y condena al ataque. También incluyen acusaciones específicas hechas por los residentes de Chiapas sobre incidentes de violencia, cortes de energía y despojo de tierras: todos indicios para que el gobierno inicie una mayor investigación sobre el conflicto que está destruyendo a la región.

Los clamores de atención enviados al mando más alto no recibieron respuesta. Fueron rutinariamente archivados en los archivos improcedentes y pueden ser revisados en el presente por cualquier investigador que se interese en buscar en los Archivos Generales de la Nación.

Hasta que la administración actual decida honrar su obligación de informar a sus ciudadanos sobre la verdad de la masacre de 1997, el clamor del pueblo por los hechos permanecerá perdido en los archivos improcedentes.

Y a nosotros sólo nos queda recurrir a los gringos en busca de información sobre el ejército mexicano y Acteal.

*Analista y directora del Proyecto México en el Archivo de Seguridad Nacional (sitio web: www.nsarchibe.org), con sede en Washington.