Resulta inevitable relacionar esa decisión con las declaraciones alarmadas y alarmantes formuladas en semanas y días recientes por diversos funcionarios del país vecino acerca de la descontrolada violencia que sacude al territorio nacional. No han faltado, en tales declaraciones, la evocación de escenarios de intervención militar directa por parte de Washington en México, ni los regaños insolentes –tolerados, por desgracia, por las autoridades nacionales– tras el condenable ataque que sufrieron hace unos días, en la carretera que va de San Luis Potosí a Monterrey, dos integrantes del servicio estadunidense de Aduanas, uno de los cuales resultó muerto.

Resulta incoherente, por decir lo menos, que la cúpula política del país vecino se exaspere ante el auge, ciertamente estremecedor, del poder de fuego de las organizaciones criminales que operan en México y que no haga nada por impedir el armamentismo de esas mismas organizaciones.

No es éste el único ejemplo de la ambigüedad mostrada por Estados Unidos ante el baño de sangre, el descontrol y la disolución institucional que padece México. En este trágico escenario, otras claves del conflicto están en manos de Washington, por ejemplo, la falta de voluntad efectiva del gobierno estadunidense para frenar la demanda de drogas ilícitas. Otra es su empecinamiento en promover, al sur de la frontera binacional, soluciones de fuerza contra el narcotráfico que han probado su ineficacia y su condición de generadoras de violencia adicional y exponencial; la tercera es la tolerancia al lavado de dinero en los circuitos financieros de la economía estadunidense, a la cual ingresan anualmente decenas o cientos de miles de millones de dólares provenientes de las utilidades del trasiego de estupefacientes ilícitos.