Ganan amparo otros 5 

integrantes de la OPIM señalados

como sospechosos

del asesinato de un espía del Ejército 

·     Es por la orden de aprehensión que libró un juez en abril del 2008, contra 15 integrantes de la OPIM.

·     Entre los beneficiados con el nuevo amparo está el esposo de Obtilia, Cuauhtémoc Ramírez.

·     Por ese caso sigue preso injustamente Raúl Hernández, quien fue adoptado como preso de conciencia. 

Tlapa, Guerrero a 22 de febrero del 2010.-  El magistrado Ponente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 21 Circuito con sede en Acapulco, Jesús Rafael Aragón, confirmó la sentencia de amparo que dictó una juez federal a favor de 5 integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) que tienen una orden de aprehensión por su presunta autoría intelectual del  homicidio de un informante del Ejército. 

El fallo del Tribunal Colegiado echa abajo el recurso de revisión que el 18 de mayo de 2009 presentó un agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del fallo que emitió la juez Octava de Distrito con sede en Acapulco, Livia Lizbeth Larumbe Radilla, el pasado 19 de marzo 2009. 

Se espera que en las próximas horas sea notificado el Juzgado Mixto de Primera Instancia radicado en Ayutla de los Libres, Guerrero, para que cancele las órdenes de aprehensión que de manera ilegal giró el 11 de abril del 2008, en contra de Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez, Braulio Manzanarez Lorenzo,  José Eugenio Cruz, Félix Ortega Dolores y Merced Santiago Lorenzo.  

Cabe destacar que Cuauhtémoc Ramírez es esposo de la actual dirigente de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel –quien ha tenido que huir de Guerrero porque se han intensificado las amenazas de muerte en su contra por denunciar violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas por parte del Ejército– y era presidente de la organización cuando fue girada la orden de aprehensión en su contra. 

Asimismo Braulio Manzanarez es hermano de Orlando Manzanarez Lorenzo, uno de los 5 indígenas de El Camalote que fueron detenidos, el 17 de abril del 2008, en retén policíaco-militar y estuvieron encarcelados en el penal de Ayutla por el mismo delito.  

En su momento los 5 presos: Orlando Manzanarez, Manuel Cruz Victoriano, Natalio Ortega Cruz, Romualdo Santiago Enedina y Raúl Hernández Abundio, promovieron un amparo, el cual sólo benefició a cuatro de ellos,   no así a Raúl Hernández, sin embargo  por su injusta reclusión, Amnistía Internacional (AI) lo adoptó  como preso de conciencia en noviembre del 2008 y actualmente mantiene una campaña internacional en conjunto con Tlachinollan para lograr su libertad. 

Este nuevo recurso jurídico que beneficia a otros 5 integrantes de la OPIM,  fue promovido el 21 de junio de 2009. Con esta segunda sentencia, hoy quedan absueltos un total de 9 de los 15 defensores comunitarios que participan activamente en la OPIM y que fueron señalados injustamente como responsables de un  homicidio como una forma de distraerlos de su trabajo a favor de los derechos humanos. 

Para los otros 5 defensores acusados así como para el caso de Raúl Hernández, los asesores jurídicos y abogados de Tlachinollan continúan diseñando las estrategias y acciones jurídicas que permitan demostrar a las autoridades que son inocentes del delito que se les fabricó.  

Las organizaciones abajo firmantes consideramos que este nuevo amparo a favor de cinco defensores de derechos humanos demuestra una vez más que hay una clara y abierta intención del Estado mexicano de  perseguir y encarcelar  a quienes como los indígenas Me´phaa se organizan para poner en practica los derechos colectivos, documentan y denuncian casos por abuso militar, como el de las indígenas Me´paa Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, cuyo expediente hoy está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). 

El caso de los indígenas Me’phaa de El Camalote es un ejemplo emblemático de la criminalización y persecución que sufren los pueblos indígenas y las organizaciones sociales.  

El fallo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito es contundente al establecer que el expediente adolece de vicios e irregularidades. Evidencia que las pruebas fueron fabricadas y que  los aparatos de procuración de justicia fueron puestos al servicio del poder ejecutivo y de los poderes fácticos de la región de Ayutla, para perseguir y encarcelar a los indígenas de la OPIM.  

Apartándose de la legalidad y a los principios de imparcialidad e independencia que debe inspirar los aparatos de justicia la Procuraduría de Justicia del Estado y el gobernador del Estado sostuvieron una acusación, que se sostiene en un expediente irregular y fabricado, orillando a los indígenas de la OPIM  a vivir perseguidos por mas de dos años.       

Por todo lo anterior exigimos:  

–         Que el Juez Mixto de Ayutla Alfredo Sánchez Sánchez acate a la brevedad el fallo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, declarando la ilegalidad de la orden de aprehensión emitida en contra de los indígenas de la OPIM.

–         Que el ejecutivo estatal a través de la Procuraduría se apeguen a la legalidad y en congruencia con ello, se desistan de las acciones penales que existen contra cinco miembros más de la OPIM.

–         Que cesen los actos de criminalización y persecución en contra de los indígenas de la OPIM y demás luchadores sociales en Guerrero.

–         Que se brinden las garantías para que los defensores y luchadores sociales sigan ejerciendo su labor si persecución de la autoridad.

  

Organizaciones firmantes:

La Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos

Organización del Pueblo  Indígena Me´phaa (OPIM)

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan