El 12 de agosto pasado, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó amparo a 26 indígenas encarcelados desde hace más de 11 años y sentenciados por la matanza de 45 indígenas, que el 22 de diciembre de 1997 fueron asesinados en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó (Altos de Chiapas). 20 de ellos fueron excarcelados, en las primeras horas del día siguiente, mientras que los seis restantes obtuvieron que se les repusiera el procedimiento jurídico que los condenó. Restan 31 casos que deberán ser analizados por la SCJN en una sesión futura, pudiéndose arribar a una resolución semejante.
Con cuatro votos a favor y uno en contra, los ministros de la Primera Sala tomaron su decisión argumentando que las sentencias se basaron en pruebas obtenidas de manera ilegal y en testimonios fabricados por la Procuraduría General de la República (PGR). Recalcaron que no se había respetado el derecho de estos presos a un debido proceso y a una defensa adecuada.
Los ministros que votaron a favor, ven en esta decisión un avance contundente en contra de la impunidad y a favor del fortalecimiento del Estado de derecho en México. Por ejemplo, según lo expresado por el ministro Juan Silva Meza, la decisión de la Corte fue una buena oportunidad para enviar un claro mensaje a las autoridades encargadas de combatir los delitos, en el sentido de que deben respetar escrupulosamente el derecho constitucional y, por lo mismo, los derechos humanos; además de que deben contribuir a terminar con este tipo de procesos excesivamente extensos, que han mantenido indebidamente a gente en prisión.
Los defensores de los presos, integrantes del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) subrayaron el carácter paradigmático del caso ya que en voz de José Antonio Caballero en el periódico “El Universal”: «… las afectaciones sufridas por los indígenas que defendemos no son excepcionales. Por el contrario, son muy frecuentes en los procesos penales que se desarrollan en nuestro país».
Po otro lado, la Organización Civil Las Abejas (a las que pertenecían las víctimas en el caso de Acteal), denunciaba frente a esta decisión: “Con la máquina de la injusticia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos transportó casi doce años atrás. Lo poco que se había logrado en la justicia de Acteal, la SCJN hace pocos días lo ha convertido en impunidad”.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) responsable de la defensa de las Abejas alertaba a su vez: “La SCJN emitió un juicio sobre la forma en que se desarrollaron los procedimientos penales y se pregona como un hecho “histórico trascendente para la justicia mexicana” siendo que en vez de abonar a una justicia verdadera que fortalezca el “Estado de derecho”, se optó por la liberación de paramilitares, quienes fueron y son identificados plenamente como autores materiales por las personas sobrevivientes y testigos directos del crimen de lesa humanidad”. Recalcaba además: “La resolución adoptada por la SCJN “profundiza el deterioro de las instituciones del Estado que deberían garantizar el acceso a la justicia y las medidas no repetición, ya que fomenta la impunidad, al ser utilizadas para favorecer grupos de los poderes fácticos que han trabajado y trabajan para sepultar un crimen de Estado y a sus autores intelectuales, documentado por este Centro y por diversas organizaciones locales, nacionales e internacionales”.(Comunicado del 15 de agosto de 2009).
Un lector (sobre todo desde fuera de México), podría preguntarse cómo un mismo hecho puede desencadenar percepciones tan contradictorias.
Situación previa a la resolución
El 22 de diciembre de 1997, en Acteal, se perpetró una masacre en la que perdieron la vida 45 indígenas tsotsiles (16 niñ@s, 20 mujeres de las que 4 se encontraban embarazadas y 9 hombres) pertenecientes a la Organización “Sociedad Civil Las Abejas”, asesinados por un grupo de civiles armados mientras oraban por la paz en la ermita de la comunidad. La investigación por parte de la PGR resultó en condenas contra 83 indígenas de comunidades vecinas considerados como autores materiales que participaron directamente en el ataque. El CIDE asumió la defensa de 57 de ellos. Por otro lado, 14 funcionarios menores cumplieron sentencias de entre tres y ocho años de cárcel por homicidio y lesiones por omisión o por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. A cambio, funcionarios de más alto rango y miembros del Ejército nunca han rendido cuenta por su posible implicación en el caso.
En cuanto a los autores materiales, el CDHFBC en un comunicado previo a la resolución de la SCJN subrayaba : “Hay que recordar que el lugar en donde sucedió la Masacre era un campamento de desplazados, las personas que ahí se encontraban huían de la violencia paramilitar en la zona; de ello hay denuncias y documentación previas a la masacre, personas que tuvieron que salir de su comunidad por que fueron amenazadas con ser asesinadas, muchas de ellas fueron agredidas físicamente y sus viviendas fueron quemadas y saqueadas por personas de su comunidad, incluso por familiares suyos que, manipulados por agentes del ejército, conformaron el grupo paramilitar que posteriormente cometiera la Masacre de Acteal. De ahí que exista pleno reconocimiento de la identidad de los participantes en los hechos”. Alertaba que con “argumentos de “faltas al debido proceso” (la SCJN) omite valorar el testimonio de los testigos de la masacre que señalan responsabilidades claras”.
Según el CIDE, existen cinco acusados confesos que señalan el nombre y apellido de otros cuatro indígenas que permanecen libres. Afirma que no se ha logrado demostrar la culpabilidad del resto de los presos.
¿Una decisión que marca un avance jurídico?
En términos estrictamente legales, la resolución de la SCJN es irreprochable, y podría tomarse como un mensaje significativo hacia las tan señaladas fallas estructurales del aparato de justicia, y a la lacra que constituye la impunidad en México. Se basa en la presunción de inocencia y en principios del “debido proceso” que debería imposibilitar que una prueba acusatoria obtenida de manera ilícita pueda ser usada en un juicio. El ministro José Ramón Cossío explicaba: «para la Sala las razones jurídicas son las únicas que cuentan… Esto es, si para emitir una sentencia penal pudieran contar razones no jurídicas, entonces contaría cualquier regla, la del más fuerte».
Cabe aclarar en todo caso que la Suprema Corte no determinó que los excarcelados fueran inocentes sino que, en palabras de uno de sus ministros: «Lo que se determina es que a los quejosos no se les siguió un debido proceso, lo cual no equivale a un pronunciamiento sobre si son o no inocentes». Frente a este hecho, varias voces han denunciado el desfase que se puede dar entre una respuesta jurídica inobjetable, por un lado, y la demanda de justicia para el caso, por otro.
Aunque la resolución signifique un avance “formal”, quedarían aún así dos grandes vacíos en términos de impunidad: por un lado, aunque la resolución se tomó al afirmar que la investigación llevada a cabo por la PGR en el caso de Acteal fue deficiente e ilegal, no queda en claro qué tipo de seguimiento se podrá dar frente a la posibilidad de que se hubieran cometido delitos por parte del Ministerio Público en la integración inicial del caso. Por otro lado, si los excarcelados son culpables, cumplieron con un tercio de la pena que habían recibido; y si no lo son, contradiciendo la clara identificación de los sobrevivientes y de los familiares de las víctimas, deja abierta la pregunta de quiénes entonces cometieron la masacre.
Una decisión cuestionada desde el contexto político histórico
Muchos analistas y centro de derechos humanos han cuestionado la resolución de la SCJN al no tomar en cuenta el contexto en el que ocurrió la masacre de Acteal y la guerra que sigue en curso en el estado de Chiapas. Afirman que la reapertura del caso apunta a reescribir la historia para sostener la tesis de que lo ocurrido en Acteal fue un enfrentamiento entre indígenas y no un crimen de Estado, buscando mantener en la impunidad a los autores intelectuales en los hechos.
En un informe publicado en el marco del Décimo Aniversario de la masacre (Impunidad y responsabilidad de las autoridades públicas en el caso Acteal), SIPAZ explicaba: “No se puede eludir hablar del contexto que prevalecía en el estado de Chiapas en el momento de la masacre, tratándola como si hubiera sido un incidente aislado. Desde 1995 y mientras se desarrollaban los diálogos en San Andrés, tanto el EZLN como varias organizaciones de la sociedad civil empezaron a denunciar la aplicación paralela por parte del Estado de una estrategia contrainsurgente en la zona Nortede Chiapas (con la promoción y protección del grupo “Paz y Justicia”, provocando el desplazamiento de miles de personas, así como más de 100 desapariciones y asesinatos). Meses después esta estrategia se fue desplegando hacia las zonas Altos y Selva, asumiendo cada vez más características de una “guerra de baja intensidad”. El gobierno parecía apostar por la posibilidad de que el EZLN perdiera el apoyo del que se beneficiaba tanto a nivel local, nacional e internacional a través de una guerra prolongada de desgaste con dimensiones políticas, militares, económicas, jurídicas e informativas”.
Respaldando lo que han venido denunciando los organismos de derechos humanos por más de una década, salieron a la luz pública en agosto documentos oficiales estadounidenses recién desclasificados por el Archivo Nacional de Seguridad (National Security Archive), indicando el apoyo directo del Ejército Mexicano a paramilitares en el contexto de la guerra de contrainsurgencia contra las bases zapatistas en Chiapas. La Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos (DIA), instancia del Pentágono, afirmó que grupos paramilitares “estaban bajo la supervisión de la inteligencia militar mexicana durante las fechas en que se perpetró la matanza en Acteal, ya con Ernesto Zedillo como titular del Ejecutivo” y con “autorización presidencial”.
Preocupaciones presentes y a futuro
En los días posteriores a la resolución, Amnistía Internacional instó a las autoridades mexicanas a que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas, con todas las garantías necesarias para que se establezca la verdad y las responsabilidades a todos los niveles, incluyendo a funcionarios de alto rango y miembros del ejército sospechosos de estar implicados en la masacre por omisión o por su aquiescencia y alertaba: “Sin justicia, se está condenando a la comunidad al peligro de más violencia.”
En el marco de su visita a Acteal el 17 de agosto, el Representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, afirmó “Una de las consecuencias de que las autoridades de procuración e impartición de justicia hayan vulnerado derechos procesales (…) es que se corre el riesgo de que el caso de la masacre de Acteal quede impune, lo cual es inadmisible”. Igualmente exhortó a las autoridades mexicanas “para que se realice una investigación minuciosa, independiente e imparcial; se garantice el derecho individual y colectivo a conocer la verdad acerca de las circunstancias en las que se cometió la masacre; y se tomen las medidas para que los familiares de las víctimas obtengan una reparación conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo la adopción de medidas de no repetición”. De igual modo expresó su preocupación “por la posibilidad de que la situación de riesgo en la zona pueda recrudecerse y, por lo tanto, hago un llamado a las autoridades estatales para reforzar las medidas necesarias a fin de garantizar la vida y la integridad de las personas pobladoras de la zona”.
En un comunicado que las Abejas leyeron en el marco de la visita de Brunori, le plantearon “Hemos manifestado nuestra preocupación por la garantía de nuestras vidas e integridad física, como testigos recordamos que cuando llegábamos a hacer careos con los paramilitares en el reclusorio, nos amenazaban que cuando salieran libres iban a ajustar cuentas contra nosotros. Pero sabemos que las medidas de seguridad acostumbrado a dar el gobierno, son los policías y militares, y esas corporaciones son un peligro para nuestras comunidades y sobre todo para las mujeres. Lo viable es que se puedan mandar observadores de derechos humanos nacionales e internacionales. De ninguna manera aceptaríamos gente del gobierno, porque por experiencia, sabemos que sólo vienen a observarnos y sacar información sobre nuestra organización y lucha y luego planean estrategias para dividirnos y desarticular nuestras comunidades”.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas ya afirmaba antes de la resolución: “El fallo de la Corte, pone en riesgo inminente a los sobrevivientes y familiares de las víctimas de Acteal que los denunciaron, pondrá en riesgo la paz social en la región. No hay que olvidar que en las comunidades de Chenalhó, señaladas como participes de la acción contrainsurgente, aún están las armas con que se cometió la Masacre de Acteal, por lo tanto la liberación de los paramilitares hoy presos, posibilita el reagrupamiento y la reactivación de las acciones de estos grupos en Chiapas”.
Demostrando cierto realismo político, el gobierno de Chiapas ha buscado prevenir el regreso de los excarcelados a Chenalhó para evitar confrontaciones y agresiones, ofreciéndoles tierras, vivienda y trabajo. Las Abejas denunciaron el carácter por lo menos limitado de la medida de contención señalando: “Vemos que después de la liberación de los paramilitares se empiezan a revelar y se están aclarando muchas cosas, como la acción del gobierno de Juan Sabines que va a apoyar a los asesinos libres, para que puedan vivir en la “gloria”. Nosotros los sobrevivientes de Acteal con esta acción lo resumimos, “¿si quieres regalos, bonos para viviendas, dinero y tierra?, mata a niños, a mujeres embarazadas y tendrás todo lo que quieres. ¡Hechos no Palabras! “Así mismo, el presidente Calderón dice que su gobierno no permitirá otro Acteal, pero que acepta la decisión de los ministros de la SCJN. Entonces, ¿por qué está de acuerdo en la liberación de los asesinos de Acteal, que ellos y con la ayuda de sus compañeros que viven en las comunidades, podrían agredir a los testigos de la masacre de Acteal” (Comunicado completo).