Preocupación por la detención al Director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa y a dos de sus colaboradores, todos defensores de derechos humanos

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, (Frayba), manifiesta su preocupación por la detención de los defensores de derechos humanos José María Martínez Cruz, Eduardo Alonso Martínez Silva abogados del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, (CDH Digna Ochoa) y Nataniel Hernández Núñez, Director de esa organización, con sede en la ciudad de Tonalá, Chiapas, México.

La detención se llevó a cabo el día 22 de febrero del presente, cuando los defensores se encontraban realizando actividades de observación y documentación de posibles violaciones a los derechos humanos, que podrían cometerse por parte de las autoridades estatales mientras se realizaba un bloqueo carretero en el tramo Tonalá – Pijijiapan, en el punto conocido como La Pilita.

En el bloqueo, organizado por el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, participaban personas de al menos cinco comunidades de esa región, en el marco de acciones de protesta que han venido realizando organizaciones civiles, comunidades indígenas y campesinas para pedir la liberación de 10 personas adherentes a La Otra Campaña del ejido San Sebastián Bachajón, Chiapas. Junto con los defensores de derechos humanos, fueron detenidas varias personas más, quienes ya están en libertad.

Según información con la que cuenta este Centro de Derechos Humanos, los tres defensores fueron consignados por el ministerio público por los delitos de motín, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad del Estado.

De la ciudad de Tonalá fueron trasladados al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 14, El Amate (CERSS No. 14, El Amate), en el municipio de Cintalapa, Chiapas y puestos a disposición del Juzgado Primero Penal bajo el expediente 34/201. El juez de la causa  a últimas horas les retiró el delito de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad del Estado, por lo que los tres defensores se encuentran detenidos por el delito de motín.

La Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha expresado que los gobiernos suelen servirse del sistema judicial como instrumento de hostilidad y castigo contra defensores de derechos humanos. A fin de disipar toda impresión de que, en su opinión, la defensa de los derechos humanos sea un acto delictivo, normalmente acusan a los defensores de los derechos humanos de delitos contra la seguridad del Estado.1

Asimismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el respeto a los derechos humanos en un estado democrático depende, en gran parte, de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen las y los defensores de derechos humanos para realizar libremente sus actividades.2 En consecuencia, los Estados deben otorgar garantías efectivas y adecuadas a las y los defensores  y prestar particular atención a acciones que limiten u obstaculicen su trabajo.

El Frayba, manifiesta su preocupación por la utilización de acciones legales en contra de defensores de derechos humanos, con el objeto de hostigarlos judicialmente y desprestigiar su trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos.

El Frayba, exige al gobierno del estado de Chiapas, que cumpla con su obligación de poner fin a todo tipo de agresión y/u obstrucción al trabajo de las y los defensores de derechos humanos en Chiapas y que como parte del Estado mexicano cumpla con las obligaciones contraídas en la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos.

Antecedentes

En Junio del 2010, el Sr. Nataniel Hernández Núñez, había sido objeto de hostigamiento judicial acusándolo de ataques a las vías de comunicación.

El CDH Digna Ochoa, es una Asociación Civil sin fines de lucro, creada en el 2009, cuenta con reconocimiento legal, trabajan en la Región Istmo – Costa del estado de Chiapas, principalmente en los municipios de Arriaga, Tonalá, Mapastepec y Pijijiapan. Realizan actividades de defensa y promoción de derechos civiles y políticos; derechos económicos, sociales y culturales, además acompañan a organizaciones sociales y brindan asesoría jurídica. Apoyan al Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, trabajando en las comunidades para formar promotoras y promotores de derechos humanos.

-.-
— Comunicate con nosotros vía Skype: medios.frayba