Ciertamente no resulta sorprendente –aunque sí escandaloso y exasperante– que un liderazgo opaco y antidemocrático como el que ejerce Elba Esther Gordillo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y de su apéndice partidista (Panal), se vea envuelto en flagrantes violaciones a las reglas básicas de la transparencia y la democracia, como el reparto de la propaganda mencionada. En cambio, con la distribución de la misma en los centros de estudio, las autoridades educativas de los distintos niveles –empezando por el federal– quedan exhibidas en su responsabilidad por acciones u omisiones de diversa gravedad, que podrían ir desde la claudicación en funciones elementales de vigilancia y observancia de la legalidad en las escuelas, hasta la complicidad con quienes violan la ley, y es que resulta difícil imaginar que acciones como las comentadas puedan llevarse a cabo sin el conocimiento y la aceptación, cuando menos tácita, de las secretarías de Educación estatales y de la propia dependencia federal.

Por añadidura, si bien es cierto que prácticas como las referidas son inaceptables, con independencia del instituto político que las lleve a cabo –y deben, en cualquier caso, ser sancionadas conforme a derecho–, en el caso del Panal el episodio tiene un telón de fondo ineludible: el intercambio de favores entre la candidatura, primero, y después la presidencia de Felipe Calderón y el liderazgo magisterial. Durante los pasados cuatro años, los buenos oficios políticos prestados por la cúpula sindical al oficialismo han sido pagados con cargos públicos, con dádivas extraordinarias a cargo del erario, con la virtual entrega a la camarilla gordillista del manejo del sistema de enseñanza pública y con medidas que, lejos de erradicar la corrupción, consolidan el control del actual liderazgo del SNTE sobre sus agremiados.