El pasado 30 de abril, Luna Maya, una de las casas de partería con más tradición de la Ciudad de México cerró sus puertas. Este no es un hecho aislado ni que se deba a la pandemia, ya que desde hace varias décadas las parteras fueron orilladas a ocultarse y a operar en la clandestinidad.
Esto se debe a tres cosas. Primero, el sistema médico actual basa su labor en curar enfermedades. Visto de este modo, el parto no es entendido como un proceso natural de la vida de las mujeres, sino que es comprendido en términos de síntomas y condiciones anormales. ¿Por qué creen que decimos ya se alivió
cuando una mujer da a luz?
Por el contrario, las parteras, muchas de ellas madres, entienden que el parto es similar a la menstruación, en el sentido de que es un proceso normal y saludable de las mujeres.
Segundo, hasta los años 70, más de 70 por ciento de las mexicanas atendían sus partos en casa y con parteras. Sin embargo, una vez que entró en vigor la tercera Ley General de Población, el Estado necesitó promover los partos en hospitales para controlar la frecuencia de hijos por mujer y promover el uso de anticonceptivos.
Este cambio de paradigma tuvo como consecuencia que si una familia quería ser vista como moderna o económicamente estable, las mujeres de la familia debían parir en un hospital y no con parteras. Desde ahí se comenzó a cultivar la idea de que el trabajo de las parteras era algo sucio, peligroso, desinformado y para gente pobre.
No hay nada más alejado de la realidad, ya que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) publicó las Recomendaciones generales para mejorar la calidad de la atención obstétrica
ocho años antes de la pandemia y revelan que 66 por ciento de las mujeres atendidas por parteras calificaron el trato recibido como excelente, en comparación con 38 por ciento de quienes recibieron atención de médicos
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Aún más: al contrario de lo que pudiera pensarse, la atención del parto vaginal en la actualidad no la efectúan en su mayoría los especialistas, sino que la realizan médicos generales quienes además deben resolver otras demandas de atención, como pueden ser urgencias u otro tipo de pacientes internados. Por el contrario, las parteras son las únicas que le dedican 100 por ciento de su tiempo y entrenamiento específicamente al embarazo, parto y puerperio.
Tercero, tengan la trayectoria que tengan, vivan en ciudades o en comunidades rurales, estén registradas con las jurisdicciones sanitarias locales o formen parte del componente comunitario del programa IMSS-Bienestar, la mayoría de las parteras de México trabajan sin ingresos fijos, en condiciones de ambigüedad legal y al margen de las instituciones de salud.
Esto se debe a que la partería sólo es una profesión reconocida en Morelos, Puebla y Sinaloa. Entre muchas otras cosas, esto las deja sin acceso a representación legal oficial que las proteja a ellas o a sus clientas en caso de que surja alguna emergencia obstétrica o un problema con las secretarías de salud locales.
Países como Ecuador, Chile, Holanda, Inglaterra y Alemania ya han incluido a las parteras en sus sistemas de salud públicos, lo que ha reducido acciones invasivas innecesarias y ha ayudado a eficientar las consultas durante el embarazo y el posparto.
En México muchas mujeres no las ven como una opción segura para atenderse y la gran mayoría eligen
la única opción que conocen para dar a luz: parir en un hospital. Vale la pena preguntarse si las mujeres pueden ejercer su derecho a decidir qué hacer con su cuerpo y cómo atenderse al sólo existir una opción vista como legítima por el Estado. Si no hay opciones reales, ¿se puede decir que existe la libertad de tomar una decisión?
Considerar a las parteras como vía segura garantizaría una opción basada en evidencia para la mayoría de los partos de bajo riesgo en nuestro país, aligeraría la saturación de hospitales, mejoraría la calidad de la atención sexual y reproductiva de México y les devolvería a las mujeres el protagonismo activo durante uno de los momentos más vulnerables de sus vidas.
* Periodista, maestra en periodismo sobre política públicas