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Muchas reacciones ha provocado el diálogo que este jueves sostendrán Felipe Calderón y un grupo representativo de víctimas de la guerra que el presidente declaró hace casi cinco años y que a la fecha ha generado 40 mil muertes, 10 mil desaparecidos y miles de desplazados en todo el país.

Lo más sorprendente es que muchas de las reacciones negativas sean de agrupaciones sociales que inicialmente se sumaron al movimiento ciudadano encabezado por Javier Sicilia y que ahora quieren desconocerlo porque no enarboló las causas de estos grupos, que son más políticas que de justicia a las víctimas.

Hasta antes de finales de marzo, cuando se registró el asesinato del hijo del poeta en Cuernavaca, Morelos, los movimientos existentes en contra de la guerra declarada por Calderón, como el de “No más sangre”, estaban encaminados a exigir la desmilitarización de la estrategia oficial de combate al narcotráfico y de la violencia que ésta ha generado, ocasionando miles de muertes; también en la demanda de investigar el paradero de los miles de desaparecidos que hay desperdigados por todo el país, principalmente en el norte y el Pacífico.

A principios de enero, Eduardo del Río (Rius) y otros cartonistas, como Rafael Barajas, El Fisgón, y Antonio Helguera, lanzaron la campaña “¡Basta de sangre!” bajo la consigna de manifestar el repudio a la guerra de Calderón.

“Queremos hacerle ver al gobierno que ya estamos hasta la madre de vivir esta situación de angustia y temor generalizado. Esperamos que la gente se una a esta campaña y deje de estar cruzada de brazos viendo a ver cuándo se le ocurre al gobierno parar esta absurda guerra que no está sirviendo de nada”, dijo Rius en entrevista con CNN-México.

Desde entonces realizaron una cruzada mediática y social de pegotes y cartulinas invitando a la ciudadanía a colocar el logo de “No + sangre” en sus casa, negocios y autos.

No tenían otra consigna y no se trataba de un movimiento de víctimas como sí lo era el que organizó la diócesis de Saltillo, a cargo de Raúl Vera, con las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec) que, desde diciembre del 2009, fue la primera instancia ciudadana en comenzar el registro de las desapariciones forzadas que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), suman más de 5 mil de 2006 a principios de año, pero que extraoficialmente podría ser el doble. “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, es su lema de lucha.

Otras agrupaciones de Chihuahua, principalmente en Juárez, también ya estaban trabajando con muchos esfuerzos y valentía con familiares de muertos y desaparecidos, dando asistencia psicológica, física, de salud y seguridad.

Y activistas como el padre Oscar Henríquez, del Centro de Derechos Humanos “Paso del Norte”, se decidieron a dar la atención que el gobierno del estado –y el federal–, les negaban a todas estas familias.

Mientras en el sur destacaba el trabajo del padre Alejandro Solalinde, al frente del albergue para migrantes “Hermanos en el Camino”, ubicado en Tehuantepec, Oaxaca, pero abarcando Chiapas y Guerrero.

Con su propio trabajo y con muchos riesgos, el padre Solalinde se ha dedicado a proteger y denunciar el abuso, extorsión, asesinatos, desapariciones y vejaciones de que son objeto los migrantes de Centro y Sudamérica por parte de autoridades y de grupos del crimen organizado.

Sin embargo, no había un movimiento que los articulara o que los vinculara bajo una misma preocupación y objetivo: la justicia para los miles de muertos y desaparecidos, así como la exigencia al gobierno federal y de los estados de atención a sus familias que se quedaron en el desamparo.

Con muchos errores y tropiezos, falta de organización y retrasos, a finales de marzo comenzó a gestarse en Cuernavaca el Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad que hoy encabeza Sicilia.

Las primeras manifestaciones de este grupo ciudadano se dieron incluso sin la presencia del poeta, quien se encontraba en Filipinas, pero desde entonces sus integrantes exigían justicia para las víctimas.

Esta demanda se ha mantenido en el curso de las dos marchas realizadas en abril y mayo, así como en la caravana de seis días que salió de Cuernavaca y culminó en Juárez.

En todo este tiempo y en cada oportunidad, así como en reuniones internas de trabajo, el poeta Sicilia ha mantenido la posición de que este es un movimiento de víctimas, sin pretensiones políticas o electorales.

Aunque también ha manifestado que para que la sociedad tenga herramientas de defensa legal, es necesaria la reforma política que incluya la inclusión del referéndum, plebiscito, revocación de mandato, voto blanco y candidaturas ciudadanas.

Desde el inicio de las movilizaciones, Sicilia no se negó a establecer un diálogo con Calderón e incluso los tuvo en dos ocasiones de manera privada. Pero después de la megamarcha del 8 de mayo, cuando exigió la renuncia del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, ante la invitación de reunirse nuevamente en privado en Los Pinos, el poeta contestó que el encuentro tendría que ser público, con las víctimas y para discutir los temas de justicia, cambio en la estrategia militar de combate al narcotráfico y la reforma política.

Hoy, luego que con muchos problemas se acordó el encuentro con Calderón, el movimiento ha tenido muchos roces con agrupaciones sindicales, estudiantiles, sociales e incluso con algunos grupos intelectuales que acusan a Sicilia de no haber seguido su agenda de no dialogar con el panista, a quien desconocen como presidente o a quien acusan como responsable de las miles de muertes y desapariciones, exigiendo incluso su juicio político.

A través de las redes sociales, algunos incluso amenazan con “expulsar” a Sicilia de su propio movimiento sin tomar en cuenta que él le dio forma y contenido, a través de las manifestaciones, marchas y la caravana que fueron apoyadas en más de 30 ciudades en todo el país y en el extranjero.

Esas organizaciones y personalidades, si en algún momento vieron al movimiento ciudadano como la oportunidad para cristalizar su propia agenda, al fracasar en sus pretensiones seguramente retirarán el apoyo que dieron inicialmente y dejarán solas a las víctimas en su demanda de justicia.

Y los únicos beneficiados con esta atomización serán los grupos del crimen organizado y el gobierno federal. Los primeros porque seguirán imponiendo su atmósfera de terror y el segundo porque se quitará de encima el riesgo de que la sociedad alcanzara mayores niveles de organización, con el impulso de acciones de resistencia civil como el voto blanco en las elecciones presidenciales de 2012.

Así, una vez más, estaremos observando otro capítulo de la fragmentación de la sociedad civil mexicana que, en contraste con otros pueblos o países igualmente en crisis, no ha logrado el suficiente consenso para caminar unida, sino ir por caminos separados, bajo la complacencia y beneplácito del gobierno en turno, al que se le hace más fácil gobernar una sociedad dividida y desorganizada, preocupada por sus propios intereses, que a una ciudadanía coordinada y unida.