Los rarámuri “estorban” al turismo

El gobierno ya “vendió” sus tierras

La expropiación de territorios indígenas en beneficio de programas turísticos que no sólo los despojan de sus tierras, sino que atentan contra su cultura, es la constante a lo largo del territorio nacional. El caso de los rarámuri (conocidos como tarahumaras), en la sierra de Chihuahua, no es la excepción. Se sabe, por ejemplo, que actualmente hay 22 casos agrarios pendientes en los tribunales de Chihuahua, de los cuales en 11 está documentado el desplazamiento de 1 712 familias rarámuri de sus tierras.

En 2003 (cita el periodista chihuahuense Alejandro Chávez) “271 mil hectáreas situadas en el municipio de Bocoyna, declaradas territorio nacional, fueron vendidas a un particular, quien después se las revendió al estadounidense Skip McWilliams en el predio conocido como Recowata; y en el poblado de Abogato, del ejido de San Alonso, serán vendidas tierras de tarahumaras para la construcción del teleférico de las Barrancas del Cobre”. Esta noticia fue de marzo de este año y seis meses después es una realidad.

El ya famoso proyecto del teleférico en tierras tarahuamaras, afectará una superficie de 16 924 hectáreas, en la que habitan un total de 203 familias indígenas con un promedio de 7 miembros por familia, lo que hace una población total de aproximadamente 1 421 personas afectadas.

Las autoridades tradicionales de las comunidades tarahumaras de Bacajípare, Huetosachi y Mogotavo, del municipio de Urique, Repechike y Bocoyna, denunciaron que han sido presionadas “para dejar nuestras tierras porque hay gente de afuera que quiere quedarse con ellas… Estas tierras las hemos ocupado de siempre, primero por nuestros abuelos y nuestros padres, ahora por nosotros y nuestros hijos y por esta causa hemos sufrido amenazas a nuestra vida, agresiones verbales y escritas e intentos de desalojo”. Los afectados han presentado denuncias ante los tribunales agrarios, civiles y penales sin obtener, por supuesto, ninguna respuesta.

El pasado 12 de agosto, dos días después de que los rarámuri denunciaron el despojo ante la onu, obtuvieron una respuesta de Héctor Valles, secretario de Desarrollo Comercial y Turismo del gobierno de Chihuahua, quien sin pudor alguno declaró que le resulta “sospechoso” que surjan personas inconformes con el proyecto turístico. Las declaraciones del funcionario difundidas en El Diario de Chihuahua no tienen desperdicio. Para él la Barranca del Cobre y sus alrededores, donde han vivido ancestralmente las comunidades tarahumaras, “son una joya olvidada que tiene mucho potencial turístico”.

Valles dice desconocer a las autoridades de los pueblos rarámuri. Para él, el modelo a seguir es el que siguen las comunidades indígenas en Nuevo México, Estados Unidos, “donde les va muy bien con los proyectos turísticos”. En cambio, dice, “aquí todo se cuestiona y no se quiere que se haga nada, todo se ve con desconfianza y abuso, se bloquean los proyectos y se prefiere que las comunidades sigan en la pobreza extrema”.

Martín Moreno y María Monarca, gobernadores tradicionales de Bacajípare y Huetosachi, respectivamente, explicaron que “desde que arrancó el proyecto turístico Barrancas del Cobre la vida comunitaria se alteró y no saben si podrán seguir viviendo en sus casas y sembrando sus tierras, como lo han hecho por generaciones”, consignó la corresponsal de La Jornada en Chihuahua.

Las autoridades rarámuri denunciaron que “empresarios y políticos se disputan la zona para construir hoteles, restaurantes y tiendas para miles de turistas que visitan las Barrancas del Cobre, y se prevé que llegue más gente con las obras de infraestructura en marcha, entre ellas el teleférico, cuya inauguración está planeada para principios de septiembre”.

Ojarasca