EDITORIAL

El País

¿Conflicto en Sol?

La prohibición de la Junta Electoral coloca al Gobierno en el dilema de disolver las protestas
La Junta Electoral Central decidió anoche prohibir las concentraciones durante el fin de semana electoral. El reciente desalojo policial de la plaza madrileña fue un error contraproducente. Lo mismo que la prohibición decidida por la Junta Electoral de Madrid, puesto que carecía de sentido que este órgano negase el derecho de manifestación, reconocido constitucionalmente, apoyándose en una simple disposición administrativa. Pero la decisión de la Junta Electoral Central será la que acarree mayores consecuencias, puesto que coloca al Gobierno ante una compleja tesitura. Su inexcusable obligación es disolver a los eventuales manifestantes en cumplimiento de la decisión adoptada por la Junta. Pero hacerlo puede tener para él graves consecuencias electorales. Si estalla el posible conflicto que la Junta ha preferido ignorar, es seguro que perturbará mucho más que cualquier manifestación el desarrollo de la jornada electoral.

No han sido los líderes políticos quienes, con sus propuestas, han dominado la campaña para las elecciones municipales y autonómicas del próximo domingo. En su lugar, una movilización ciudadana iniciada el pasado día 15 en las principales ciudades del país se ha convertido en el centro de atención casi exclusivo en vísperas de que se abran las urnas. El protagonismo adquirido por los manifestantes de la madrileña Puerta del Sol, y también de otros lugares, solo se explica por la confluencia de la deteriorada situación económica que atraviesa España a causa de la crisis y el inexpugnable ensimismamiento del que adolece la lucha política institucional, librada por los partidos en un terreno cada vez más autorreferencial y desentendido de los graves problemas existentes.

La protesta no es generacional, sino ciudadana; otra cosa es que sean mayoritariamente jóvenes quienes se han colocado en primera línea, haciéndose eco de unas preocupaciones que son más amplias y que a ellos les afecta tanto como a otros grupos sociales. La respuesta a la crisis no sólo ha condenado a la precariedad y la ausencia de expectativas a quienes se incorporan por primera vez al mercado de trabajo; también quienes llevaban tiempo en él están siendo arrojados al paro y la exclusión.

Desde los partidos, tan lastimoso resulta el intento de capitalizar electoralmente las protestas como el de achacarlas a tenebrosas conspiraciones que, en el fondo, solo demuestra la incapacidad de entender la política de otra forma que no sea como navajeo y maniobras en la oscuridad. No son solo los manifestantes, muchos o pocos, los que interpelan a unos partidos que no han sabido estar a la altura del liderazgo que exige su tarea de canalizar los conflictos de intereses y de perspectivas, resolviéndolos en el interior de las instituciones; son también, y sobre todo, los ciudadanos que están dando la espalda a la política, incapaces de reconocerse en las alternativas electorales que se les ofrecen.

Si son votantes desencantados de la izquierda, esta tiene, sin duda, una grave responsabilidad. Pero no menor que la derecha cuando cifra su eventual victoria en conseguir que esos ciudadanos se queden en casa y no en obtener el apoyo a sus propuestas. En realidad, si la derecha, si el Partido Popular, no las formula es porque su mezquina opción está clara: prefieren un abstencionista, que perjudica al sistema democrático, antes que un votante al adversario.

Que los manifestantes de la Puerta del Sol hayan sido incapaces de expresar una posición política definida no les priva de su condición de síntoma, que los partidos harían bien en interpretar; tampoco del derecho a expresar sus opiniones, por más que se limiten a proponer como solución lo que es solo el enunciado de los problemas.