DECLARACION PÚBLICA DEL ENCUENTRO
SUR-SUR NORTE
Desde el compromiso político que nos hermana nos reunimos en el Estado de Guerrero, México del 6 al 12 de septiembre de 2009, representantes de pueblos indígenas, organizaciones sociales, comunitarias y defensoras de los Derechos Humanos provenientes de África, América Latina y Europa en el Encuentro denominado Sur-Sur/Norte para fortalecer capacidades a partir del intercambio de experiencias y el análisis de las causas que han generado los conflictos que afectan nuestros territorios y violan los derechos humanos.
Hemos conocido de cerca diferentes experiencias de comunidades y organizaciones que han optado por procesos de Resistencia Civil, frente a distintas formas de violencia e injusticia causada por diversos intereses económicos, el autoritarismo, la ocupación militar y la represión del Estado.
Hemos conocido de primera mano, testimonios de personas, comunidades y organizaciones, víctimas de esa violencia, y de la responsabilidad del Estado por sus acciones u omisiones. Y hemos corroborado la legitimidad de sus acciones e iniciativas, en la defensa de la vida, la dignidad, la autonomía y el respeto de los derechos fundamentales, en el marco de un Estado Social de Derecho.
REAFIRMAMOS:
Que nos encontramos ante un contexto de continuas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos hacia los pueblos del sur en una realidad de conflictos, de diferentes intensidades y características, los cuales en sus causas y consecuencias están marcados por la opresión, la discriminación, la exclusión, la marginación y el racismo.
Que permanecen las causas originarias de estos conflictos, así como las condiciones de violencia social, política y económica, que expresan un debilitamiento de la democracia y del Estado Social de Derecho. Por lo tanto los pueblos y organizaciones del sur estamos llamados a mantener estrategias fundadas en la solidaridad y el respeto a todos los derechos humanos, así como el reconocimiento de las luchas y resistencias de los pueblos hermanos del sur como propias.
Que la continúa agresión en contra de las comunidades, pueblos y organizaciones que desarrollan procesos de exigibilidad de sus derechos, desde una opción de resistencia civil no violenta, ha cobrado numerosas vidas, despojado a los pueblos de sus territorios, generando impactos psicosociales que afectan los referentes culturales, políticos y sociales de las comunidades, complejizando aun más la situación de los pueblos.
Que los intereses geopolíticos del poder económico mundial son una de las causas principales de los conflictos relacionados con la extracción y explotación de los recursos naturales a través de la implementación de megaproyectos de diferente tipo, afectando las condiciones básicas para la sobrevivencia de la población campesina e indígena, despojándoles de sus territorios, con desplazamientos forzados, genocidio, generando crisis humanitaria y violación sistemática de derechos humanos.
Que en Colombia, El Salvador, México, Guatemala y Sahara Occidental, continúan las amenazas, el saqueo de información a organizaciones sociales, la criminalización y ataques constantes a defensores de los Derechos Humanos, lo que representa una ausencia de garantías para la realización de sus acciones de resistencia y acompañamiento, por lo tanto,
EXIGIMOS A LOS ESTADOS:
1. Que se garantice a los pueblos su derecho al territorio, la autonomía y a la autodeterminación, así como el respeto a la construcción de procesos propios de desarrollo.
2. Que el Estado Mexicano no criminalice y reprima la resistencia civil de los pueblos y la defensa de los derechos humanos; que desmilitarice los territorios indígenas y elimine cualquier estrategia militar que coloque en riesgo a las comunidades que construyen su autogestión y ejercen sus derechos colectivos.
3. Que el Estado Mexicano liberé inmediatamente a Raúl Hernández Abundio preso de conciencia y que cese el hostigamiento en contra de la Organización del Pueblo Indígena Mephaa, en Ayutla de los Libres Guerrero; que respete los procesos de organización y resistencia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria, de la Radio Comunitaria Ñomndaa, al Ejido de Carrizalillo y al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota; y que en ese contexto se respete y garantice el trabajo de defensa de los derechos humanos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
4. Que se respete el proceso organizativo y de libre autodeterminación de los pueblos y organizaciones de Chiapas frente a la defensa de su territorio, y que en ese contexto se garantice la labor de las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos.
5. Que el Estado Colombiano no criminalice la lucha de los pueblos indígenas, la defensa de los derechos humanos y elimine cualquier estrategia militar que coloque en riesgo a las comunidades en medio del conflicto armado interno.
6. Que se garanticen los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición.
7. Que el Estado Colombiano y los grupos armados respeten y garanticen el territorio, la autonomía y la vida del Pueblo Indígena Awa, y su organización la UNIPA.
8. Que el estado Colombiano, brinde las garantías necesarias para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos a comunidades Cristianas y otras de su entorno.
9. La aplicación de
10. La voluntad política del Estado de Guatemala para juzgar a los responsables materiales e intelectuales del genocidio cometido contra el pueblo maya durante el conflicto armado interno, una reparación integral para las víctimas y sobrevivientes, y el reconocimiento de la verdad y la memoria de los pueblos como una forma de dignificación y como garantía de no repetición.
11. Que el Estado de El Salvador derogue la ley de amnistía, y se promueva una ley de reconciliación para que pueda haber una verdadera trasformación en el país y que como pueblo y gobierno de El Salvador siga la presión hacia el gobierno de facto de Honduras para que regrese el actual presidente Manuel Zelaya Rosales al poder y se restituya el orden constitucional.
12. Urgimos al gobierno sueco que respete su propio reglamento de exportación de armas, que prohíba la exportación de armas a países que están en conflictos armados o que no respeten los derechos humanos. Por lo tanto urgimos a los estados miembros de la Unión Europea, que no apoyen en las violaciones de los derechos humanos, los etnocidios y genocidios que se están cometiendo en los diferentes países mediante una continuada venta de armas.
NOS COMPROMETEMOS A:
1. Permanecer vigilantes y dar seguimiento a los procesos de resistencia civil en Colombia, El Salvador, México, Guatemala y Sahara Occidental.
2. Nuestras organizaciones hermanas incidirán en el nivel interno e internacional en favor de la justicia y exigirá a los diversos Estados el respeto a los derechos de los pueblos a quienes representamos y acompañarnos.
3. Promover y construir el intercambio de experiencias, la solidaridad y el hermanamiento entre los diversos procesos de resistencia civil no violenta de los pueblos del sur que buscan la libertad y el respeto a los derechos humanos.
Organizaciones firmantes
AFARPREDESA – Asociación de Presos y Desaparecidos del Sahara.
JUSTAPAZ – Centro Cristiano para Justicia, Paz y Acción No Violenta. Colombia.
Corporación AVRE – Acompañamiento psicosocial y atención en salud mental a víctimas de violencia política – Colombia.
UNIPA– Unidad Indígena del Pueblo Awá. Colombia.
SERPAJ– Servicio Paz y Justicia en América Latina. El Salvador.
SWEFOR – Movimiento Sueco por la Reconciliación. Suecia.
FRAYBA – Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. México
TLACHINOLLAN– Centro de Derechos Humanos de la Montaña. México.
OPIM – Organización del Pueblo Indígena Me´phaa. México.
Chilpancingo, Guerrero a 11 de septiembre del 2009.