La criminalización

de las radios comunitarias  

Luis Hernández Navarro 

 

La Jornada  

Detrás de algunas radios que se dicen comunitarias” opera el crimen organizado, mientras que otras llaman a la “subversión”. Eso asegura Xavier Abreu Sierra, nuevo director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDI). Por ello, afirma, “tenemos que monitorear que la programación sea al servicio de la comunidad”. 

Cuando los periodistas le preguntaron qué pruebas tenía de sus acusaciones, el funcionario panista le dio la vuelta. “Si quiere pruebas no le voy a decir –respondió–, porque es información reservada de la Secretaría de Gobernación.” 

Desde hace un par de años al menos, las radios comunitarias indígenas en diversos estados del país han sido hostigadas por el gobierno federal. Algunos de sus integrantes fueron asesinados, otros llevados a la cárcel y varias estaciones desmanteladas. Está en marcha una política que busca impedir que los pueblos indios cuenten con sus propios medios de comunicación. En septiembre de 2008, elementos de la Policía Federal Preventiva catearon y desmantelaron una veintena de radiodifusoras en Juchitán, Tehuantepec y Salina Cruz. En agosto de 2008, diversos cuerpos policiacos saquearon Radio Eiámpti y Radio Uékakua, en Michoacán. La Jornada informó del trato de delincuentes que se ha dado a los promotores de Radio Tierra y Libertad en Monterrey. 

Abreu Sierra reconoció la hostilidad gubernamental hacia las estaciones de radio comunitarias e indígenas en el país y dijo que, evidentemente, algunos líderes de radio han sido encarcelados. Según él, esto obedece “a una visión occidentalizada de la Secretaría de Gobernación”. El funcionario pretende buscar cuáles son las estaciones que cumplen con una verdadera función social en las comunidades para otorgarles sus permisos de funcionamiento, “y no tengan esas persecuciones que ocurren en algunas partes”. 

Las radios comunitarias indígenas son instrumentos de comunicación colectivos, no gubernamentales, sin fines de lucro. No hacen proselitismo religioso ni pertenecen a partidos o empresas privadas. Contribuyen a romper el aislamiento geográfico e informativo de las comunidades indias y a promover el rescate de sus valores culturales, despreciados por los grandes medios de información comerciales. Fortalecen y desarrollan su identidad y lengua. Dan voz a quienes no tienen el derecho para expresarse libremente. Cumplen un importante servicio social. 

Las radios comunitarias llegan a comunidades apartadas y de difícil acceso. Informan y educan a poblaciones monolingües o analfabetas. Comunican y entretienen a partir de asuntos de relevancia local.

No hay un censo preciso del número de radios comunitarias indígenas que existen en el país, pero varios estudios contabilizan entre 150 y 200. Funcionan con recursos muy limitados. La gran mayoría opera sin licencia oficial. No existen leyes que las tomen en cuenta ni normas que reconozcan a los pueblos indígenas su derecho a operarlas. 

Xavier Abreu Sierra acaba de ser designado responsable de la CNDI. Como puede verse a partir de sus declaraciones, su conocimiento de los pueblos indígenas es muy precario: “En mi vida –declaró– los que más han influido son los hermanos maristas; soy ex alumno, ex maestro, ex entrenador, fundador de la Universidad Marista”. Estudió para licenciado en administración de empresas en la Universidad Iberoamericana. Miembro del Partido Acción Nacional, fue presidente municipal de Mérida, Yucatán, secretario de Desarrollo Social de Yucatán en el gobierno de Patricio Patrón y candidato derrotado a la gubernatura de ese estado. Como premio de consolación fue designado titular de la unidad de coordinación y enlace de la CNDI. A partir del primero de enero de 2010 asumió la titularidad de la comisión. 

La proliferación de radios comunitarias indígenas forma parte del proceso de construcción de la autonomía de facto de los pueblos originarios, junto con el nombramiento de municipios autónomos, formación de policías comunitarias, la promoción de proyectos productivos augestionarios y los programas educativos y de salud desde la base. Ante ella, el gobierno federal ha respondido criminalizando el ejercicio del derecho a la libre determinación e ignorando el problema. 

Xavier Abreu, el panista administrador de empresas que está a cargo de los programas de atención a las comunidades indígenas, no tiene idea de lo que está pasando entre los pueblos originarios del país. Tan es así que hace menos de una semana declaró que la autodeterminación de los pueblos indios, tal como la reclama el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), no está a debate en la actual administración federal, porque el tema quedó superado con las reformas al artículo 2 de la Constitución federal, efectuadas en 2001. Tan no está superado este asunto que por toda la República los indígenas han hecho caso omiso de esta reforma y se han dedicado a construir la autonomía sin pedir permiso.