DECLARACIÓN DE LOS DEFENSORES
Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS DESDE LA MONTAÑA DE GUERRERO En el marco del quinceavo aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, los defensores y defensoras constatamos una criminalización creciente que atenta contra la vida y la seguridad no sólo de los defensores sino de la sociedad en general. La clase política que se ha montado en el potro de la impunidad y son los autores intelectuales de estas atrocidades y del terror causado por las fuerzas represivas del Estado, han traicionado los ideales democráticos de la sociedad. Los partidos políticos han permitido que el Ejecutivo “legisle y juzgue” con despotismo y arbitrariedad, que utilice al Ejército para que ejerza las funciones de ministerio público y de policías ministeriales para imponer la ley marcial y un ambiente de terror y de miedo. El Congreso federal se ha prestado para aprobar reformas policiales para tratar a los ciudadanos como delincuentes, implantando un derecho penal que trata a los ciudadanos como enemigos, que busca tener el control de la población porque percibe a la población civil como una amenaza permanente a la gobernabilidad de las castas gobernantes. Las leyes y las instituciones no están diseñadas para proteger al ciudadano, por el contrario, están siendo reorientadas para defender un sistema impune y preservar los privilegios de las élites económicas.
Esta perversidad gubernamental ha hecho crecer los poderes de facto vinculados con la delincuencia organizada y con los mercados ilegales, por eso se ha consolidado el imperio del crimen y el espectáculo de la violencia. Con instituciones débiles por ser antidemocráticas, con leyes que atentan contra los derechos fundamentales, con el Ejército que actúa impunemente y sin ningún control, con una clase política voraz y con el poder creciente de la delincuencia organizada incrustada en las estructuras del Estado, los ciudadanos y ciudadanas hemos quedado atrapados en el laberinto de un sistema violento que le hace la guerra a los hombres y mujeres que buscan romper las murallas del autoritarismo. Ante esta avalancha que amenaza nuestra seguridad y nuestra misma intimidad como personas libres, nuestra sociedad se organiza para contener esta barbarie y transformar este sistema antidemocrático que para seguir sobreviviendo apela al endurecimiento de las leyes como expresión de su debilidad institucional y su agotamiento como modelo societal. La lucha por la democratización de nuestra sociedad y por la reivindicación de nuestros derechos como pueblos y como individuos, cimbra las estructuras de un sistema político obsoleto, desenmascara sus tropelías y lo interpela para obligarlo a cumplir con sus responsabilidades constitucionales y a exigir que respete a la ciudadanía. Los defensores y defensoras de derechos humanos así como los comunicadores, frente a esta sismicidad política nos enfrentamos a grandes peligros y con un riesgo inminente de ser aplastados por este sistema opresor por atrevernos a transformar de raíz las estructuras de la muerte y de la injusticia. En Guerrero, los defensores y defensoras son vilipendiados y criminalizados por un gobierno carente de sensibilidad y compromiso con las necesidades y demandas de la clase trabajadora. A los pueblos indígenas y a sus defensores se les trata como delincuentes, a los que se atreven a alzar la voz para denunciar las violaciones a los derechos humanos se les fabrican delitos y se les encarcela. Los que ejercen sus libertades, expresan sus ideas en las calles y plazas públicas se les persigue y se les integran averiguaciones previas y se les coloca fuera de la legalidad para judicializar su movimiento.
A los que se atreven a defender su territorio sus bosques y sus recursos naturales se les reprime y se busca someterlos políticamente; a los que ejercen el derecho a poseer sus propios medios de comunicación para preservar sus lenguas y sus culturas y hacer públicas sus ideas del mundo que se quiere construir, se les hostiga y se busca desmantelar su precaria infraestructura para amordazar la libertad de expresión de pueblo amuzgo.
A los pueblos que se organizan para construir un sistema de justicia alternativo, que tenga como fundamento legal la matriz del derecho comunitario se les integran averiguaciones previas y se les trata como autoridades que delinquen, como ha sucedido con los compañeros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC); a las mujeres que han sabido liberarse del yugo patriarcal y de romper las cadenas del racismo y el despotismo gubernamental han demostrado ser defensoras aguerridas que con su palabra sencilla y verdadera es como una daga punzante que cercena al monstruo de mil cabezas. Su fortaleza logra desarmar a los perpetradores de la violencia de Estado; a los que se rebelan contra el olvido y exigen salud, educación, vivienda, alimentación, empleo se les ignora y se les amenaza para que desistan de su lucha; a los desheredados del Estado que se ven obligados a trabajar como jornaleros agrícolas, se les sigue tratando como esclavos y como extranjeros en su propia tierra. A los familiares de las víctimas de desaparición forzada que luchan contra el olvido y que increpan a las autoridades negligentes se les amedrenta y se les ignora con el fin perverso de que se resignen al olvido y de que acepte la fatalidad como destino. A los que luchan contra la impunidad, contra los abusos policiacos-militares, la corrupción de las autoridades, se les detiene de manera arbitraria, se les desaparece de manera forzada y se les ejecuta de manera extrajudicial como sucedió con Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, defensores ejemplares a quienes hoy honramos en este quinceavo aniversario. Los defensores y defensoras de derechos humanos exigimos:·
Castigo a los responsables del asesinato de los compañeros Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas·
Castigo a los responsables del asesinato de Lorenzo
Fernández Ortega, integrante de la OPIM y hermano de Inés
Fernández Ortega, que fue violada sexualmente por militares. · Que cese la persecución, el hostigamiento y las amenazas contra los compañeros de la OPIM y OFPM y de manera especial de los defensores Cuauhtémoc Ramírez y Obtilia Eugenio Manuel.·
Que se investigue el atentado del que fue víctima Margarita Martín de las Nieves cuando se dirigía a su comunidad y se garantice su seguridad.·
Que cese la militarización en las regiones de Ayutla y la sierra de Coyuca de Catalán y Tlacoachistlahuaca que ha causado graves violaciones a los derechos humanos por parte de militares del Ejército.·
Que sean las autoridades civiles las que juzguen a los soldados que asesinaron al joven naua Bonfilio Rubio Villegas en un retén militar·
Que cese la criminalización contra las organizaciones sociales, que ejercen su derecho a la protesta.·
Que el Estado garantice el ejercicio pleno de las libertades y se abstenga de reprimir el derecho legítimo a protestar ·
Que el Estado mexicano cumpla a cabalidad con las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los 107 defensores y defensoras del estado de Guerrero·
Que se implemente un programa para garantizar el trabajo libre y seguro de los defensores y defensoras de derechos humanos.·
Que se investiguen las amenazas propaladas a Rommel Cain Chacan Pale, defensor de derechos humanos de Monitor Civil de la Policía y de los cuerpos de seguridad pública en la montaña de Guerrero.·
Que cese el hostigamiento y persecución contra Bruno Placido Valerio y se respeten sus derechos humanos.·
La liberación inmediata del maestro Máximo Mojica, María de los Ángeles Hernández y Santiago Nazario Lezma, presos en Acapulco.
Organizaciones firmantes: Autoridades comunitarias de Mini Numa- GuerreroAsamblea Permanente del Ejido de Carrizalillo- GuerreroAsamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) – GuerreroAsistencia Legal (Asi-Legal)- DFCentro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas -ChiapasConsejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota Centro de Derechos Humanos Victoria DiezCentro de Estudio Ecuménicos, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (CADHAC) –Nuevo LeónConsejo Ciudadano de Chilapa- GuerreroColectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) – GuerreroComité Estudiantil de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa – GuerreroConsejo de Jornaleros Agrícolas- GuerreroComité Cerezo- DFCentro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan – GuerreroCentro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón -GuerreroComité de Familiares y Amigos de Secuestrados, desaparecidos asesinados en GuerreroEstudiantes de la Escuela de Antropología Social de la UAG- GuerreroEstudiantes de la Licenciatura en Desarrollo Comunitario UPN-Tlapa- GuerreroEnlace, Comunicación y Capacitación AC FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación – DFGuerreros Verdes- GuerreroInstituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia -DFInstituto Nacional para la Seguridad y la Democracia (INSYDE)- DFInstituto Guerrerense de Derechos Humanos AC – GuerreroJusticia y pluralidad- UNAM DFMonitor Civil de la Policía- GuerreroMovimiento de Campesinos Indígenas de la Montaña- GuerreroOrganización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM)- GuerreroOrganización para el Futuro del Pueblo Mixteco- GuerreroOrganización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OMESP) – GuerreroOrganización de Mujeres Na savi de Metlatónoc Kimitaxa – Guerrero-Policía Comunitaria-GuerreroProyecto PAIR-DFPrograma de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de MéxicoRed Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos -DFRed Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos – GuerreroRiriki Intervención Social SC- DFRadio Ñomndaa La Palabra del Agua – GuerreroServicios y Asesoría para la Paz (Serapaz)- GuerreroTaller de Desarrollo Comunitario (TADECO)- GuerreroUna voz para Todos- DFPueblos y comunidades firmantes Mini Numa (Metlatónoc)Yuvinani (Metlónoc)
Ayotzinapa (Tlapa)Chiepetepec (Tlapa)Ojo de Agua (Malinaltepec)San Luis (San Luis Acatlán)Zitlaltepec (Metlatónoc)Tixtla Real de Limón (Cocula)Huetetepec (Atlamajalcingo del Monte)Metlatónoc Malinaltepec