Alta dependencia de la agricultura comercial,
trampa para los mexicanos

Los precios de la tortilla se duplican en menos de cinco años
Apoyar a los agricultores de pequeña escala, sería solución

Lourdes Edith Rudiño

Los siniestros ocurridos en febrero en campos del noroeste por heladas, en particular en los sembradíos de maíz blanco de Sinaloa, pusieron muy al descubierto la alta dependencia del grano que tiene el centro del país respecto de esa región y respecto de la agricultura tecnificada y empresarial.

Sobre todo porque al mismo tiempo hay advertencias de organismos mundiales –ratificadas, aunque en versión moderada por la Secretaría de Agricultura– de que la situación global de abasto de alimentos empeora a tal grado que, según el Banco Mundial, es previsible que durante este 2011 y el 2012 estalle una nueva crisis alimentaria más grave que la de 2007-08 con efectos nocivos sobre todo en los países deficitarios, como México.

Hay que recordar que en 2008 el número de pobres en México repuntó luego de registrar una tendencia a la baja en los indicadores de este flagelo (en 2002 la pobreza más inaceptable, la alimentaria, afectaba a 20 por ciento de la población nacional; en 2006 a 13.8 y en 2008 a 18.2 por ciento, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal) y hoy todo mundo coincide en que la causa de este fenómeno fue la crisis alimentaria de 2007- 08. En el medio rural, cabe decir, la pobreza alimentaria afectaba en 2002 a 34 por ciento de la población, en 2006 a 24.5 y en 2008 a 31.8.

Tal como ocurrió en 2002-03, cuando la apertura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se volvía más agresiva, un conjunto amplio de organizaciones campesinas se han aglutinado ahora –no obstante sus fuertes diferencias ideológicas y de estrategia– para levantar la voz frente a esta crisis doble (nacional y global) de alimentos, y decir algo muy simple: no pongamos todos los huevos en una misma canasta.

En lugar de dirigir el grueso de los subsidios a la agricultura comercial, debe haber un enfoque más equitativo; deben reorientarse presupuestos para el apoyo de la agricultura de pequeña y mediana escala, pues “si el país y los gobiernos confían en la pequeña agricultura, ésta y sólo ésta, puede rescatar a México de la hambruna que se avecina”. Este fue el mensaje de un documento firmado conjuntamente el 28 de febrero por la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Central Campesina Cardenista (CCC), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), además del Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDCCh), la ECIOAC, la CODUC, la CCI y la Cocyp.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), las heladas en Sinaloa propiciaron una merma de alrededor de cinco millones de toneladas de maíz blanco, pero se contrarrestará en parte por una resiembra de maíz, que, se estima, sumará 450 mil hectáreas en Sinaloa (adicionales a otras 10 mil he maíz en Tamaulipas y 155 mil en el mismo estado para sorgo, así como 40 mil de maíz en Sonora. El saldo de la pérdida de maíz entonces sería de alrededor de 1.8 millones de toneladas.

La Sagarpa estima que la producción nacional de maíz blanco este año sumará 21.7 millones de toneladas y 1.6 millones de maíz amarillo.

Las heladas dañaron en total un millón de hectáreas, 600 mil de ellas en Sinaloa y el resto en Sinaloa y Tamaulipas. Del total 670 mil sufrieron daño total y el resto parcial.

La información sobre las heladas tuvo un efecto inmediato en la cadena maíz-tortilla –igual que ocurrió al iniciar 2007, cuando se supo de una escasez de maíz blanco y se llegó a importar desde Sudáfrica–. La tendencia alcista del precio de la tortilla que se observa desde 2006, luego de que tuvo una cierta estabilidad entre 2001-05 a la par de los precios internacionales del maíz– se agudizó en lo que va de este año, a tal grado que la Secretaría de Economía, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal de Competencia declararon, de la misma forma que a inicios de 2007, que castigarían a los tortilleros abusivos, y de hecho han ejercido sanciones en varios estados de la República.

Esto es, el gobierno está entrampado con la realidad del “libre mercado”, que se topa con la condición empobrecida de la población, que reclama alimentos accesibles, y de allí los discursos de querer controlar lo que en teoría debería ser incontrolable, los precios de la tortilla, mismos que se rigen no sólo por el maíz, sino por los precios de la energía eléctrica y el diesel, los cuales tienden al alza.

Según el seguimiento de la Secretaría de Economía, el precio promedio de la tortilla en el Distrito Federal pasó de 9.07 a 9.44 pesos por kilo, pero si uno hace un recorrido por cualquier colonia, puede observar que los precios están realmente alrededor de los 12 pesos. De finales de 2006 a la fecha se duplicaron en términos absolutos.

El hecho es que anualmente la producción de Sinaloa, de alrededor de seis-siete millones de toneladas de grano blanco es definitiva para el abasto del país y para la estabilidad de los precios de la tortilla.

Por ello los productores y autoridades de Sinaloa tradicionalmente han defendido el que esta entidad –junto con Sonora y Tamaulipas– sea gran beneficiaria de subsidios agrícolas, en particular de los apoyos a la comercialización de granos.

Según una presentación elaborada por Gustavo Gordillo, especialista en temas rurales, el 35 por ciento del gasto público agrícola se concentra en esos tres estados, mientras que los cinco más pobres del país, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Puebla y Guerrero, reciben sólo 5.7 por ciento, a pesar de que éstos contribuyen mucho más al empleo rural que los tres primeros y están más despojados de infraestructura productiva.

A decir de las organizaciones campesinas, “México se encuentra en una situación de emergencia alimentaria”, la cual se ha venido advirtiendo por años desde varios frentes pero el gobierno federal no la quiere reconocer.

El secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, dijo en fechas recientes que es muy remota la posibilidad de que México sufra desabasto de alimentos, pero no está exento de enfrentar precios caros. Y el subsecretario de Agricultura, Mariano Ruiz-Funes, dijo en una entrevista que es necesario reducir nuestro consumo de hortalizas, debido a que éstas se afectaron por la helada junto con los granos. Aunque el funcionario no tomó en cuenta que las hortalizas del noroeste son fundamentalmente para exportación.

Las organizaciones campesinas insisten en que la solución a los riesgos de desabasto, de carestía y de vulnerabilidad ante circunstancias derivadas del comportamiento climático está en invertir más en los pequeños productores. En el país hay siete millones de hectáreas ociosas, dicen, y hay potenciales sin aprovechar, como el del sureste, que podría elevar sustancialmente su producción de maíz si se hicieran pequeñas obras de infraestructura para tener un doble ciclo de siembras en esa región.

Atender esto es fundamental, pues los precios internacionales de los alimentos se mantendrán altos en los próximos años, luego de que se han venido encareciendo; tan sólo en el año reciente subieron 32 por ciento, según un índice elaborado por el Fondo Monetario Internacional.

La vulnerabilidad de México frente a los mercados externos es muy clara: en 2010 México erogó 25 mil millones de dólares para adquirir alimentos del extranjero, principalmente de Estados Unidos, una cantidad semejante a los 294 mil millones de pesos del presupuesto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural, señalan las organizaciones campesinas. “Es decir, se gasta lo mismo para comprar en el extranjero que para todo el gasto público destinado a las zonas rurales, lo cual nos parece equivocado”, señalaron en su comunicado conjunto.