Fuego amigo contra los pueblos del maíz

Silvia Ribeiro*

La Red en Defensa del Maíz, en su asamblea nacional en marzo de 2011, además de rechazar las siembras piloto de maíz transgénico, denunció las leyes estatales aprobadas en Tlaxcala y Michoacán, que supuestamente son para proteger” el “maíz criollo”, pero en realidad, no impiden la siembra de transgénicos y sí promueven el registro, patentes y otras formas de propiedad intelectual sobre el maíz campesino. Establecen además nuevos mecanismos de control gubernamental que complementan el camino marcado por la Ley de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, para ilegalizar la libre circulación e intercambio de semillas. (Ver comunicado de la red en www.biodiversidadla.org/content/view/full/42610)

Las dos leyes estatales declaran su intención de fomentar/proteger el maíz “criollo”, promueven la creación de fondos de semillas y regulaciones sobre éstos, los registros de variedades de maíz y registros de productores de maíz “originarios”, promueven las patentes, denominación de origen y derechos de obtentor sobre el maíz, crean consejos estatales del maíz, con mayoría de funcionarios y gente no campesina. De ninguna forma prohíben la siembra de maíz transgénico.

En Tlaxcala la ley tiene como uno de sus objetivos “Autorizar el almacenamiento, distribución y comercialización de OGM del maíz”. Tales autorizaciones pueden ser “comunitarias” o estatales. La “autorización comunitaria” no es una decisión de la asamblea de la comunidad como sugiere el título, sino de la “autoridad municipal”. O sea, una persona, con todas las vulnerabilidades que esto implica.

Los que presentan la ley como instrumento para detener el maíz transgénico, afirman que este artículo para autorizar transgénicos es lo que hace que se pueda prohibir, porque se puede negar la autorización. Todo un albur. Para empezar, no se refiere al tema nodal: la siembra de maíz transgénico. Solamente al “almacenamiento, distribución y comercialización”. Segundo, cualquier autorización que se niegue, estará sometida a la Ley Monsanto y al veto de las autoridades federales.

Supuestamente, a través de los consejos estatales del maíz y por oficio de la Secretaría de Agricultura estatal se podría solicitar ser “zona libre de transgénicos”, según el artículo 90 de la Ley de Bioseguridad (LBOGM). Una lectura del artículo, nos recuerda porqué se le llama Ley Monsanto. El art. 90. I dice: “Las zonas libres se establecerán cuando se trate de OGM de la misma especie a las que se produzcan mediante procesos de producción de productos agrícolas orgánicos, y se demuestre científica y técnicamente que no es viable su coexistencia o que no cumplirían con los requisitos normativos para su certificación”. Sagarpa define los criterios que aplican y ya sabemos de la arbitrariedad de este organismo para autorizar siembras de transgénicos.
De todos modos, el artículo sólo aplica a quien tenga producción orgánica comercial –según normas establecidas fuera de las comunidades– y certificada. Quedan fuera la inmensa mayoría de las comunidades “originarias”, que obviamente no producen para esos mercados.

¿Quién será entonces el decidido actor que usará y defenderá todas estas intrincadas “posibilidades” legales ocultas?

Los consejos estatales del maíz, que se presentan como la nueva panacea, tienen una integración mayoritaria de funcionarios oficiales, con algunos académicos y ONG. En Tlaxcala aceptan también un indígena y un campesino, y en Michoacán, cuatro “productores de maíz” por podrían incluir industriales maiceros. Pero en cualquier caso, son solamente consultivos. Las decisiones quedan en manos de las secretarías de agricultura de cada estado.

En Tlaxcala, el secretario en cuestión, Jaime Jonathan Bretón, es un ex funcionario de Monsanto, que se dedicaba anteriormente a promover semillas de esa trasnacional en el noreste del país. Ha declarado que no se debe descartar sembrar transgénicos en Tlaxcala y que los maíces criollos son importantes, porque son muy útiles a las grandes empresas para desarrollar sus semillas. (Juana Osorno Xochipa, 14/3/11, e-consulta.com)

Las patentes, derechos de obtentor y denominación de origen son todas formas de propiedad intelectual inventadas por las empresas para eliminar competidores. Las comunidades no pueden ser tenedores de tales “derechos” (no existen patentes colectivas), además de ser increíblemente costosos. Pero aún si lo pudieran hacer, sería ¿para eliminar a quién? ¿A otras comunidades y otros pueblos del maíz? Porque esos certificados no inhiben a ninguna empresa, al contrario, si hay un certificado, será a favor de las empresas o éstas tendrán el dinero para comprarlo. El respeto a las patentes es lo que necesita Monsanto para validar que la contaminación transgénica sea un delito por el que paguen las víctimas.

La denominación de origen es también para la competencia de mercado. Por ejemplo la del tequila, ha sido un excelente negocio… para las transnacionales que venden el producto a mayor precio y pagan lo mismo a sus maquiladores locales.

Resumiendo: estas leyes de ninguna forma garantizan que habrá zonas libres de transgénicos. Tampoco reconocen a los pueblos del maíz ni los derechos integrales de los pueblos indígenas tal como ellos lo demandan, que es lo que realmente garantizaría que no haya transgénicos, que se siga manteniendo y diversificando las semillas, no en bancos o fondos controlados por autoridades u ONG, sino vivas y libres, en manos de los campesinos y campesinas que lo siembran, como ha sido siempre y sigue constituyendo la base de la alimentación mundial.

Lo que sí está claro es que estas leyes permitirán un control mucho mayor de la vida de las comunidades, de sus semillas y sus formas de intercambio tradicionales.

*Investigadora del Grupo ETC