Tepoztlán otra vez resiste

Andrés Barreda* y Raymundo Espinoza Hernández**

La Jornada

El municipio de Tepoztlán ocupa una zona boscosa protegida muy importante y relativamente conservada –el Parque Nacional El Tepozteco y el corredor biológico Ajusco-Chichinautzin– dentro de un estado muy castigado por dinámicas de urbanización creciente. La zona es estratégica por su captación de aguas para los valles de Cuernavaca y Cuautla. La zona desde hace varios años es objeto de presiones de empresas y autoridades de Cuernavaca, Jiutepec y Yautepec interesadas en usar sus suelos para la expansión urbana, lo cual ha llegado al extremo de provocar asesinatos de dirigentes comunitarios como Miguel Ángel García, de la comunidad de Santa Catarina.

 

Como parte de ello, el municipio enfrenta el proyecto federal de ampliación de la carretera Cuautla-La Pera, que está a cargo del grupo de construcción Tradeco. Como la carretera atraviesa la mayor parte del municipio seguramente implicará el desbordamiento de tales procesos urbanos.

 

Tradeco es una pujante empresa que, aunque nace en 1992, crece de forma sorprendentemente rápida durante el sexenio de Felipe Calderón, haciendo uso de decenas de todo tipo de contratos con el gobierno federal para la construcción de obras especiales e infraestructuras pesadas como autopistas y segundos pisos urbanos, puentes sofisticados, aeropuertos civiles y militares, infraestructuras ferrocarrileras y portuarias, cárceles, cuarteles de policía, hospitales, tendidos de líneas de ductos energéticos submarinos, tanques de almacenamiento de petróleo, construcción de plataformas off shore (cfr. la investigación de Genaro Villamil, proceso contratos que transcurren siempre de forma irregular y nunca auditada (cfr. el informe del «Jurídico Integral para la Industria de la Construcción Asociados», Obra publica

 

Tradeco, junto con OHL, Autovan, ICA y otras empresas de construcción, forman parte del corazón y estilo más agresivo de las actuales dinámicas de urbanización e imposición de megaproyectos en corredores estratégicos promovidos durante la administraciones priístas y panistas del periodo del libre comercio. Si bien, Tradeco fue la empresa más favorecida del sexenio calderonista. La ampliación de la carretera Cuautla-La Pera ya despertó la construcción de vivienda contigua en Oacalco, así como la extracción minera de grava ilegal y lesiva dentro del territorio ejidal de Tepoztlán. Aunque la carretera comenzó a ser ampliada hace más de un año entre Cuautla y Oaxtepec, extrañamente no se ha concluido. La empresa prefirió trasladar máquinas y obreros al siguiente tramo, para construir nuevos puentes entre Oaxtepec-Coacalco. Dejando las nuevas obras una vez inconclusas, y volver a saltar a la ampliación de la cerreta entre Oacalco y Tepoztlán.

 

Para ello destruye lomas y montes, así como rellena barrancas en un tercer tramo. Obra que avanza sobre las tierras ejidales de Tepoztlán al contar con la complicidad de autoridades municipales y ejidales. No obstante, la obra se detuvo al topar con las tierras comunales, pues la asamblea de comuneros había decidido no otorgar su permiso. Por ello no hay fundamento jurídico que sostenga el avance de la empresa ni sustento legal que justifique el comportamiento permisivo, opaco y negligente que han tenido las autoridades municipales, estatales y federales.

 

Para desgracia de Tradeco la asamblea comunitaria indígena de Tepoztlán no se dispersó. Ofendida por el modo en que la empresa quiere destruir sus montes y bosques sagrados, indignada por la arrogancia con la que procede al despojo de tierras y se brinca la Constitución, manipula el orden jurídico y violenta los derechos agrarios y ambientales de la población, hace seis meses colocó un campamento de vigilancia en los límites comunitarios.

 

Esta empresa, acostumbrada al manejo irregular de permisos y la complicidad estructural de autoridades corruptas, comenzó hace un año el proceso de construcción sin contar con los permisos legales correspondientes. La semana pasada cinco de sus trabajadores invadieron tierras comunales para la tala de bosques. Tales acciones ilegales fueron denunciadas y detenidas por miembros del campamento de vigilancia de los bienes comunales que llamaron a la policía federal. Es entonces cuando uno de los policías federales se va de la lengua y revela una ofensiva programada que la empresa, en combinación con las propias autoridades, tiene programada para el lunes 22 de julio, introduciendo brigadas de talado y maquinaria, protegidas por la propia policía federal. Agresión que se cumple talando vegetación en espera de una respuesta comunitaria que permita criminalizarlos.

 

A lo largo de los meses recientes ha disminuido visiblemente el número de empleados y máquinas a lo largo de toda la obra ¿Debido a la crisis de la industria de la construcción? ¿Este emprendimiento necesita urgentemente omitir las leyes nacionales e internacionales que protegen a las tierras de bienes comunales indígenas y acallar la voluntad de la comunidad de Tepoztlán, para poder contraer nuevos créditos que les permitan terminar la construcción de las obras ya abiertas y el asalto de los casi 21 kilómetros que pertenecen a los bienes comunales?

 

Tepoztlán tiene una larga tradición de lucha y resistencia. No sólo por las batallas heroicas que la comunidad libró contra de la construcción del Club de Golf en 1994, sino también por la forma en que previamente detuvo los procesos de construcción de un tren escénico (1990), un periférico (1986) y un teleférico (1979); sin embargo, Tepoztlán hoy enfrenta una voracidad empresarial que no estuvo presente en los megaproyectos salinistas, porque entonces la economía era pujante al apenas comenzar el neoliberalismo su ofensiva mundial.

 

Tepoztlán enfrenta hoy el nerviosismo de empresas y gobiernos que durante décadas han especulado, contraído descomunales deudas, controlado mafiosamente los programas de ordenamiento territorial y construcción de magaproyectos, por lo que tratan de ocultar y compensar sus inciertas ganancias mediante un sistema cada vez más fraudulento de acumulación. Esta voracidad por los despojos no titubea en violar leyes, normas comunitarias y principios civilizatorios.

 

Ante la inminencia de los agravios y las amenazas lanzadas por funcionarios públicos, Tepoztlán necesita del apoyo de la comunidad nacional e internacional, dinámica que hasta ahora no ha estado suficientemente presente. Con tal solidaridad se podrán apuntalar los dignos principios de autodeterminación comunal.

 

* Coordinador del Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular. Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM

 

** Defensor de derechos ambientale