Los Miramón y Mejía en el siglo XXI

Napoleón Gómez Urrutia

La semana pasada se discutió y analizó la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica nacional en el Senado de la República, la cual fue aprobada por mayoría de 68 votos contra 58, después de una sesión que se prolongó por casi 15 horas. No fue fácil convencer y probablemente no se logró, aunque algunos votan por consigna, a los integrantes de los partidos de oposición: PAN, PRI, PRD, MC y Verde, dado que la línea política que expresaron y repitieron hasta el cansancio todos sus oradores no les permitía reconocer argumentos o razonamientos sobre la soberanía nacional en materia energética, ni sobre la necesidad histórica de revertir el proceso de privatización deliberado que se inició en la década de los 80 y se profundizó en las administraciones de los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto (PAN y PRI, respectivamente) que actuaron contra los intereses del pueblo de México.

Durante las discusiones, las y los senadores de la oposición a esta reforma presentaron todo tipo de acusaciones falsas, quejas y denuncias fuera de la realidad presente y futura. Parecía que tenían una bola de cristal o que los formatos que les entregaron las empresas con fuertes intereses en ese sector y que han sido grandes beneficiarios de la corrupción estaban elaborados para atacar, llenos de una retórica cínica e hipócrita dirigida a intentar desprestigiar al gobierno actual y al espíritu nacionalista de la propuesta que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión.

Acusaban los de la alianza opositora que se podría intrigar contra México, que Morena los estaba mayoriteando, como si fuera cierto, olvidando que el PRI durante 71 años en el poder y el PAN en los dos sexenios que ocupó la Presidencia de la República, jamás escucharon al pueblo de México ni a los partidos que lo representaban en las cámaras de Diputados y Senadores. Es más, se jactaban de que ni los veían, ni los oían. También mencionaban reiteradamente que era regresar al pasado, a la década de los 50, y con un descaro total nunca aceptaron o reconocieron la frase histórica del presidente Adolfo López Mateos, del PRI, cuando nacionalizó la industria eléctrica. Es decir, fueron capaces de ignorar a quien promovió el rescate de este sector fundamental para el futuro de nuestro país.

Ello a pesar de que López Mateos fue muy claro cuando anunció la decisión de nacionalizar la industria eléctrica, precisamente en la iniciativa que envió a la Cámara de Diputados el 21 de octubre de 1960, en la que se adicionaba el párrafo 6 del artículo 27 constitucional, en el que está inscrito desde 1917 el dominio inalienable e imprescriptible de la República sobre sus recursos naturales, para quedar como sigue: corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y el país aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.

La oposición también se desgarró las vestiduras argumentando como si tuviera la razón y la visión de que esta nación se hundiría en la contaminación por no utilizar energías limpias, que por supuesto la Comisión Federal de Electricidad ya tiene contempladas como parte importante de su plan para abastecer de energía a México con la eficiencia necesaria y los costos más bajos posibles en beneficio de la población. En cambio, los privados sólo consideran sus ganancias y privilegios para satisfacer los intereses empresariales y de grupo.

Voceros parlamentarios ven por sus ingresos futuros

Los voceros parlamentarios de la oposición que representan a muchas de esas empresas, sea porque forman parte de alguna manera de sus proyectos personales o porque están haciendo los méritos necesarios para cuando terminen su responsabilidad en el Poder Legislativo, poder integrarse como asesores o integrantes de los consejos de administración de sus mismas empresas, sobre todo las extranjeras para consolidar sus apetitos egoístas.

A veces, en los debates parecía que escuchábamos a los Miramón y a los Mejía del siglo XXI animando a los inversionistas privados, nacionales y extranjeros para controlar las riquezas de México identificadas en sus recursos energéticos, que durante los procesos intensos y oscuros de privatización de la década de los 80, terminaron por entregar la propiedad de casi mil 200 paraestatales y los bancos e instituciones financieras a los particulares. Sólo les faltó llevarse en ese momento los recursos energéticos, así como los metales y todos los productos del subsuelo que de acuerdo al artículo 27 constitucional son propiedad del pueblo de México. Hoy venían decididos a llevarse a manos privadas el resto de la riqueza nacional.

La oposición también utilizó en las discusiones el argumento de que esta reforma a la ley de la industria eléctrica afectará los convenios y tratados internacionales sin explicar por qué, como el nuevo T-MEC y los Acuerdos de París y el del Grupo de países del 20-30, en una manipulación y amenaza indirecta o velada de recurrir a presiones del exterior. Se les olvidó intencionalmente que cada país busca proteger sus riquezas y recursos naturales, así como su soberanía, autonomía y diversificación de la economía con sus propios medios y leyes y que México está en todo su derecho y cuidará con mucha sensibilidad este tema. Ello contrasta con la política anterior del sometimiento a ultranza del entreguismo, de los negocios turbios, así como de la corrupción y la explotación de las reservas nacionales y de la mano de obra.

Es una vergüenza y una traición que algunos congresistas se presten a seguir el juego y las ambiciones de un pequeño grupo de inversionistas egoístas, que lo único que quieren es privatizar al sector eléctrico y el de la energía en lo general, con el objeto de enriquecer más sus bolsillos y frenar el proceso de fortalecer la rectoría del Estado en las actividades básicas para la nación. Los intereses y los derechos de las mayorías deben estar siempre por encima de cualquier ambición privada o que esté fuera de la realidad. Con esa estrategia, la oposición no podrá detener el avance de la historia.