Tlapa de Comonfort, Guerrero, 9 de febrero de 2010

Estimados compañeros y compañeras:

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos constató, mediante un estudio de 128 casos de ataques y presuntos actos de agresión contra defensores mexicanos ocurridos entre el 2006 y agosto de 2009, incluidos 10 homicidios, que la impunidad rige en más del 98% de los casos^[1]. Asimismo, señaló que a partir de los hechos registrados por la oficina, es posible hablar de una situación de riesgo en la que las y los defensores han sido víctimas de amenazas, actos de hostigamiento, injerencias arbitrarias, uso arbitrario del sistema penal e, incluso, violaciones a sus derechos a la vida, la integridad, libertad y seguridad personal relacionadas presuntamente por su actividad de defensa.

En el estado de Guerrero, 107 defensores y defensoras de derechos humanos cuentan desde abril del 2009, con medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir de que dicho organismo internacional consideró que existen condiciones de vulnerabilidad y un riesgo real e inminente a causa de su trabajo. Asimismo, en el estado se han registrado diversos casos que ejemplifican la situación señalada por la Oficina del Alto Comisionado cuyos lamentables aniversarios se conmemorarán en las próximas semanas y que en común cuentan con el factor de la impunidad.

Los primeros casos se refieren a las violaciones sexuales de las indígenas Me’phaa Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega por parte de elementos del Ejército mexicano, ocurridas el 16 de febrero del 2002 y el 22 de marzo del 2002, respectivamente. Actualmente, ambos casos se encuentran ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al haber agotado todos los recursos legales internos sin lograr acceder a la justicia (transcurriendo 8 años desde que ocurrieron los hechos) y cuyas investigaciones fueron remitidas al fuero militar; el cual carece de la imparcialidad necesaria para investigar y sancionar a los responsables. 

El día 10 de febrero del 2008, se cumplen dos años de la ejecución de Lorenzo Fernández Ortega, hermano de Inés Fernández y un destacado defensor de los derechos humanos de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM). A la fecha no se han presentado avances en las investigaciones.

           

También se cumple un año la desaparición forzada, tortura y ejecución extra-judicial de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro de Pueblos Mixtecos (OFPM), respectivamente.  Fueron desaparecidos en un evento público en Ayutla de los Libres el día 13 de febrero del 2009, por personas que se ostentaron como policías. Sus cuerpos sin vida fueron hallados en el municipio de Tecoanapa el 20 de febrero del 2009.

           

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, a partir de la escalada de amenazas en contra de sus integrantes se vio obligado a cerrar su sede en Ayutla de los Libres el día 14 de febrero del 2009, para salvaguardar la vida e integridad física y psicológica del personal. Aunque fue prevista como una medida temporal, la oficina continúa cerrada porque aún no existen condiciones para reiniciar el trabajo de manera permanente en la región.

            Como consecuencia de alguno de los hechos antes mencionados, el 9 de abril, se cumple un año desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano la adopción de medidas provisionales para 107 defensores y defensoras de derechos humanos en el estado de Guerrero pertenecientes a la OPIM, la OFPM y Tlachinollan. En casi un año desde la otorgación de estas medidas las autoridades no han implementado cabalmente las medidas de seguridad e investigación necesarias para permitir el trabajo de los defensores de derechos humanos.

Finalmente, el 17 de abril del 2010, se cumplen dos años de que fueron detenidos cinco defensores de derechos humanos de la OPIM acusados de un crimen que no cometieron, ocurrido en diciembre del 2007. Cuatro de ellos pasaron 11 meses en el CERESO de Ayutla de los Libres antes de su liberación el 19 de marzo del 2009, tras resolver que no existían pruebas para inculparlos. Todos fueron declarados presos de conciencia por Amnistía Internacional. Actualmente, Raúl Hernández Abundio, el quinto preso, continúa detenido y es el único preso de conciencia declarado por Amnistía Internacional en América Latina.

            A pesar de que México ha firmado y ratificado todos los tratados en materia de derechos humanos y de las recomendaciones emitidas a raíz del Examen Periódico Universal, el Estado mexicano continúa sin garantizar la labor fundamental de las defensoras y los defensores de derechos humanos. Al contrario, las autoridades continúan sin investigar los casos de agresiones en su contra y sancionar a los responsables.

Como amigas, amigos e integrantes de la comunidad internacional que velan por los derechos humanos, pedimos que sus voces sirvan para expresar las preocupaciones del pueblo pobre de Guerrero, de que la militarización no resuelve los problemas de la narcoviolencia y la narcopobreza. Para seguir exigiendo la liberación de Raúl Hernández, justicia para Valentina, Inés, Lorenzo, Raúl y Manuel. Y para continuar señalando al Estado mexicano que el medio más eficaz para proteger a las defensoras y defensores de derechos humanos es investigar eficazmente los actos de violencia en su contra y sancionar a los responsables.

           

Agradecemos su apoyo y colaboración y en caso de requerir mayor información, no duden en contactarnos.

  

Atentamente,

Abel Barrera Hernández

Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan