En las últimas horas ha arreciado el ruido mediático en torno al caso abierto por la Fiscalía General de la República por el presunto mal uso de los recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por parte de 31 personajes vinculados a la asociación privada Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCT). Al respecto, debe recordarse que lo que se encuentra en desarrollo es una investigación judicial, de la cual pueden o no derivarse imputaciones, según lo que dicten en última instancia los tribunales competentes.

Si bien la Fiscalía pudo incurrir en errores procedimentales, por los que hasta ahora un juez federal le ha negado las órdenes de aprehensión solicitadas, es lamentable que diversos medios y comentaristas se empeñen en reducir todo el caso a una supuesta persecución contra la comunidad científica y académica. En estos afanes por desvirtuar apriorísticamente la indagatoria, se omite que están en juego la necesidad y la obligación de esclarecer un posible esquema de desfalco a la nación que operó por más de tres lustros, desde que el gobierno de Vicente Fox aprobó una Ley de Ciencia y Tecnología diseñada para entregar “al sector empresarial la conducción, las instituciones de educación superior, los recursos y el horizonte mismo de la ciencia y la tecnología”, en palabras del experto en educación Hugo Aboites.

Independientemente de lo que las instancias correspondientes determinen en este caso, es insoslayable el hecho de que el FCCT operó con una extremada frivolidad e irresponsabilidad: además de cargar al erario el pago de los impuestos de sus miembros, esa asociación civil sufragó el uso de choferes, así como restaurantes y viajes de lujo, e incluso adquirió una casa en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, transacción para la que –de acuerdo con una investigación periodística– no tenían atribuciones legales. Asimismo, se ha señalado la falta de ética implicada en el hecho de que los integrantes del Foro fueron también prominentes funcionarios del Conacyt, y en tal papel asignaron recursos a una asociación que les pertenecía.

Más allá del desenlace de este caso particular, lo que está sobre la mesa es la imperiosa necesidad de revisar un modelo de administración del quehacer científico y tecnológico que está infectado por una visión neoliberal, es decir, por la apropiación privada de recursos públicos y el privilegio del lucro sobre cualquier consideración humana o social. Así, los 571 millones de pesos entregados al FCCT palidecen al lado de los 41 mil 624 millones de pesos entregados por el Conacyt entre 2013 y 2018 a empresas como Intel, Whirlpool, Volkswagen, Mabe, Honeywell, IBM, Monsanto, Bayer o Kimberly Clark. Para ilustrar la inequidad y el favoritismo con que se repartió ese dinero, basta con decir que 63 por ciento de ese monto (26 mil millones) se entregó a sólo uno por ciento del total de beneficiados.

Cabe esperar que el conocimiento de estas prácticas dé paso a una reflexión extendida sobre la necesidad de trascender el modelo neoliberal de administrar la investigación y la ciencia, derogar el marco normativo vigente en la materia y crear una legislación capaz de garantizar el acceso equitativo de toda la comunidad científica y académica a estas actividades, sin duda fundamentales para el país, y que deben estar al servicio de las necesidades nacionales y no de los intereses de unos cuantos.