Represas contra los pueblos: La Parota y El Zapotillo

Magdalena Gómez

Los proyectos para construir represas en La Parota y El Zapotillo no son los únicos en los tiempos actuales, mucho menos a lo largo de la historia. En nuestro país numerosos pueblos han sido sepultados y sus poblaciones han sido gravemente afectadas tanto en sus condiciones materiales como en los procesos de desintegración cultural forzada que los mismos han provocado. Sin embargo, los proyectos citados son emblemáticos, pues muestran la muy anómala operación de las instituciones promotoras: en el primer caso, la Comisión Federal de Electricidad, y en el segundo la Comisión Nacional del Agua, e incluso las encargadas de proteger el equilibrio ecológico, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que viola sus propias normas al emitir las manifestaciones de impacto ambiental (MIA). También lo son por el ánimo comunitario organizado en torno al rechazo a su ejecución.

Después de siete años de dura pelea en los planos jurídico y político se creía que el proyecto de La Parota estaba descartado, inclusive el hecho de que no apareció en el presupuesto federal de 2010 así lo confirmaba. No obstante, recientemente se recordó la declaración que hizo el 31 de julio de 2008 en Acapulco, Guerrero, el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, de que insistirían en activar el proyecto “con nuevos actores”.

El pasado 18 de abril habitantes de las comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec impidieron la asamblea que se llevaría a cabo en el poblado de La Concepción, convocada por quienes se dicen integrantes del comisariado ejidal, donde se pretendía aprobar la expropiación de mil 300 hectáreas para el desarrollo de la presa referida y el cambio de uso de suelo.

El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) encabezó la oposición a una nueva asamblea manipulada, como las que en años anteriores han logrado que el tribunal agrario declare su nulidad.

En lo referente al proyecto de la represa El Zapotillo, en Jalisco, en los días recientes se activó la amenaza en contra de los opositores al mismo. Si recordamos, el año pasado se difundieron las irregularidades presentes tanto en el proyecto de licitación aprobado como en la MIA, que no corresponde a las características de la licitación.

La inconformidad de otros participantes en la convocatoria motivó que la Secretaría de la Función Pública interviniera provocando la virtual suspensión del proyecto. Ello aunado a la negativa del cambio de uso de suelo, pues el cabildo del municipio de Cañadas de Obregón no lo autorizó el 25 de septiembre de 2009, decisión reforzada por el rechazo de las comunidades que serían inundadas: Temacapulín, Palmarejo y Acasico. Por su parte, el Colectivo COA denunció ante el tribunal de lo contencioso administrativo las irregularidades señaladas, solicitando la nulidad de la licitación (El Universal, 1, 2 y 3/10/09).

Los pueblos indígenas tienen el derecho a participar en la toma de decisiones y de prestar o denegar su consentimiento a todas las actividades que afecten sus tierras, territorios y recursos o derechos en general. Por ello la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que el derecho interamericano de derechos humanos requiere de “medidas especiales que garanticen el reconocimiento de los intereses particulares y colectivos que tienen los pueblos indígenas sobre la ocupación y utilización de sus tierras tradicionales y recursos, y su derecho a no ser despojados de este interés excepto con el consentimiento plenamente informado, bajo condiciones de igualdad, y a cambio de una compensación justa” (CIDH. Informe 75-02, caso 11.140, Mary and Carrier Dann, en parr. 131. United States, 27 de diciembre de 2002, parr. 131).

Normalmente, las decisiones estatales respecto de cuándo, dónde y cómo explotar los recursos naturales se justifican en nombre de los intereses de la nación, los cuales suelen ser interpretados como reflejo de los intereses de la mayoría. El resultado redunda en que los derechos e intereses de los grupos sin representación, como son los de los pueblos indígenas y otros, frecuentemente terminan subordinados en nombre de los llamados intereses de “la mayoría”.

Asimismo, en estos proyectos de represas se pone en juego la relación entre los ámbitos federal y estatal, pues no obstante que se ubican dentro de las facultades federales, la entidad federativa tiene funciones que cumplir y lo hace en contra de los pueblos. Casos como éstos han sido presentados en las instancias internacionales porque se ubican en el límite de la relación entre el concepto de desarrollo nacional y la posibilidad de la sobrevivencia, y la existencia misma de los pueblos indígenas.

Como vemos, el calderonismo también tiene otras guerras no tan visibles de las que la mayoría de los medios no se ocupa, al fin que sólo habría “daños colaterales” si se inundan y desplazan comunidades.