La Jornada

Víctor M. Quintana S.*

 

Se les ha invisibilizado siempre. Sin embargo, el número de personas jornaleras agrícolas y sus familias llega a representar casi 5 por ciento de la población nacional, más que la de un buen número de estados de la República. Cuando menos la cuarta parte de ellas son indígenas. Y vaya que su trabajo es esencial: gran parte de la actividad productora de los alimentos que llegan a nuestra mesa depende de ellas, así como la exportación de hortalizas, importante fuente de divisas.

Por ello los jornaleros agrícolas no pueden parar, ni confinarse, ni dejar de migrar de acuerdo a la temporalidad de los cultivos. De sus callosas manos y de sus espaldas siempre dobladas depende nuestra alimentación, en tiempos de coronavirus o no.

Sin embargo, como muestra la Red de Jornaleros Agrícolas, este tipo de personas, como pocas, son más vulnerables a la pandemia del Covid-19. A ello concurren varios factores: su continua movilidad, las condiciones de hacinamiento en los albergues, en el transporte y en sus viviendas –según el Inegi, el promedio de personas por vivienda en el caso de los jornaleros es de cinco, contra una media nacional de 3.7 personas–; la desnutrición que predomina en sus familias, aunada a su exposición continua a los agroquímicos, baja sus defensas inmunológicas, por sólo señalar las principales.

Todo esto se agudiza en el caso de las niñas y niños de personas jornaleras, casi un millón de ellos, entre cinco y 17 años, y los menores de ese rango de edad. Además de los factores de vulnerabilidad anteriores, se agregan ahora el cierre de escuelas y de albergues infantiles lo cual agudiza los riesgos de exposición a agroquímicos y a diversos tipos de accidentes, incluso a la violencia familiar.

La mayor exposición y mayor vulnerabilidad de las niñas y niños de los jornaleros agrícolas exige de los diversos niveles de gobierno y de los empleadores acciones urgentes y eficaces para construir una red social de cuidado ante la pandemia del coronavirus, y también ante los riesgos de accidentes y diversos tipos de violencia. Algunos sectores y grupos sociales proponen varias líneas básicas de acción en este sentido:

En primer lugar, es necesario establecer entre las autoridades federales, estatales, municipales, tanto sanitarias como laborales y las empresas agrícolas, un protocolo de salud adaptado a las condiciones de movilidad, vivienda y trabajo de las personas jornaleras, sobre todo de las niñas y niños. Este protocolo debe contemplar prioritariamente el acceso oportuno y suficiente a servicios médicos y de atención a la salud, de preferencia en el lugar de trabajo.

Debe desplegarse un operativo de información sobre la pandemia, las condiciones de riesgo, las medidas preventivas, las instancias a donde se debe acudir en caso de contagio, etcétera, en medios y formatos accesibles para los jornaleros; carteles, altavoces, radios comunitarias, perifoneos y demás. Este operativo de comunicación debe hacerse en las diferentes lenguas indígenas que habla la población jornalera.

Tanto los empleadores como las autoridades municipales deben asegurar las condiciones materiales que prevengan el contagio y la expansión del Covid-19: habilitar espacios para viviendas y albergues que eviten el hacinamiento y llenen los requerimientos sanitarios; proveer de agua potable suficiente para el consumo y para el aseo; dotar de jabones, desinfectantes, mascarillas, guantes, no sólo a quienes trabajan directamente en el campo, sino también a sus familias. Disminuir al máximo el uso de agroquímicos para evitar mayor vulnerabilidad al contagio; evitar el hacinamiento en los transportes, etcétera.

Además, hay un aspecto que no debe dejarse de lado, y no sólo en el caso de los jornaleros: el sicosocial. Las condiciones de miedo, de confinamiento, de mayor convivencia y roce al interior de viviendas precarias, tienden a multiplicar las tensiones al interior de ellas y, consecuentemente, la violencia sobre todo contra las mujeres, niñas y niños. Aquí se hace necesaria la concertación, además de los diversos órdenes de gobierno y los empleadores, de las instituciones de educación superior y organismos de la sociedad civil, como organizaciones y colegios de sicólogos y otras instituciones enfocadas a esta problemática. En sólo unas cuantas semanas existen ya experiencias muy significativas, montadas por diversos sectores de la sociedad civil, para apoyar a quienes más sufren los efectos sicoemocionales de la pandemia.

Pocos sectores de la sociedad mexicana tan vulnerables como las personas jornaleras y su prole: pobres, migrantes, muchas de ellas indígenas, y la mitad, niñas y niños. Ahí donde la vulnerabilidad se agudiza por la invisibilidad es donde hay que concentrar los apoyos certeros de autoridades gubernamentales y de la sociedad.

*Investigador-docente de la UACJ