San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 30 de noviembre de 2009.

Al Gobernador del Estado;

Al Presidente Municipal de San Cristóbal de Las Casas;

A los medios de comunicación;

A las organizaciones civiles y políticas;

A la sociedad civil;

Ante los recientes hechos suscitados en nuestra ciudad, no podemos dejar de evidenciar y reprobar el incremento de la violencia y la inseguridad que estamos viviendo, la cual tiene como ejemplo más reciente el asesinato del licenciado Rigoberto Viveros Arce.

La violencia es el síntoma más visible de la ausencia de un estado de derecho. Es inaceptable que en espacios pensados y creados para el sano esparcimiento se den actos que culminen en  agresiones, daños a la propiedad, robos, tráfico de drogas, violaciones e incluso homicidios.

No es posible que a pesar de las restricciones administrativas y que por seguridad se implementan en bares y restaurantes, se susciten hechos en los que las armas son utilizadas para demostrar quien es el más fuerte.

Esta situación refleja la existencia de una  red de complicidad delictiva que se da en el mundo del entretenimiento nocturno la cual, en muchas ocasiones, se encuentra reforzada por alianzas con autoridades que venden protección e impunidad.

Recordemos que la ciudad de San Cristóbal, además de atraer a turistas por su diseño colonial, es reconocida por la diversidad de bares que el Municipio ha permitido funcionar, y sobre los cuales, al parecer, existe poco o nulo control.

El coordinador general del informe del Programa de las Naciones Unidas (PNUD) sobre Desarrollo Humano para América Central 2009 – 2010, Hernando Gómez Buendía, ha dicho que “La seguridad es un derecho de todos y el Estado tiene el deber de proveerla. Sin seguridad no hay inversión, sin inversión no hay empleo y sin empleo no hay desarrollo humano. La seguridad es una parte esencial de la estrategia de desarrollo de los países y de las ciudades”.

La violencia obliga a la población a cambiar sus hábitos, a vivir bajo la incertidumbre y el temor constante. En la medida en que la violencia generada y tolerada por el Estado se incrementa (como lo son el aumento de la militarización y paramilitarización, la guerra contra el narcotráfico, las incursiones armadas a territorios y comunidades campesinas e indígenas, entre otras) la ciudadanía se siente legitimada para ejercer las mismas formas de violencia como medio de defensa, es decir una sociedad que se siente autorizada para comprar, portar y usar armas de fuego para “su seguridad”.

La seguridad no se concibe mediante el ejercicio de la violencia sino desde la clara consciencia de las autoridades y de los ciudadanos por el respeto a los derechos humanos.

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