Nuevos avances contra la pena de muerte
Miguel Concha
Como cada año, Amnistía Internacional publicó en días pasados su informe sobre la situación de la pena de muerte en el mundo. La organización destaca que 2009 fue un año de avances importantes, como el que no se realizara ni una sola ejecución en el continente europeo. Burundi y Togo se unieron a la lista de países que abolieron la pena de muerte, y en el continente americano únicamente Estados Unidos llevó a cabo ejecuciones. Los datos revelan que 95 países son abolicionistas para todos los delitos; nueve son abolicionistas sólo para delitos comunes; 35 son abolicionistas en la práctica, y 58 mantienen la pena capital como forma de castigo.
En 2009 Nicaragua y Brasil se convirtieron en estados partes del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que limita la aplicación de la pena de muerte, aunque Brasil mantuvo una reserva para aplicarla en tiempos de guerra, como consecuencia de la comisión de un delito sumamente grave. Por su parte, España e Italia ratificaron el Protocolo número 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que se refiere a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias.
Desde 1977 Amnistía Internacional realiza campañas a favor de la abolición total de la pena de muerte, por considerarla un castigo inhumano y degradante. La organización se opone a este castigo
. Para Amnistía Internacional siempre existe el peligro de condenar a una persona inocente. Además, este castigo se utiliza de forma desproporcionada contra las minorías raciales, étnicas o religiosas, así como en contra de los más pobres.
El informe Condenas a muerte y ejecuciones 2009 de Amnistía Internacional señala que más de dos tercios de los países del mundo han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. De los 58 países que aún conservan este castigo, sólo 18 realizaron ejecuciones. A escala mundial fueron ejecutadas en total 714 personas, cifra en donde no se incluye a China. Este año Amnistía Internacional decidió no incluir cifras sobre China. Ello responde a que el gobierno de ese país se negó a proporcionar los datos que se le solicitaron, y a que año tras año el número real de condenas y ejecuciones se oculta con el argumento de que estas cifras tienen carácter de secreto de Estado. Por tanto, al omitir datos sobre China, Amnistía Internacional llama la atención de la comunidad internacional para señalar que no les creemos, que no confiamos en los datos que proporciona el gobierno chino. No vamos a conformarnos con cifras aproximadas, cuando la información obtenida por medio de diversas fuentes, entre ellas las de organizaciones civiles de derechos humanos, indican que el número de ejecuciones se cuenta por miles. Si se aceptara que la pena capital es un acto legítimo del Estado, como señalan países como China, Bielorrusia, Corea del Norte, Irán, Mongolia y Vietnam, no tendrían por qué ocultar a la opinión pública la información respecto de las condenas y ejecuciones que realizan, ni temerían al escrutinio internacional. Asimismo, si estos países respetaran los derechos y libertades de su población, no requerirían del uso de la pena de muerte para transmitir mensajes políticos.
China, Irán y Sudán, de acuerdo con la información de Amnistía Internacional, aplican la pena de muerte como forma de control y para acabar con oponentes políticos. En Irán, por ejemplo, en las ocho semanas que transcurrieron entre las elecciones y la toma de posesión del presidente Mahmud Ahmadineyad el 5 de agosto de 2009, 112 personas fueron ejecutadas tras procesos judiciales muy cuestionados.
En el continente americano Estados Unidos es el único país que llevó a cabo ejecuciones en 2009. De las 52 ejecuciones realizadas, Texas es el estado que encabeza la lista, con 24. De los tres últimos años es 2009 cuando se ha ejecutado a más personas en territorio estadunidense. Sin embargo, el número de condenas ha descendido 60 por ciento desde el fin de la moratoria a la pena de muerte en 1977. En marzo de 2009 Nuevo México se convirtió en el decimoquinto estado en abolir la pena de muerte. Su gobernador, Bill Richardson, otrora partidario del castigo capital, declaró que ante la evidencia de errores en los casos de pena de muerte en Estados Unidos, había llegado a la conclusión de que la irreversibilidad de este castigo y el carácter imperfecto de cualquier sistema judicial hacían a la pena de muerte insostenible en cualquier país. Prueba de lo anterior es que el año pasado nueve hombres condenados a la pena de muerte fueron absueltos y puestos en libertad.
México es un país abolicionista. Sin embargo, ante el aumento de los crímenes y delitos que se comenten en el país, y la falta de resultados de las acciones del Estado, surgen voces a favor de la pena capital, incluso manipuladas políticamente. Su restablecimiento en México es imposible, por ser Estado parte de varios instrumentos internacionales de derechos humanos que prohíben su aplicación, y es de sobra conocido que nuestro sistema de justicia es ineficaz y corrupto. La tendencia mundial se dirige por otro lado hacia la abolición de este castigo y a la defensa integral de los derechos humanos, basada siempre en el principio de la dignidad humana. Mantengámonos entonces firmes en esa ruta.