Las siguientes organizaciones de diversas regiones del país:

Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria, O.P.», A.C.

Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh)

Comité Cerezo México

Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (Cencos)

FUNDAR – Centro de Análisis e Investigación, A.C.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDT, compuesta por 73 organizaciones en 23 estados de la República)

Católicas por el Derecho a Decidir México

Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir

Por el estado de Guerrero:

 

Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C.

Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C.

Organización del Pueblo Indígena Mepha´a

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, A.C.

 

Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota

Radio Ñomndaa, La Palabra del Agua

 

Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco

Emitimos el siguiente pronunciamiento conjunto:

 

I M P U N I D A D

A dos años de la desaparición forzada y ejecución de los defensores de derechos humanos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas:

Ni justicia ni verdad.

 

En el marco de la conmemoración del segundo aniversario luctuoso de la desaparición y ejecución de los defensores de derechos humanos del Pueblo Na Savi, las organizaciones firmantes:

Recordamos que el 13 de febrero del 2009, mientras se encontraban en un acto público convocado por el Ayuntamiento de Ayutla de los Libres, Guerrero, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), fueron detenidos y desaparecidos por personas que se ostentaron como elementos de seguridad. Siete días después, el 20 de febrero, fueron hallados en el municipio de Tecoanapa los cuerpos de Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas con visibles huellas de tortura.

Desde el momento de su desaparición hasta el día en que fueron encontrados los cuerpos de Raúl y Manuel, las autoridades estatales encargadas de la investigación actuaron con lentitud, a pesar de las acciones que emprendieron los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos. Las indagatorias continuaron siendo poco diligentes y, al existir indicios relacionados con la comisión de delitos federales, fueron remitidas a la Procuraduría General de la República. A la fecha, sin embargo, esas indagatorias no han arrojado resultados: los hechos no han sido esclarecidos y los responsables no han sido sancionados.

Tras dos años de infructuosas investigaciones la impunidad ha prevalecido, sin importar que a la exigencia de justicia de los familiares de Raúl y Manuel se hayan sumado actores tan diversos como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; el Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada de la ONU; la Presidencia de la Unión Europea; organizaciones internacionales como Human Rights Watch,The Washington Office on Latin America (WOLA), Latin America Working Group (LAWG), Amnistía Internacional; e incluso el Congreso de la Unión de nuestro país. 

Al constituir un signo inequívoco de que en México los atentados contra defensores y defensoras de derechos humanos son tolerados por el Estado, la impunidad también ha significado perpetuar las condiciones de riesgo que se ciernen sobre las y los activistas en Guerrero.

Es preciso recordar que a consecuencia de la desaparición forzada y posterior ejecución de Raúl y Manuel, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó el 9 de abril de 2009 la adopción de medidas provisionales para 107 defensores y defensoras de derechos humanos de Guerrero, integrantes de la OFPM, de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y de Tlachinollan. Sin embargo, estas medidas han sido inefectivas.

Muestra de ello, es que las agresiones continuaron. Durante el 2010, otro dirigente na savi de la OFPM, Álvaro Ramírez Concepción, sufrió un atentado armado y fue acusado injustamente de un delito que se le imputó con base en falsedades; por su parte, los dirigentes de la OPIM recibieron nuevas amenazas, después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú; finalmente, Tlachinollan no ha podido reabrir sus oficinas en Ayutla, desde el 2009, por falta de condiciones de seguridad. 

A partir de lo anterior, es claro que en el estado de Guerrero, las agresiones y amenazas en contra de las y los defensores de derechos humanos, así como la criminalización de la protesta social, forman parte de un patrón de actuación que el Estado perpetúa y cobija.  

Es por ello, y en memoria de todos nuestros compañeros y compañeras, pero en especial en este fecha en nombre de Raúl y Manuel, que las organizaciones que suscribimos demandamos al estado de Guerrero y al gobierno federal impulsar todas las medidas necesarias para garantizar nuestra labor y dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Por eso, hoy exigimos:

• Que las autoridades federales del ámbito de la procuración de justicia realicen una investigación efectiva diligente e imparcial para sancionar a los responsables de la detención y asesinato de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.

 

• Que se brinden medidas de protección a los familiares de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, así como al resto de las personas beneficiarias de las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana a la OFPM, la OPIM y Tlachinollan.   

 

• El cese de hostigamientos y agresiones a las defensoras y los defensores en Guerrero.

 

• Que el gobierno respete el derecho a la protesta y brinde protección a los defensores y defensoras de derechos humanos para que puedan llevar a cabo sus actividades de manera segura y sin temor a represalias.