Trata de personas y derechos humanos

Miguel Concha

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el pasado 12 de agosto en su sexagésimo cuarto periodo de sesiones la Resolución A/RES/64/293, denominada Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para Combatir la Trata de Personas. Dicha resolución se suma a un conjunto de instrumentos internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por diferentes países en todo el mundo, particularmente el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, en especial de mujeres y niñas y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, que entró en vigor el 25 de diciembre de 2003.

Según la definición del protocolo, por trata de personas se entenderá “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño o el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad; o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación, lo que incluye como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.

El plan de acción mundial correspondiente reconoce que los esfuerzos que se están realizando en la lucha contra la trata de personas en el mundo son limitados y requieren del compromiso de los estados por establecer mecanismos de acción eficaces para perseguir a los delincuentes, proteger a la víctimas y establecer adecuados programas de prevención entre las poblaciones. Y entre éstas, especialmente las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como son los migrantes laborales y las mujeres, y niñas y niños víctimas de explotación sexual.

La resolución insta al Secretario General a alentar a las estados que no lo han hecho a que ratifiquen el protocolo; a establecer un fondo fiduciario de Naciones Unidas para víctimas de trata de personas; a fortalecer la asistencia técnica de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a los países que así lo requieran, y a establecer mecanismos de coordinación con organizaciones de la sociedad civil para las campañas de prevención y programas de atención a víctimas, entre otras cosas. El Plan de Acción consta de 61 puntos, y pueden consultarse en www.un.org/Depts/dhl/resguide/r64sp.shtml.

Entre ellos se encuentra la condena a todas las formas de demanda de trata de personas que provoca la explotación laboral o sexual.

Este plan mundial de acción nos interpela y cuestiona como países y como sociedad, en un mundo en el que se globaliza inequitativamente la economía, se restringe la movilidad de las personas de un continente y de un país a otro –sobre todo en el sur y del sur al norte– y se masifican a un ritmo acelerado las formas de explotación con las cuales se obtienen grandes ganancias. El crimen organizado trasnacional ha encontrado además en la trata y el tráfico de personas ganancias exorbitantes en detrimento de la dignidad y movilidad humana, como lo ha evidenciado recientemente la matanza de los 72 transmigrantes en San Fernando, Tamaulipas, así como la existencia de miles de anuncios clasificados para la explotación sexual que aparecen diariamente en muchos periódicos del país.

Frente a estos hechos y estos compromisos, los Estados de los países latinoamericanos deberán escuchar las múltiples voces de las organizaciones de la sociedad civil, académicos y activistas que se reunirán del 21 al 24 de septiembre en la Universidad Iberoamericana de Puebla en el Segundo Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas
(www.tratacongreso2010.org), el cual reunirá a expertos internacionales de todos los países de América Latina y el Caribe, así como experiencias exitosas de algunas fiscalías –como las de Paraguay, Argentina, El Salvador y México–, así como de los gobiernos de Noruega, Suecia y Estados Unidos.

Con más de 250 ponencias registradas y 30 exposiciones magistrales y participaciones en mesas redondas, el congreso reflexionará sobre el tráfico de personas migrantes y sus derechos; la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes; la trata de mujeres para la explotación sexual; el acceso a la justicia para personas víctimas de trata, y experiencias exitosas de gobiernos y la sociedad civil para la prevención y tipificación del delito, la persecución de los delincuentes y la protección de las víctimas.

Destaca la presencia de redes internacionales de organizaciones civiles, como la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, y de redes nacionales como la Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas, el Colectivo contra la Trata de Personas, el Espacio DESC y observatorios ciudadanos y académicos de diversa índole, entre otras.

Especial relevancia tendrán las demandas expresadas en días recientes por las organizaciones de la sociedad civil de Puebla y Tlaxcala frente a las violaciones a los derechos humanos que por omisión o por comisión han efectuado en esta materia los gobiernos estatales y municipales de ambos estados.