Muere niña jornalera en campo agrícola del estado
de México

• La niña me´phaa, de Santa María Tonaya, murió atropellada por un camión el pasado viernes 8 de octubre.

• Un día antes, camioneta que transporta 11 jornaleros sufre accidente en Jalisco, 5 de ellos son menores.

• Estas situaciones muestran las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran los niños jornaleros, la falta de respeto a su derecho a la vida, integridad personal y seguridad social.

Tlapa de Comonfort, a 11 de octubre de 2010- Una niña me´phaa fue arrollada por una camión en el campo agrícola de San Lorenzo Tlaltecoyan, Estado de México, el pasado viernes 8 de octubre muriendo instantáneamente. Un día antes, el 7 de octubre, 5 menores me´phaa también de Santa María Tonaya, resultaron heridos en accidente automovilístico en el estado de Jalisco, cuando se trasladaban junto con sus padres a campos agrícolas del municipio de Aranda.

La muerte de la niña me´phaa sucedió en la localidad de San Lorenzo Tlaltecoyan, municipio de Ozumba, a las 10:00 horas del viernes 8 de octubre. Su padre de 20 años y su mamá de 19, son originarios de la comunidad indígena me’ phaa de la variante bathaa de Santa María Tonaya, municipio de Tlapa, en la región de la Montaña de Guerrero. Desde hace años, se desempeñaban como jornaleros agrícolas como único medio de sobrevivencia ante la imposibilidad de cultivar las tierras de su comunidad.

Mientras ellos trabajaban, su hija dormía en una cajita improvisada en los surcos de jitomate, donde la protegían del sol y la tierra. Negligentemente un camión recolector pasó sobre la caja en la que se encontraba la menor causándole la muerte de manera instantánea. De acuerdo con el certificado de defunción la causa de la muerte fue por laceración cerebral, hemorragia intracraneana y por traumatismo craneoencefálico. La menor tenía apenas 5 meses y todavía no estaba registrada. Su cuerpo no fue levantado del surco en que se encontraba hasta 6 horas después cuando fue trasladado, a las 4:30 pm, a la agencia del Ministerio Público en Amecameca, Estado de México.

Después de rendir su declaración, los familiares de la niña pidieron al patrón del campo donde falleció su hija que su cuerpo fuera trasladado a su lugar de origen, para poder llevar a cabo el sepelio, sin embargo ante esta situación y debido a la fuerte presión que sentía por parte del patrón los papas de la menor tuvieron que optar por sepultarla el día sábado 9 de octubre en la localidad de Colonia de Guadalupe Hidalgo, municipio de Atlautla, del Estado de México.

Por su jornada laboral cada uno de ellos ganaba 140 pesos diarios. La falta de infraestructura básica en el campo para poder brindar protección a su hija, así como la falta de asistencia institucional conlleva a que los jornaleros agrícolas estén laborando en situaciones de extrema vulnerabilidad y expuestos a sufrir situaciones que ponen en riesgo a su vida, tal como es el caso de la menor.

Por otro lado, también se registro un accidente en el municipio de Aranda, en el estado de Jalisco, donde se vieron afectados una familia de jornaleros agrícolas me´phaa también de la comunidad de Santa María Tonaya. Los hechos sucedieron a las 8.30 de la mañana, cuando se dirigían a trabajar a un campo agrícola. En el accidente resultaron lesionados los 11 miembros de la familia, quienes 5 son menores de edad: Marco Antonio Andrés, de dos años de edad; Oscar Andrés Solano, de 6 años; Cesar García Cano y Adolfo Solano Ávila, ambos de 9 años y Silvia Andrés Solano, de 12 años.

Los 11 indígenas hubieron de ser trasladados al Hospital Sagrado Corazón de Jesús, donde fueron atendidos a través del Programa de Atención de Migrantes Jornaleros del DIF Jalisco. Al no contar con seguro social por su trabajo, les pidieron pagar en concepto de gastos médicos hasta 15 mil 513 pesos. Además, el conductor del vehículo contra el que chocaron, originario del municipio de Aranda, exigió una suma de 60 mil pesos de indemnización que ascendió posteriormente a 120 mil. En la negociación de estos pagos intercedió el Ministerio Público que, a través de un trato parcial y discriminatorio hacia los indígenas me´phaa, presionó para que esta suma fuera subsanada en las próximas semanas.

Cabe destacar que el patrón del campo agrícola en el que trabajaban, Cleto Alfaro, se personó en el lugar de los hechos como “favor personal”, sin embargo se deslindó por completo de toda responsabilidad sobre sus trabajadores, a pesar de estar obligado por ley a garantizarles una seguridad social. Esta era la segunda temporada que la familia de jornaleros trabajaba para él, recolectando tomatillo, labor que realizaban a destajo junto con otros jornaleros migrantes provenientes de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Por cada costal de tomatillo ganaban 20 pesos y ellos mismos habían de costearse residencia y pasaje.

Estas situaciones ponen de manifiesto una vez más las condiciones de especial vulnerabilidad en que se encuentran los niños y niñas migrantes que se dirigen junto con sus familias a trabajar como jornaleros a los campos agrícolas, así como el trato discriminatorio que reciben y la falta de condiciones mínimas de seguridad para garantizar su integridad personal, su derecho humano a la vida y las condiciones laborales optimas en los lugares de trabajo. La vulneración de sus derechos básicos se da, no solamente durante el trabajo en sí, que muchos menores realizan para alcanzar un ingreso complementario al de sus padres, sino también durante el traslado al trabajo y en los lugares de habitación.

La falta de guarderías y centros de educación especializados en niños indígenas migrantes en sus lugares de origen, así como en las zonas de trabajo, condujeron en ambos casos a que los menores acompañaran a sus padres a los centros de trabajo en situación de total invisibilidad.

Contexto

Cada año migran más de 8 mil jornaleros de la Montaña de Guerrero a campos agrícolas del Norte y a la región del Centro de México. Al menos, 38 por ciento de ellos tienen menos de 14 años. Los casos de niños y niñas que han muerto en campos agrícolas y que trascendieron a la opinión pública ya pusieron el acento en la necesidad de implementar programas de protección especiales para ellos, sin embargo la impunidad e invisibilidad que prevalece en la mayoría de ellos, donde las negociaciones se han hecho en condiciones de desigualdad, conduce a que estas situaciones se repitan y perpetúen cada año.

Algunos de los casos documentados de niños que murieron en campos agrícolas años pasados son el de David Salgado Aranda, niño naua de 8 años originario de la comunidad de Ayotzinapa que murió el 6 de enero de 2007; el de la niña me´phaa Marcial Solano González, que murió a los 11 meses de una enfermedad diarreica; el caso de Mario Félix Martínez, que tenía 9 años cuando perdió la vida al ahogarse en un estanque del campo agrícola patote; el de Ismael Santos Barrera , también originario de Santa María Tonaya, que falleció el 7 de febrero de 2009 atropellado por un camión; el de Rosa de los Santos Gálvez que murió al año y tres meses de edad por enfermedad gastrointestinal en marzo de 2009 o el de Estrella Santos Nava, que tenía 11 meses de edad cuando murió calcinada al incendiarse la cuartería de lámina de cartón donde se encontraba junto con otros 14 niños. El pasado 18 de julio de 2010 falleció Flora Jacinto Vázquez, de años de edad por ingerir agua contaminada.

Ante esta situación fue como en el mes de noviembre de 2009 en una Audiencia Pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, se expuso y visibilizó la grave la situación que sufren los jornaleros indígenas migrantes. El Estado mexicano no ha implementado, sin embargo, las medidas necesarias para atender esta situación y los jornaleros y niños migrantes siguen siendo objeto de discriminación, invisibilizados y colocados en una situación de vulnerabilidad y riesgos extremos. Este vacío institucional que persiste por parte de las autoridades federales y estatales es la causa fundamental del deceso de los menores ya que no existe ningún monitoreo de las muertes de los niños en los campos que ponga fin y señale a los responsables de esta tragedia.

Como Tlachinollan nos duele que los niños jornaleros sigan en una situación de extrema vulnerabilidad y vemos lamentable que las organizaciones civiles sigamos contando estas tragedias sin que las autoridades competentes busquen soluciones al problema e incluso lo invisibilicen por completo, hasta el punto de que a la última reunión sostenida el 8 de septiembre de 2010 en la Unión de Servicios Integrales (USI) de Tlapa de Comonfort para implementar debidamente el Programa Emergente de Jornaleros Agrícolas de la Montaña de Guerrero solo asistieron cargos de bajo perfil que se negaron a asumir compromisos y la subsiguiente reunión fue aplazada indefinidamente.

El Consejo de Jornaleros Agrícolas de Región de la Montaña y el CDHM/Tlachinollan exigimos:

– Que se haga justicia respecto a la muerte de la menor jornalera, para evitar que el caso quede impune.

– Que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de México realice una investigación apegado a derecho y de manera imparcial para determinar la responsabilidad de los presuntos responsables de la muerte de la menor.

– Una indemnización justa a los padres de la menor, considerando que tal indemnización no repara el daño sufrido.

– Que el gobierno federal y los gobiernos estatales regulen las condiciones en los campos agrícolas para tener las condiciones necesarias de vida y de trabajo.

– Que la Secretaria del Trabajo y Previsión Social aplique los reglamentos de inspección en los campos agrícolas a fin de corroborar que las mismas se aplican y sean cumplidas.

– Que los jornaleros cuenten con contratos de trabajo en donde se contemple su Seguridad social y se garantice el respeto a sus derechos humanos.

– Que el traslado a los campos se realice en condiciones de seguridad.