PERLA SANDOVAL

AVC

XALAPA

Enfermarse de COVID-19 puede generar gastos a las familias desde los 500 hasta los 40 mil pesos para la atención de pacientes no graves; sin embargo, entre quienes desarrollan complicaciones esto se eleva entre los 50 mil hasta los 3 millones de pesos, por lo cual la mayoría de personas simplemente no pueden pagar un tratamiento adecuado.

AVC Noticias hizo un recuento de los costos de los medicamentos, estudios clínicos y renta de tanques de oxígeno que generalmente son recetados para un paciente con COVID, dependiendo de la gravedad de su estado.

Ante la sospecha de contagio la primera acción es realizarse una prueba para descartar la enfermedad; éstas oscilan entre los 350 y 3 mil 500 pesos dependiendo si se trata de un test rápido, una prueba de antígeno, PCR o de sangre. A partir de ahí los gastos comienzan a sumarse en consultas especializadas, así como tratamientos y exámenes diversos.

Es el caso de Berta, cuyos padres y hermano enfermaron por COVID y desde que iniciaron los síntomas sus ahorros se han ido en el pago de pruebas, exámenes clínicos, oxígeno y medicamentos, que suman casi 30 mil pesos, aunque los doctores le han señalado que requerirán más fármacos de acuerdo con la evolución de los tres.

“El primer paquete de medicamentos nos salió en 3 mil pesos, pero por el estado de salud de mi papá ahora nos pidieron nuevas medicinas que nos costaron 2 mil 500 pesos y nos durarán solo seis días, si sigue mal se necesita otra vez una cantidad similar. Para mi mamá y mi hermano que están menos graves requirieron tratamiento y entre los dos fueron 3 mil pesos”, cuenta la joven.

Su papá tuvo que ser sometido a una tomografía para observar el daño en sus pulmones, el costo fue de 2 mil 500 pesos, y con los resultados el médico determinó que requeriría oxígeno, que además de ser escaso representa erogaciones mayores, ya que según su capacidad la renta de estos tanques, que van desde los 46 a los 9 mil 500 litros, varía entre 3 mil 500 y 10 mil pesos. Las rentas son por una semana y al monto se agrega la renta del vaso humidificador y las cánulas, que aumentan por lo menos 300 pesos a la cuenta.

A Berta le ofrecieron un concentrador de oxígeno con valor de 25 mil pesos, lo que significó una limitante para adquirirlo; en cambio, optó por la renta de un tanque de 9 mil 500 litros por una semana, y dado que no pudo hallarlo en Xalapa, el tanque tuvo que ser traslado desde Naolinco, para lo cual pagó 600 pesos “de flete”.

A ello se agrega la compra de un oxímetro con valor de 300 pesos, que sirve para monitorear los niveles de oxígeno en la sangre de sus padres, así como un glucómetro, dado que fue diagnosticado como prediabético; el costo varía entre los 450 y los mil pesos.

De acuerdo con el médico internista y presidente del Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz, Alejandro Barrat Hernández, en los casos en que la enfermedad presenta complicaciones lo recomendable es la hospitalización, ya que a pesar de que en redes sociales circula una lista de medicamentos antiinflamatorios, antiparasitarios y antivirales, estos no han comprobado tener efectividad contra el virus SARS-CoV-2.

Es así que se prescriben otros fármacos como Remdesivir, Baricitinib, Ritonavir, que bloquean la respuesta inflamatoria; sin embargo, su costo es alto, ya que en el primer caso es de 54 mil pesos (poco más de 2 mil 300 dólares), mientras que la caja de Baricitinib está en 21 mil pesos, y el Ritonavir en 7 mil pesos, aproximadamente.

Barrat Hernández advierte que es por ello que mientras el tratamiento para un enfermo de COVID-19 con síntomas leves puede ser de 500 pesos, para otros con cuadros más severos los montos pueden ser de entre 50 y 150 mil pesos. En este punto las familias deben decidir acudir a un hospital público o bien privado, aunque la hospitalización privada significa facturas que van desde los 400 a 500 mil pesos, con un tratamiento que dura más o menos una semana. Sin embargo, aquellos que requieren atención de terapia intensiva en hospitales privados facturan gastos que se elevan a uno, dos o tres millones de pesos.

En el caso de Berta, los médicos optaron por algunos tratamientos alternos con medicamentos como Xarelto con un costo aproximado de 2 mil pesos por caja; Controlip, de mil 65 pesos; Broncho Vaxom, de 840 pesos; Macrozit, de 325 pesos; Seltaferon (oseltamivir), con costo de 450 pesos, y otros como la Ivermectina con cuatro tabletas con costo de 106 pesos aproximadamente; así como Aspirina Protect, Ibuprofeno, Ardosons, Vilona, Alin (dexametasona) con costos entre los 60 y 150 pesos.

Estos gastos deben agregarse a los estudios clínicos a los que deben someterse para monitoreo de su estado de salud, como Biometría hemática, ferritina sérica, Dímeros D, proteína C reactiva, entre otros, cuyos costos varían entre los 160 y los 700 pesos.

La importancia de un diagnóstico a tiempo es explicada por el doctor Barrat Hernández que señala que hay pacientes con marcadores de mal pronóstico, como tener linfocitos bajos, elevación de ferritina, de la proteína C reactiva y Dímeros D, que podría generar que entre el día 6 y el día 8 de haber iniciado síntomas, el paciente pudiera empezar a deteriorarse y entonces tener una atención más agresiva o incluso un tratamiento hospitalario.

Uno de los signos de alarma para quienes se mantienen en tratamiento desde casa es la saturación de oxígeno menor al 90% al aire ambiente, lo cual podría indicar el agravamiento del estado de salud. De ahí la importancia de un diagnóstico y tratamiento adecuado.

“Aunque ellos vean que le ponen oxígeno y mejora, cuando tiene menos de 90% es porque la capacidad pulmonar realmente ya se ha reducido severamente, no es nada más un poquito y entonces este paciente empezará a tener problemas de inflamación severa y de falta de oxigenación de órganos vitales en muy poco tiempo”, señala el galeno.

El panorama para los veracruzanos se agrava ante la crisis económica generada por la pandemia, la pérdida de poder adquisitivo y hasta la pérdida de empleo, por ello es que la atención del COVID es también un tema de presupuesto, que obliga a la mayoría de los veracruzanos a buscar atención en centros de salud y hospitales públicos.