Es tal la consistencia de este análisis que la holgura se ha configurado como un rasgo estructural de esta economía.

Estimar el potencial de crecimiento es, por cierto, un asunto técnicamente complicado y cuya utilidad como medida de referencia es cuestionable

Hay que hacer demasiados supuestos sobre el funcionamiento de la actividad económica y el comportamiento de los agentes que participan; demasiadas manipulaciones estadísticas; demasiados compromisos analíticos y admitir demasiadas omisiones para llegar a una consideración que se supone razonable.

El banco central apunta en una nota al respecto que un indicador, como puede ser el desempeño del producto interno bruto (PIB), muestra holgura cuando su nivel está por debajo de su potencial. Este se define como el nivel consistente con una inflación estable. Dicho de otra manera: la demanda agregada en la economía no genera presión sobre el índice de los precios. (Ver: Indicadores de Holgura para la Identificación de Presiones Inflacionarias Extracto del Informe Trimestral Octubre – Diciembre, 2017, Recuadro 4, pp. 47-49; Febrero, 2018).

El eufemismo de la holgura, puede cumplir con alguna consideración de índole metodológica en la función esencial que debe cumplir el banco central que, como establece el artículo 28 de la Constitución: Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado.

La holgura de alguna manera posibilita la consecución de ese fin. Pero sería de gran utilidad decir las cosas de modo más directo y franco. Esto es, discutir abiertamente como se hace a menudo desde distintos frentes y con diversas manifestaciones de intereses políticos y privados, las trabas, que ciertamente son muchas, para que la economía crezca.

Ese mismo trato directo del margen que tiene la economía debe caber en la política pública y en el trabajo político y técnico que exige la labor legislativa. Ahí las carencias son notorias y graves.

El espacio de esta discusión es necesariamente polémico por todo lo que entraña el acceso a los recursos productivos, financieros y de uso político, así como su utilización. Se trata, pues, de su rentabilidad política y económica y, finalmente, corresponden a la forma en que se expresan en las condiciones sociales, referencia última del desempeño económico.

Esta es la dimensión clave del asunto, como bien sabemos en este país.

Hoy, las condiciones que enmarcan este proceso indican la existencia de diversas fricciones, las que se expresan por un lado en la definición y ejecución de la política pública y en el comportamiento de las decisiones de inversión productiva del sector privado.

El escenario prefigura la continuada existencia del margen en materia de crecimiento del producto y del ingreso, lo que significa un desperdicio de recursos y la contención del mejoramiento del bienestar sostenible, más allá de los patrones de redistribución que están en curso.

La función que estos cumplen en el esquema que prevalece no puede mantenerse de forma indefinida.

Actualmente, la holgura se complica seriamente con el crecimiento de la inflación. Las presiones sobre los precios provienen del alza de los costos por choques de la oferta (el índice de Precios al Productor en octubre alcanzó 8.59 por ciento anual).

El impacto sobre las condiciones productivas será negativo en un plazo difícil de estimar.

La decisión de política monetaria de enfrentar el brote inflacionario con alza en las tasas de interés agrava el asunto con el encarecimiento del crédito.

Durante más de tres décadas el crecimiento del producto ha sido apocado. La estabilidad de los precios se ha conseguido en ese periodo mediante: la gestión de las expectativas inflacionarias, el régimen de tipo de cambio, la entrada de divisas por exportaciones y el alto nivel de remesas, que aumenta de modo notorio.

Esto ocurre en el marco de una secular insuficiencia de gasto en inversión productiva, tanto de la pública como privada.

Banco de México estima que el Índice Nacional de Precios al Consumidor crezca este año por encima de 7 por ciento, lo que no ocurría en los pasados 20 años.

Además, se proyecta que el PIB crezca 6.2 por ciento, luego de una caída de 8.5 el año pasado. Para 2022, se considera que el crecimiento será del orden de 3 por ciento.

Alta inflación y bajo crecimiento conforman un escenario de castigo al ingreso real de los asalariados, de la alta proporción de la población que se mantiene en la informalidad y aquella en situación de pobreza.

El crecimiento ha sido insuficiente, no necesariamente para el nivel de la rentabilidad de las empresas muy grandes y grandes, pero sí para la mirada de las pequeñas y medianas.

Ha sido insuficiente en cuanto a la inversión productiva y las condiciones generales de la productividad de la economía. Prevalecen las rentas y abundan los espacios para la especulación.