A un año, impunidad en la Masacre de Chinkultic
El 3 de octubre de 2008, aproximadamente a las 11:00 hrs. en un operativo policiaco con la intención
de detener a los representantes de la comunidad de Miguel Hidalgo en el municipio de La Trinitaria,
Chiapas, quienes recientemente habían ocupado la zona arqueológica de Chinkultic, reivindicando el
derecho al aprovechamiento y defensa de sus recursos, cerca de 40 elementos de la Policía Estatal
Preventiva (PEP) y de la Policía Ministerial (PM), ingresaron a la comunidad de Miguel Hidalgo, en
vehículos, a caballo y a pie, tirando gases lacrimógenos y allanando arbitrariamente varios domicilios.
Ante esto los habitantes de la comunidad acorralaron a los policías, los desarmaron y los retuvieron
en la casa ejidal, en donde permanecieron por varias horas.
Alrededor de las 17:30 hrs., con el fin de rescatar a los policías retenidos por la comunidad,
reingresaron, aproximadamente 300 elementos de la PEP y PM, disparando gases lacrimógenos a la
población, la cual respondió con piedras y palos. En respuesta los agentes policiales respondieron
con armas de fuego, hiriendo a varias personas.
El Sr. Agustín Alfaro Alfaro (Agustín), de la Ranchería Ocotal Ojo de Agua, ubicada a 5 minutos de la
comunidad donde estaban ocurriendo los hechos, junto con su esposa Eloisa Margarita Espinoza
Morales, y sus hijos, que se encontraban en las inmediaciones de la comunidad Miguel Hidalgo, al ver
la situación de violencia decidieron apoyar para el traslado de los heridos, subieron a su camioneta a
Rigoberto López Vázquez, José Alfredo Hernández Ramírez, Miguel Antonio Martínez López y Miguel
Martínez García para llevarlos al hospital más cercano.
Aproximadamente en el kilómetro 30 de la carretera Lagos de Montebello (Comitán de Domínguez),
fueron interceptados por elementos de la PEP que sin motivo abrieron fuego, hiriendo en la pierna a
Agustín, que ocupaba el puesto de chofer. Al detenerse bajó de la camioneta y los policías les
dispararon a quemarropa, posteriormente ejecutaron a Rigoberto López, Alfredo Hernández y Miguel
Antonio Martínez; Miguel Martínez García quedó herido. La señora Eloisa y su hijo de tres años
presenciaron las ejecuciones cometidas por la Policía Estatal Preventiva.
Además los señores Ignacio Hernández López y Ricardo Ramírez Ramírez, fallecieron mientras eran
trasladados al Hospital de Amparo Agua Tinta, municipio de Las Margaritas, debido al uso
desproporcionado e indebido de la fuerza pública por parte de los elementos policiales.
En el mismo operativo fueron detenidos arbitrariamente 36 campesinos que fueron liberados el día 5
de octubre aproximadamente a las 21 hrs., en el Ejido Lázaro Cárdenas, próximo a Miguel Hidalgo, a
cambio de las armas que los pobladores habían quitado a los policías.
Es preciso señalar que los hechos perpetrados contra los pobladores de la comunidad de Miguel
Hidalgo, por elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Policía Ministerial y del personal
adscrito al Ministerio de Justicia, son un crimen de lesa humanidad, así como se estipula en el
artículo 5 inciso 1 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Consideraciones:
Ante los hechos narrados que dejaron como saldo: 6 personas asesinada, 11 heridas por golpes y 6
por armas de fuego, este Centro de Derechos Humanos considera lo siguiente:
Primero. El gobierno de Chiapas es responsable por la conducta de los servidores públicos
encargados de la procuración de la justicia y los efectivos policiales, ya que no respetaron losDerechos a la vida y a la integridad personal
violando deliberadamente lo dispuesto en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 6.1 y en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José) en el artículo 4.1, – en donde se establece que el derecho a
la vida es inherente a la persona humana, estará protegido por la ley y que nadie podrá ser privado
de él de manera arbitraria – los cuales forman parte de los instrumentos normativos constituidos como
Ley Suprema del Estado mexicano según el artículo 133 de la Constitución mexicana.
Con respecto a la integridad personal a nivel interamericano se violó el Pacto de San José, en su
artículo 5, incisos 1 y 2, el cual dispone respectivamente que «toda persona tiene derecho a que serespete su integridad física, psíquica y moral» y que «nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes; y toda persona privada de libertad será tratada con el
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.»; a nivel nacional se violó el artículo 19 de la
Constitución mexicana que prohíben todo maltrato en la detención y toda molestia que se infiera sin
motivo legal, y obliga a que los abusos sean corregidos por las autoridades competentes.
El Estado mexicano, debió proteger la vida y realizar una investigación real y efectiva para determinar
a los responsables de los asesinatos de los Sres. Agustín Alfaro Alfaro, Rigoberto López Vázquez,
José Alfredo Hernández Ramírez, Miguel Antonio Martínez, Ignacio Hernández López y Ricardo
Ramírez Ramírez. Así como haber sancionado a funcionarios de primer nivel que les correspondería
la obligación de vigilar los actos de sus subordinados o en su defecto a responder por sus faltas y
reparar a los familiares de las víctimas. A lo anterior resulta importante que el Gobierno de Chiapas
previera medidas que aseguren que actos como estos no vuelvan a suceder.
Segundo. El operativo fue caracterizado por el uso desproporcionado e indebido de la fuerza
pública en abierta violación, por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de lospreceptos establecidos en el
Código de Conducta Para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la
Ley adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 17 de diciembre de 1979 en susresolución 34/169 y ratificada por México el 8 de marzo de 1999 y así como el
Conjunto de PrincipiosPara la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión,
adoptada por la misma Asamblea con resolución 43/173 el 9 de diciembre de 1988 y ratificada por
México.
Tercero. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) los Estados
tienen la obligación de garantizar las condiciones que se requieran para que no se produzcan
violaciones de estos derechos básicos y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten
contra ellos. Asimismo, la Corte IDH ha señalado que “los Estados deben vigilar que sus cuerpos de
seguridad, a quienes les está atribuido el uso de la fuerza legítima, respeten el derecho a la vida de
quienes se encuentren bajo su jurisdicción.”
Este Centro de Derechos humanos, no olvida estos hechos que aún siguen en la impunidad y nos
preocupa que lo ocurrido con los pobladores de Miguel Hidalgo se repita con otros Pueblos, como
puede suceder con los ejidatarios de San Sebastián Bachajón en el municipio de Chilón, que
actualmente están sitiados por la PEP y la PM, las mismas corporaciones responsables de la
masacre de Chinkultic. Por esto es importante que la sociedad civil organizada se movilice exigiendo
el respeto a los derechos a la vida y a la integridad personal de los Pueblos que constantemente son
amenazados y hostigados por reivindicar sus exigencias legítimas.
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