Miguel Concha

La Jornada

Miguel Concha

C

on el fin de rendir cuentas sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), los días 8 y 9 de marzo México comparecerá ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. Ya en anteriores colaboraciones, en el contexto del mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU), había hablado sobre la comparecencia de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, del que emanaron 91 recomendaciones acordadas por representantes de 47 países.

 

En el sistema de Naciones Unidas el EPU es novedoso, y se destaca por el peso político que tienen la aceptación y/o el rechazo de recomendaciones formuladas directamente por las naciones que integran el consejo. Ahora nuestro país comparecerá ante un grupo de expertos que vigila el cumplimiento del PIDCP, uno de los tratados de protección de las garantías más importantes, que junto con la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), así como sus protocolos adicionales, forma parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos.

El PIDCP establece obligaciones a los estados parte respecto de derechos civiles y políticos, y al momento de su aprobación los países se comprometieron a presentar periódicamente informes sobre las disposiciones y las medidas de todo tipo que hayan adoptado para poner en práctica los derechos reconocidos en ese instrumento. Desde su inicio establece también que un comité será el encargado de revisar dichos informes, así como de emitir observaciones y recomendaciones en forma de “observaciones finales”.

El comité está integrado por 18 expertos de distintas nacionalidades que permanecen cuatro años en su función, con la posibilidad de relegirse una sola vez. En esto estriba la mayor diferencia de los órganos de supervisión de tratados de derechos humanos de la ONU con el mecanismo del EPU, en que los primeros están compuestos por expertos independientes, electos por su capacidad y experiencia en los temas que deben vigilar, mientras que el segundo está integrado por representantes diplomáticos. México ratificó el PIDCP en 1981 y la última vez que presentó un informe fue en 1999.

En aquella ocasión el comité emitió observaciones finales con base en el informe que le sometió el gobierno, en información que le fue proporcionada por organizaciones y en quejas que fueron de su conocimiento.

Sus principales recomendaciones fueron entonces: la ausencia de la figura de objetor de conciencia en el servicio militar obligatorio; la violación a derechos humanos de extranjeros, principalmente defensores de garantías, al negárseles la libre circulación y al revocárseles los permisos para internarse en el país; el uso de la tortura y la falta de medios para investigarla; lo indebido de imponer a la víctima la carga de la prueba en casos de tortura; la militarización de los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca; la falta de mecanismos para investigar y sancionar las violaciones cometidas por militares y fuerzas de seguridad, así como observaciones respecto del uso amplio de la flagrancia y el peso de las declaraciones efectuadas ante el Ministerio Público; la derogación de derechos, sin que exista una declaración de emergencia; el asesinato de periodistas; la violación a los derechos de niñas y niños de la calle; la violencia y el tráfico sexual al que se ven expuestos; la violencia contra las mujeres y los homicidios de mujeres; las pruebas de embarazo efectuadas a quienes piden trabajo; la falta de igualdad de oportunidades para las mujeres; las violaciones a los derechos indígenas y los obstáculos para que disfruten de sus territorios.

Varias de estas recomendaciones fueron hechas desde hace ya más de 10 años y es lamentable que muchas de ellas no sólo no se han cumplido, sino que las situaciones que las generaron se han agravado, como la militarización, los asesinatos de mujeres o las violaciones a los derechos indígenas por cuestiones de territorio, entre otras. Ahora, México se presentará de nuevo frente al comité y tendrá que responder ante los expertos sobre el limitado avance en estos temas, y, en el caso de la suspensión de garantías, por ejemplo, deberá explicar por qué pretende legalizar esta violación a los derechos humanos mediante reformas a la Ley de Seguridad Nacional, en lugar de implementar la recomendación que le fue formulada en 1999.

Cuestión ésta que será sin lugar a dudas un tema en la agenda de la sesión. Así como la falta de investigación de los delitos del pasado, la tortura, el arraigo, la jurisdicción militar, la desaparición forzada y la violencia en contra de las mujeres. Conociendo las mañas de la diplomacia actual mexicana para disfrazar en instancias internacionales de derechos humanos y presentar a un México respetuoso de los mismos, que cumple con sus obligaciones, aunque la realidad en el interior del país sea completamente distinta, las organizaciones civiles nacionales han trabajado arduamente para hacer llegar al comité información verídica sobre la situación de las referidas garantías. Y varias de ellas, como el Centro Pro, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Artículo XIX y la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, estarán presentes para hacer uso de la palabra en la sesión que deberá llevarse a cabo en Nueva York, así como para enfatizar sus preocupaciones ante los miembros del comité.