El tiempo récord para hallar nuevos productos sugiere que hay más que curiosidad científica y un firme apoyo económico de los gobiernos detrás de esta rapidez: un gran negocio. Ahora todo se puede patentar y, desde luego, las vacunas también. Once países de África, Asia y América Latina, encabezados por Sudáfrica e India, se han dirigido a la Organización Mundial de Comercio (OMC) solicitando la exención de ciertas reglas sobre la propiedad intelectual para prevenir, contener y tratar el Covid-19 (WTO Doc. IP/C/W/669), que, entre otros aspectos, permitiría suspender las patentes de las nuevas vacunas para poder fabricarlas sin esperar a que expiren.

Esta petición se apoya en la Declaración de Doha de 2008 sobre la excepcionalidad de los bienes de salud pública respecto a los derechos de la propiedad intelectual (https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/who_wto_s.pdf). Esta declaración fue promovida por países del Sur debido al incremento vertiginoso del VIH/sida y el nulo acceso a los antirretrovirales de la mayoría de la población, por su alto costo. El papel de Brasil fue crucial, tanto por la posición firme de su ministro de Salud como por la capacidad de su industria farmacéutica nacional de producir los medicamentos.

Con la aprobación de la declaración y su elaboración sin patente, el precio anual del tratamiento de VIH cayó de 11 mil a 295 dólares. Con ello se salvaron millones de vidas y el VIH/sida se convirtió en una enfermedad crónica y no mortal.

El rechazo a la exención solicitada ahora fue operado por Estados Unidos, la Unión Europea, Suiza, Japón y Canadá, entre otros. Es decir, por que tienen más intereses en la industria y votos en la OMC, los cuales se asignan sobre la base de las contribuciones al organismo y no sobre el principio de la ONU de un voto por país. Incluso, algunas fuentes sostienen que México se opuso a la petición, lo que no sería congruente con su apoyo al Covax. Tampoco es contrario a su propuesta en la ONU, copatrocinada por unos 160 países, sobre la cooperación internacional para garantizar en condiciones de igualdad el acceso mundial a medicamentos, vacunas y equipo médico para hacer frente al Covid-19, que implícitamente suspenden las patentes.

Es probable que los países centrales se propusieran bloquear la producción de vacunas en Sudáfrica e India, ya que principalmente esta última se está convirtiendo en productor muy importante de estos biológicos. El mensaje es contundente. Las vacunas contra Covid-19 son un negocio y no parte de la lucha de la humanidad contra la pandemia. Otra prueba de esto es que los contratos firmados con los laboratorios son confidenciales, para proteger sus intereses comerciales, según ha explicado reiteradamente el canciller Marcelo Ebrard.

Se añade a esta situación la desigualdad en el acceso a las vacunas, que se están distribuyendo principalmente sobre la base de la capacidad de compra de los estados y la sensibilidad política y social ante el tema en cada país. Esto es irracional al tratarse de una pandemia, ya que su eliminación es internacional o no lo es. Por otra parte, se ha desatado una lucha chovinista entre los estados por aplicarla primero a sus ciudadanos, lo que desplaza la vacunación de la población de los países pobres hasta 2022-23. Por ejemplo, Canadá ha contratado suficientes para inocular cinco veces a su población y la Unión Europea ha restringido la exportación de las producidas en sus estados miembros.

Los permisos de emergencia que se han otorgado a un número creciente de vacunas son una cierta garantía de su seguridad y también es cierto que éstas son una posibilidad de prevenir el contagio. Estamos ante una situación paradójica. Nadie puede garantizar que los diferentes biológicos proporcionan inmunidad por tiempo razonable, ni que no tengan efectos secundarios a mediano plazo. Sin embargo, dejar de usarlas sería una decisión temeraria. Tener la responsabilidad de la salud de un pueblo no admite descartar una posibilidad de protección.