La revista Contralìnea es una de las pocas publicaciones en México sobre periodismo de investigación que está comprometida con las organizaciones, colectivos e individuos que denuncian de manera reiterada contra los abusos del poder público y privado.

 En su caminar se les ha intentado silenciar a través de distintas estrategias que  han llevado a sortear demandas civiles, penales, hostigamiento y amenazas de muerte. El ejercicio periodístico de Contralíea en ética, profesionalismo y veracidad  deja por mucho a la mayoría de los medios de comunicación tradicionales, como Reforma. 

Si quieren conocer su trabajo visten su página web: http://www.contralinea.com.mx/

 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas,

13 de abril de 2010

Boletín  03

Allanan y roban las instalaciones de la revista Contralínea.

El Estado mexicano una vez más es incapaz de proteger la libertad de expresión.

Entre el sábado 10 de abril y el domingo 11, fueron nuevamente allanadas las instalaciones de la revista Contralínea. Esta vez, los delincuentes violentaron las puertas de acceso de todas las oficinas de las áreas editorial y administrativa, sustrajeron documentación contable y periodística, equipo de cómputo y celulares. Este allanamiento se suma a la serie de acosos que ha padecido este medio desde 2007.

El allanamiento sucede en el contexto en que la revista contralìnea esta siendo sujeto de demandas civiles y penales por su trabajo de denuncia de temas relacionados con la seguridad nacional, la corrupción gubernamental, los delitos de cuello blanco, narcotráfico, lavado de dinero, así como temas sociales relacionados con la pobreza, la marginación y la guerrilla.  

Estas acciones podrían ser intentos de censurar su trabajo y por lo tanto atentados contra la libertad de expresión consagrado en el Artículo 13 Convención Americana sobre Derechos Humanos; el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es importante recordarle al Estado mexicano que debe de cumplir con lo estipulado en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su párrafo 13:

“(…) Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.

Ante esto este Centro manifiesta lo siguiente:

Nuestra total solidaridad y respaldo al trabajo digno y responsable que realizan los integrantes de la revista Contralínea, por lo tanto exigimos al Estado mexicano:

• La investigación pronta y efectiva de los hechos y la detención inmediata de los responsables materiales e intelectuales del allanamiento a las oficinas de Contralínea.
• Que se brinden las medidas cautelares efectivas a los integrantes de la revista Contralínea que les permitan realizar su labor sin poner en riesgo su integridad y seguridad personal.

Antecedentes:

El robo a las instalaciones de Contralínea se suma a la serie de acosos que los periodistas de ese medio de comunicación han padecido desde 2007, derivadas de su ejercicio profesional, acoso y agravios que incluyen el allanamiento a sus instalaciones en tres ocasiones (entre 2007 y 2009), y el arresto de su director, Miguel Badillo Cruz, el 16 de enero de 2009, y la orden de arresto contra la reportera Ana Lilia Pérez.

Actualmente, los periodistas de este medio de comunicación tienen medidas cautelares dictadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y medidas precautorias dictadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Desde 2007 este medio informativo ha recibido amenazas de muerte e intimidaciones por parte de corporativos privados contratistas de Petróleos Mexicanos como Zeta Gas, Oceanografía y Blue Marine. Estas compañías mantienen seis demandas civiles y una penal contra Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez, Nancy Flores y Jorge Meléndez.

El más reciente allanamiento y robo en agravio de la revista Contralínea se registra a siete meses de que la CNDH emitiera la recomendación 57/2009 –el 14 de septiembre de 2009–, en la cual determinó que los poderes federales Ejecutivo y Judicial violaron los derechos humanos de los reporteros de la publicación.