Gustavo Esteva
En el discurso político y académico actual se alude con frecuencia a la relación entre izquierda y autonomía. En general, se da por sentado que estos dos términos son enteramente compatibles entre sí, sin tomar en cuenta que, para ciertas izquierdas, ciertas autonomías son inaceptables. Y a la inversa…
Lo ocurrido en San Andrés en 1996 puede contribuir a esclarecer el asunto, cada vez más importante en la lucha política actual.
En la primera reunión de los dirigentes zapatistas con los asesores que invitaron para sus negociaciones con el gobierno se les preguntó por su noción de autonomía. “Tenemos una concepción que aplicamos cotidianamente en nuestras comunidades”
, respondieron. “Pero sabemos que no es la única ni necesariamente la mejor. Los hemos invitado para descubrir la noción de autonomía que represente el consenso de los pueblos indios de todo el país, que es la que negociaremos.”
Los zapatistas confirmaron esta actitud en el Foro Nacional Indígena que convocaron. Tras escuchar la posición de los pueblos indios, la llevaron a la mesa de negociación.
No todos los asesores admitieron la postura consensuada. Algunos expresaron en público y en privado su desacuerdo con los acuerdos de San Andrés, porque según ellos no se habrían ajustado a las demandas históricas de los pueblos indios. Por ejemplo, al escribir para la Revista del Senado de la República Héctor Díaz Polanco señaló que lo acordado no era realmente autonomía porque no estipulaba lo que según él la definía: base territorial, un gobierno autónomo “definido como un orden de gobierno específico, constitutivo del sistema de poderes verticales que conforma la organización del Estado”
y competencias que configuraran “la descentralización política consustancial a todo régimen autonómico”
(vol. 2, núm. 2, p.109).
Diversas izquierdas y derechas coinciden con ese punto de vista. Es la autonomía que se reconoce a Madrid: una forma de descentralización de los poderes estatales. Pero no fue esto lo que se pactó en San Andrés. No es la autonomía que exigieron los pueblos indios. Los acuerdos comprometieron una reforma profunda del Estado mexicano, que fuera expresión de un nuevo pacto social que fundara una nueva relación entre los pueblos indios y el Estado. Al reconocerlos como tales, podrían ejercer su libre determinación y sus formas propias de gobierno en tanto entidades de derecho público, como los estados de la Federación. Sus prácticas políticas y sociales no serían formas descentralizadas de administrar poderes verticales del Estado, como quiere aquella posición, sino expresión realmente autónoma de la voluntad soberana de los pueblos indios, en un régimen jurídicamente pluralista.
Así torció la puerca el rabo. En vez de lo acordado en San Andrés, los poderes del Estado produjeron una contrarreforma que disolvió en retórica vacía lo acordado. Sin la legislación pactada, los zapatistas y muchos pueblos indios tuvieron que seguir practicando su autonomía de hecho. Continúan demostrando que pueden y quieren ejercerla sin desgarrar la nación ni someterse a los poderes verticales del Estado.
Tal autonomía “puede igualmente aplicarse a los pueblos, a los sindicatos, a los grupos sociales, a los grupos campesinos, a los gobiernos de los estados o a los estados que son nominalmente libres y soberanos dentro de la Federación”
, como aclararon los zapatistas desde mayo de 1994. Lejos de pretender imponer esa noción a otros, buscaban crear un espacio político en que la gente misma, no un líder carismático, un académico, una vanguardia o un partido que pretendiesen hablar en su nombre, pudiera discutir éstas y otras propuestas y llevarlas a la práctica.
En ese proceso seguimos: en la activa creación de ese espacio político, cada vez más amplio y consolidado en la base social, mientras arriba sigue la bulla vacía… que opera como cortina de humo para disimular la agresión constante a los empeños populares, particularmente aquellos que se manifiestan como ejercicios autonómicos.
En Chiapas persiste una agresión incesante, con creciente violencia, contra la rebelde autonomía zapatista. En Oaxaca continúa la violación cotidiana de esfuerzos semejantes. Las reformas conquistadas en 1998 captaron el espíritu de San Andrés al plasmarse en la Constitución del estado que “el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas se expresa como autonomía”
. Como “partes integrantes del estado de Oaxaca…tienen personalidad jurídica de derecho público… La ley reglamentaria establecerá las normas… que aseguren el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas para: su organización social y política… sus sistemas normativos internos, la jurisdicción que tendrán en sus territorios…” Nada de esto respetan los poderes constituidos, que siguen viendo la autonomía como algo ajeno a los “usos y costumbres”
de los pueblos oaxaqueños, según acaba de declarar el gobernador electo.