Hoy nos parece normal que haya oficinas públicas para defender a personas de escasos recursos económicos. También nos parece normal que existan oficinas para ayudar y defender a las mujeres. Pero durante siglos no fue así.

La defensa oficiosa (gratuita y pública) de las personas ante actos de personas con mejores oportunidades y la capacidad de contratar abogados particulares es indispensable en una sociedad democrática; también para defenderse de la autoridad: si hay tal desigualdad social en esencia es porque las autoridades lo permiten, lo propician o lo solapan.

Una de las personas que inició este cambio fue María de Jesús de la Fuente Casas (María O’ Higgins), quien, entre muchas otras acciones trascendentales, implementó la primera defensoría de oficio a mediados del siglo XX.

La defensoría legal es una manera de democratizar la sociedad, de que todas las personas tengan acceso a la justicia, a los mismos derechos, de que no sea relevante vivir en la pobreza o la ignorancia para poder ser protegido por la ley.

La defensa legal de los desprotegidos rompe con la conquista que caracteriza la historia y el inconsciente del mexicano: si antes los opresores eran los conquistadores, con la Independencia y la Revolución mexicanas los opresores fueron otros. No sólo los dueños de los factores de producción, sino también aquellos que en apariencia poseían la ley para actuar a su antojo bajo el discurso de que su actuar era legal.

Si la religión y la cultura habían dejado de ser fuentes de igualdad y justicia, la defensoría pública abrió un camino de esperanza y, en muchos casos, una posibilidad concretizada de vivir en un país de leyes justas por accesibles.

En aquel entonces, en un país de mayorías analfabetas, tener un intermediario para conocer y ejercer la ley era pasar de la indefensión absoluta a una nueva manera de mirar la vida.

La defensoría pública y gratuita es un cambio trascendental para los individuos y la sociedad mexicana, gracias a María de Jesús de la Fuente.