Llegaron de las zonas más pobres y vieron a la capital como el sitio idóneo para vivir y disfrutar de los servicios que no tenían en sus comunidades. La televisión, al servicio del gobierno, vendía una ciudad idílica con sus programas y anuncios y al mostrar las obras de embellecimiento de la urbe.
El crecimiento de la capital y su área conurbada se dio a un ritmo de 6 por ciento al año. Líderes ejidales, promotores inmobiliarios, profesionales de la invasión y autoridades, se unieron y transformaron campos de cultivo en lotes que vendían a los necesitados de un sitio para erigir sus viviendas. La mayoría lo hizo en etapas y es el más importante ejemplo de autoconstrucción de América Latina. Los vendedores trazaban vialidades y por ellas las combis comunicaban los nuevos fraccionamientos con la ciudad.
Jorge Legorreta documentó este proceso de ocupación ilegal y anárquico en el libro Efectos ambientales de la expansión de la Ciudad de México. Lo publicó el Centro de Ecodesarrollo en 1994. Incluye los nombres de los principales promotores ilegales. En Chalco, por ejemplo, Francisco González Garrido, Miguel Campos, Ricardo Luna y Brígido Salas fraccionaron más de 2 mil hectáreas y vendieron los lotes a 210 mil migrantes. En Tultitlán, Tlalnepantla y Ecatepec, José Cruz Roldán, mil 100 hectáreas a 40 mil migrantes; Antonio Álvarez Corona, en delegaciones –hoy alcaldías– de la Ciudad de México. Especialmente en Los Culhuacanes. Detenido durante el gobierno de Manuel Camacho Solís, el invasor mencionó quiénes avalaban sus fechorías: los ex regentes Octavio Sentiés, Carlos Hank González, Ramón Aguirre Velázquez y Alfonso Corona del Rosal.
En la expansión urbana desordenada jugaron papeles claves la Secretaría de la Reforma Agraria, que validó el cambio de uso del suelo de las tierras ejidales y comunales; los líderes nacionales y locales de las centrales campesinas y obreras del Partido Revolucionario Institucional; los regentes de la capital del país y los jefes de las delegaciones políticas; el gobernador del estado de México y las autoridades de los municipios donde se crearon los nuevos fraccionamientos.
La ocupación ilegal duró en ocasiones lustros y aumentó el costo de los lotes. Fue un próspero negocio de funcionarios, desarrolladores
inmobiliarios, políticos, dirigentes ejidales, líderes
sociales y profesionales de la invasión. También obtuvieron diputaciones, presidencias municipales, concesiones de transporte. Muchas veces la obra pública (agua potable, drenaje, luz, pavimentación de calles y avenidas, así como transporte) la realizaron empresas de funcionarios y políticos, sus familiares y amigos. En contraparte, los nuevos pobladores votaban masivamente en las elecciones por los candidatos del partido gubernamental.
Así crecieron veloz y caóticamente, ciudades hoy muy pobladas: Nezahualcóyotl, Chalco, Ecatepec, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Atizapán, Los Reyes-La Paz. También, Naucalpan, Tultitlán y Nicolás Romero. Y en la ciudad de México, Iztapalapa, Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.
El costo ambiental, social y económico es enorme y se expresa en la temporada de lluvias. El agua encuentra sus cauces tradicionales ocupados por fraccionamientos, vialidades, obra pública mal hecha. Tampoco puede recargar el acuífero, sobrexplotado al máximo y origen del hundimiento de la ciudad. Se perdieron preciadas áreas forestales. Culpa de los sexenios anteriores. ¿Qué hace el actual para evitar nuevos asentamientos irregulares en las 20 principales urbes del país? En la Ciudad de México hay 500 en suelos de conservación y áreas naturales protegidas. En tanto, la dependencia federal responsable del ordenamiento territorial urbano y rural del país brilla por su ausencia.