Ganaron disputa legal por tierras; un litigante ya fue asesinado
Amenazan de muerte a líderes y abogados de familias rarámuris
Miroslava Breach Velducea
Periódico La Jornada
Viernes 2 de abril de 2010, p. 25
Ejido Baqueachi, Carichi, Chih.
Dirigentes y representantes legales de 521 familias rarámuris enfrentan amenazas de muerte luego de ganar –en diciembre pasado– un litigio agrario que obliga a mestizos avecindados en esta comunidad a entregar más de 12 mil hectáreas de tierras ejidales de uso común, que han ocupado ilegalmente para pastorear ganado y construir potreros y viviendas en la dotación ejidal otorgada exclusivamente a los integrantes de la tribu tarahumara del pueblo de Baqueachi.
El fallo del tribunal agrario favoreció a los indígenas y ordena a 13 mestizos entregar de inmediato los predios, las viviendas y los potreros al ejido. Falta resolver 15 juicios similares.
Los afectados reaccionaron con violencia y desde diciembre han amenazado de muerte al gobernador tradicional Patricio Chávez Gabriel, los miembros de la directiva ejidal y a su representante legal, la abogada Estela Ángeles Mondragón.
Hace un mes el esposo de la abogada y coadyuvante en el proceso legal, Ernesto Rábago Martínez, fue asesinado en su despacho, en aparente venganza por el triunfo logrado en tribunales, que desde febrero ha obligado a devolver tierras a los ejidatarios.
La Procuraduría General de Justicia del Estado investiga la presunta relación entre el asesinato y el litigio agrario. En el poblado de Baqueachi se han recogido denuncias anónimas sobre amenazas contra los dirigentes indígenas y su abogada, Estela Ángeles Mondragón, por el fallo judicial.
Una de las denuncias enviadas a la procuraduría del estado señala que en una reunión Carlos Torres, Jesús María Sandoval Espino y Juan Manuel Romero, tres de los mestizos que se niegan a entregar las tierras, hicieron nuevas amenazas después del asesinato de Rábago Martínez, perpetrado el primero de marzo.
Ya nos echamos a uno. Falta Patricio (el gobernador indígena de Baqueachi). A ése hay que amansarlo poco a poco, y una vez mansito le damos unos plomazos
, transcribe la denuncia escrita, que se hizo llegar a las autoridades y que se integró al expediente de la averiguación previa sobre la muerte del litigante.
También están las declaraciones que José Abraham Palma Fiero, quien llevaba un juicio en contra del ejido Baqueachi, hizo en julio pasado a un periódico local:
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En diciembre del 2009 el Tribunal Agrario pidió a la subdelegación de la Procuraduría Agraria de Chihuahua que informara del fallo a los mestizos para que a más tardar el 10 de febrero entregraran las posesiones que ocupaban ilegalmente.
Para esa fecha, siete entregaron los predios y potreros sin problema alguno; seis no lo han hecho y 15, entre ellos los que ocupan mayores superficies, se niegan a hacerlo.
El delegado de la Procuraduría Agraria, Pedro Martínez Chairez, dijo que los tribunales agrarios reconocieron como únicos propietarios de las 44 mil hectáreas de tierras del ejido Baqueachi a los rarámuris; sin embargo, la existencia de posesionarios mestizos que durante décadas usaron esas tierras para ganadería ha generado un conflicto comunitario que ya derivó ya en una especie de apartheid en esa comunidad.
El gobernador indígena Patricio Chávez Gabriel acusó a Martínez Chairez de favorecer a los mestizos, a quienes ha representado en las demandas interpuestas por los 37 avecindados desde 2006, pese a lo cual la resolución favoreció al ejido Baqueachi.
Autoridades tradicionales y dirigentes ejidales del pueblo de Baqueachi interpusieron una queja ante el procurador agrario, Rosendo González Patriño, en contra de Martínez Chairez, a quien acusan de haber asumido una actitud
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El presidente del ejido, Felipe Ignacio González Ramírez, sostiene que las autoridades de la Procuraduría Agraria atentan contra los derechos de los indígenas de Baqueachi.
, advierte.
Además de haber ganado el juicio que les permitirá recuperar 12 mil hectáreas que los mestizos ocupaban ilegalmente, las 521 familias rarámuris tienen que defenderse legalmente en otro frente, por la invasión de 10 mil hectáreas por ganaderos del municipio de Nonoava, con los que también están en litigio.