Proceso

A fin de investigar las denuncias que la comunidad de la Selva Lacandona presentó en la Ciudad de México acerca de un presunto despojo de sus derechos sobre la reserva de Montes Azules, además de hostigamiento y presiones para abrir el área protegida a la explotación, este semanario recorrió los ejidos circundantes. No se comprobaron los hechos violentos, pero se identificaron otros peligros que enfrenta el último reducto de selva tropical que le queda al país.

David Marroquín pasó 15 años como trabajador migrante, primero en Tijuana y después en Estados Unidos, antes de regresar a Galazia, la comunidad ejidal que su abuelo fundó con otras personas en 1973, acogido al programa de ocupación territorial que impulsó el gobierno de Luis Echeverría y que atrajo a cientos de familias de diferentes zonas del país a la Selva Lacandona, en la zona fronteriza con Guatemala.

Por un sentido de supervivencia, el abuelo y su familia decidieron conservar un área importante de la selva, pues, incomunicada y sin carreteras como estaba la zona, esa espesa vegetación podía proveer de madera para las viviendas y de alimentos mediante la caza.

Los nietos no podían avanzar en cultivos y potreros, y la tierra era insuficiente. David debió emigrar. Fue hasta casi 30 años después de la fundación de Galazia cuando los ejidatarios supieron cómo aprovechar, a través del ecoturismo, la selva conservada: con apoyo de fundaciones privadas construyeron sobre un decaído chilar el hotel El Canto de la Selva y pusieron al frente a David, que ahí se quedó porque “la tierra llama”.

El hotel se ubica en la ribera del río Lacantún, que circunda la Reserva de la Biósfera de Montes Azules, pero fuera de ésta. Montes Azules alberga la selva húmeda virgen, que cada cierto tiempo enfrenta la presión de grupos agraristas que pretenden devastarla.

En el último semestre del año, esas presiones suscitaron declaraciones oficiales que, para David y los habitantes de este ejido enclavado en el municipio de Marqués de Comillas, se tradujo en cancelación de reservaciones.

El pasado 1 de noviembre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sostuvo una reunión con autoridades de la llamada Comunidad Lacandona, integrada por representantes de los pueblos tzeltal, chol y lacandón que habitan la zona y que juntos forman el consejo de Bienes Comunales de la Comunidad Lacandona (BCCL).

En un comunicado la dependencia informó de un “fructífero encuentro” presidido por su titular, Víctor Manuel Toledo, en el cual se reconoció la “legal y legítima” posesión de las tres representaciones indígenas sobre Montes Azules.

“Las autoridades federales –prosigue el comunicado– presentaron los resultados de los acuerdos logrados con 34 asentamientos y ejidos irregulares ubicados en diversos puntos. Afirmaron que se han hecho acuerdos en casi la totalidad del polígono original, y propusieron concluir ese proceso agrario de regularización que tras casi cinco décadas ha sido motivo de innumerables conflictos, para pasar después a implementar acciones de conservación ambiental y rescate social”.

Más que resolver conflictos, la posición de Toledo los aumentó: primero, porque históricamente Montes Azules pertenecía al pueblo lacandón, pero el secretario reconoció a tzeltales y choles con la posesión –como parte de BCCL–, otorgando legitimidad a un representante lacandón que fue elegido por los dos primeros pueblos y no por el que se supone representa su etnia.

Además, el comunicado del 1 de noviembre establece desde su título el proyecto de una “Reserva Biocultural en Montes Azules”, figura jurídicamente inexistente, y abrió la puerta para cambiar el régimen de protección existente desde los años setenta y el cual garantiza la inviolabilidad de la selva. En los hechos, supone el anticipo de un reparto agrario para tzeltales y choles.

Como respuesta a esa declaración de Semarnat, representantes del pueblo lacandón se movilizaron a la Ciudad de México la primera semana de noviembre y denunciaron el intento de despojo. Una semana después de la declaración de Toledo, empezaron a evidenciarse las contradicciones en el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

El 8 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que sería una incongruencia derogar el decreto de protección sobre Montes Azules y puso punto final al caso, dejando fuera del asunto al secretario Toledo y al procurador agrario, Luis Hernández Palacios Mirón, quien había sido especialmente activo en promover el reparto de tierras y la legalización de asentamientos ilegales en Montes Azules.

“Fue una polémica que se originó hace poco, pero nosotros no podríamos ir en contra de lo que queda de selva tropical, sería una gran incongruencia y nunca lo haríamos”, atajó el mandatario a pregunta expresa.

Entonces, designó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer, para atender a los lacandones.

En los días siguientes el grupo de BCCL elevó la exigencia: denunció la proliferación del paramilitarismo, desapariciones forzadas y asesinatos para proteger intereses y negocios en la zona.

El señalamiento concreto fue contra Julia Carabias, quien fue secretaria de Medio Ambiente en el sexenio de Ernesto Zedillo, hoy integrante de la asociación Natura y Ecosistemas Mexicanos, y contra ejidatarios de Marqués de Comillas, como los de Galazia, donde David Marroquín recibía, como los otros ejidatarios de la región con actividad ecoturística, los avisos de cancelación de vacacionistas.

El último reducto de selva

Cuando era niño, Ingilberto Martínez Díaz solía cazar, jugaba como muchos niños de la zona. A veces mataba pájaros o talaba un árbol sin el menor remordimiento. Hoy su conciencia es distinta: la selva administra el agua que se une al Grijalva y luego al Usumacinta, para desembocar en el Golfo de México; por eso hay pesquerías.

Hay animales que sólo viven ahí y en la última década los pobladores han presenciado el regreso paulatino de las guacamayas rojas, los monos aullador y araña. A veces logran ver al oso hormiguero, el tamandúa mexicano, cuyo nombre fue adoptado para el campamento ecoturístico del ejido La Flor del Marqués.

Como Ingilberto, los habitantes de ese ejido de Marqués de Comillas hablan con soltura de los “servicios ambientales que provee la selva”, toman capacitaciones sobre hotelería, gastronomía –incluso vegana, cuya demanda aumenta– y modelos de negocio turístico.

Ante los señalamientos de BCCL, Proceso realizó un recorrido por la zona para documentar las desapariciones y asesinatos denunciados, sin encontrar registro de eso ni de paramilitarismo.

Marqués de Comillas, cuyas comunidades están separadas de la Reserva de la Biósfera de Montes Azules por el río Lacantún, es un laberinto de potreros abandonados y tierras de cultivo secas, entre manchones de selva que, en la Flor del Marqués, se conserva en 672 hectáreas. Ahí están las Dos Torres, una formación rocosa cuya altura permite apreciar Montes Azules y, si se hace un esfuerzo visual sobre la vegetación crecida, hasta la montaña guatemalteca.

El hotel El Canto de la Selva y el campamento Tamandú son dos de los “hoteles” que los líderes de BCCL le atribuyen a Julia Carabias. Pero al comentárselo a los ejidatarios de uno y otro, afirman que el trabajo de la asociación de Carabias ha sido capacitarlos y atraer a fundaciones para financiar el ecoturismo, aunque enfatizan que los lugares son de ellos.

En el ejido El Pirú está Selvaje, un conjunto de atracciones que incluyen puentes colgantes, aguas termales y recorridos en kayak. La guía de turistas es Rosalba Bautista, quien debió sortear prejuicios de género para abandonar la cocina y dedicarse a su ocupación actual.

La historia del ejido es de tala constante, pero una vez que la gente empezó a conservar la selva logró incrementar sus ingresos con un subsidio gubernamental. Los ejidatarios están conscientes de que Selvaje –dice Rosalba– “no nos volverá ricos, pero nos permite una entrada económica y un aprendizaje que nadie nos puede quitar”.

Además, los ejidos se acogen al programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), que otorga mil pesos por hectárea de selva conservada. Con eso han evitado avanzar sobre los manchones de selva; así fue posible crear en el Playón de la Gloria La Casa del Morpho, unidad de manejo ambiental (UMA) que se dedica al aprovechamiento de la mariposa para actividades artesanales.

Caralampio Jimenez está al frente de la unidad, que ha provocado los señalamientos de tráfico de esos animales. Explica:

“También tenemos cultivos, porque no sólo podemos vivir de esto. Los proyectos fueron muy buenos, porque se detuvo la tala. La selva ya la hubieran tirado, algunos con actividades como ganadería, porque ahí se han perdido muchas especies, por ejemplo de mariposas. Nosotros vemos que estos proyectos benefician porque dan empleo. No es algo de lo que uno pueda vivir, pero convivimos, conocemos, llega gente de fuera del país, nos han visitado y llevan sus artesanías… Aquí tenemos proyecto para cuidar la última selva”.

Hoy, la Selva Lacandona no sólo enfrenta la amenaza a la reserva de Montes Azules. Al otro lado del río Lacantún, en Marqués de Comillas, la tala regresa con el programa Sembrando Vida, que ofrece 60 veces más que el PSA y está provocando que algunos ejidatarios prefieran talar la selva para volverla a sembrar en vez de conservarla.

“El tinaco de México”

Frente al ejido Chajul se ubica una estación científica que lleva ese nombre. Ahí, Julia Carabias enfatiza que los potreros sirven dos o tres años y quedan abandonados, además de que el agotamiento de tierras, junto con el aumento de población en varias generaciones, explica los intentos de avanzar y repartir la Reserva de la Biósfera, aunque esto no sea viable productivamente.

Javier de la Maza, presidente de la asociación Natura Ecosistemas Mexicanos y primer titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en los noventa, recuerda que desde que en 1972 el gobierno de Luis Echeverría quiso colonizar territorios, lo que redujo el área selvática; lo único que se mantuvo fue la reserva de Montes Azules al decretarse su protección por esos años. Una década después inició el arribo de ciudadanos guatemaltecos, beneficiados con programas del gobierno mexicano y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.

Según Carabias, en las zonas tropicales húmedas radica 70% de la diversidad animal y vegetal del planeta. México tuvo una franja climática de esas que iba del sur de Tamaulipas, pasaba por Veracruz, Tabasco, el norte de Oaxaca y las zonas norte y este de Chiapas. Cuando se emitió el decreto echeverrista había 12 millones de hectáreas de selva, de las que actualmente restan 1 millón, correspondientes a la región del Chimalapa, Uxpanapa y la Selva Lacandona, con muchas especies en peligro de extinción.

En Montes Azules están conservadas 360 mil hectáreas, es decir 36% de lo que queda de selva húmeda en el país.

Las especies que requieren de mayor territorio a veces se ven obstaculizadas por los potreros y las tierras de cultivo o expuestas a la caza en el caso de los animales, por lo que entran en proceso de extinción. El monitoreo de Natura Ecosistemas en Montes Azules permite mantener vigilancia sobre la salud de esas especies, en especial de las mayores, que según De la Maza son indicadoras del estado de todo el ecosistema.

“Para mantener la biodiversidad se necesitan espacios importantes en donde no haya intervención humana. La reserva de Montes Azules es uno de esos espacios en los que se tiene verdaderamente la capacidad de mantener a las poblaciones sanas de las principales especies, en tanto sea una superficie protegida, que es lo único que impide que sea deforestada”, insiste Carabias.

Natura Ecosistemas Mexicanos mantiene su monitoreo en la región gracias a un convenio con el pueblo lacandón que les permite conservar la Estación Chajul, donde realizan sus prácticas y el servicio social estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UNAM.

En cambio, De la Maza y Carabias explican que en los últimos 14 años el lado de Guatemala se ha deforestado por un crecimiento de la población, que ocupa territorios de manera desordenada y con actividades productivas que transforman la selva con bajo rendimiento; las tierras se agotan pronto y la gente avanza a otro tramo selvático hasta que también queda inservible.

“Queremos evitar que lleguen a lo último que queda –comenta Carabias–; hay personas que tienen en la cabeza el mismo esquema de hace 40 años, que creen que son tierras ociosas y no le dan el valor ambiental al espacio donde se están manteniendo las últimas poblaciones sanas de especies que sólo existen aquí. Nosotros lo vemos como un sitio de la riqueza natural y hay gente que lo ve como tierras ociosas… y entonces nos enfrentamos.

“Si hay buena voluntad, hay entendimiento. Pero cuando en esto viene por debajo todo un negocio de tierra, invasión, expropiación e indemnización, estamos hablando de muchos miles de millones constantemente y esa es la historia de esta región. Aquí se ha repartido dinero de una manera impresionante. Entonces, cuando decimos: ‘¡En Montes Azules no!’, estorbamos y viene todo el ataque.”

Ese monitoreo les permite conocer los intentos de avanzar sobre la reserva de Montes Azules. Detectaron un patrón en el primer año de gobierno en todos los sexenios, desde el de Vicente Fox hasta 2019: mientras cambian los funcionarios, surge la idea de repartir Montes Azules.

“Es un negocio sucio. Esa es la razón de que les estorbemos: hemos logrado la conservación de esta zona, y donde no tenemos presencia, la desaparición de la selva avanza.”

Ofrece otros datos relevantes: Montes Azules representa 0.16% de México pero contiene su megadiversidad biológica. El agua regulada en el área selvática se une al río Grijalva, se junta con el Usumacinta y provee 30% del líquido con que cuenta el país: “Esta zona es el tinaco de México”.

Tras la declaración del presidente López Obrador, la Conanp se anticipó a diluir la exigencia de que se cancelara el decreto sobre la Reserva de la Biósfera y, en voz de Adrián Méndez Barrera, director de la zona sur, rechazó cambios a esa disposición.

“Esperamos que ciertas autoridades aclaren la versión; de hecho, la secretaria de Gobernación lidera un grupo para atender cuestiones añejas, las cuales tienen una visión de largo plazo de conservación y cuidado del patrimonio”, declaró Méndez Barrera.

Desde entonces el titular de Semarnat guarda silencio, mientras crece el activismo de los representantes de BCCL, apoyados por el Partido del Trabajo.