El motivo de este pasajero “respiro” es que el 25 de junio se desató un conflicto, a tiros, entre los propios grupos civiles armados en Santa Martha. Desde entonces, los pobladores de Aldama observan tiroteos en la comunidad de la cual los separa una gran hondonada (el territorio en disputa). Incluso hubo un ataque al comisariado ejidal, uno de cuyos miembros murió en los hechos.

Para las comunidades agredidas de Aldama se trató de la primera vez en tres años que no fueron baleadas por un añejo conflicto agrario que entró en fase crítica hace ya cinco años. Los representantes de las 12 comunidades Beneficiarias de las Medidas Cautelares 284-18 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Magdalena Aldama expresaron en días pasados:

“Desde hace cinco años nuestro pueblo vive una crisis humanitaria y económica tras ser agredidos por grupos armados que operan en Santa Martha, del municipio de Chenalhó, por disputa de 60 hectáreas; ello ha llevado a nuestro pueblo a la pobreza, migración de muchas personas por no poder trabajar en sus parcelas y también se han perdido las cosechas por el abandono a consecuencia de las agresiones, lo que provocó desplazamientos forzados permanentes e intermitentes, así como varios heridos y fallecidos”.

Desde el 23 de abril de 2021 se implementaron medidas cautelares a favor de 12 comunidades afectadas en Aldama (resolución 35/2021 de la CIDH). La comisión solicitó al Estado mexicano implementar las acciones “de seguridad necesarias para proteger y salvaguardar la vida e integridad física de las personas beneficiarias”. Ello no ha impedido las balaceras. Sólo en 2022 se han perpetrado más de 200 ataques.

“Siguen operando y asesinando, como prueban los hechos recientes. El 25 de junio empezó un conflicto en Santa Martha entre grupos armados y la gente del comisariado por una disputa de tierras”. De hecho, hay familias desplazadas de Zapata, en Chenalhó.

Los representantes indígenas advierten: “Si no actúa el gobierno ante esta problemática, podría repetirse lo sucedido en Acteal en 1997, porque el paramilitarismo sigue activo y nunca se desarmó. Los verdaderos asesinos aún transitan libremente, mientras los inocentes, que buscan la justicia verdadera, exigir sus derechos humanos, a la tierra, a la paz y defender al territorio, siguen siendo privados de su libertad, amenazados, perseguidos.

“El gobierno nunca desarticuló e investigó estos grupos armados, mientras los organizadores siguen libres, y las amenazas hacia nuestro pueblo continúan. La población sigue viviendo en temor y con afectaciones sicológicas, nerviosismo y enfermedades que ha provocado esta situación”.

Los desplazamientos son permanentes. Son “zonas de alto riesgo” las comunidades Xuxch’en, Coco’, Tabac, Ch’ivit, Stzelejpotobtik y Cabecera. El último desplazamiento se dio en Ch’ivit el 20 de febrero de este año. Pero, “el desplazamiento intermitente abarca 10 comunidades que salen en sus hogares cuando los ataques son muy intensos”. Esto impide el tránsito y causa “daños y pérdida de cosechas”.

Los representantes tsotsiles declaran: “Lo único que pedimos es vivir en paz, retomar nuestras vidas cotidianas y que la niñez retorne a las aulas, que el tránsito sea libre y sin miedo, que al ir a nuestras parcelas ya no seamos cazados como animales”. Aunque se han logrado algunos acuerdos compensatorios a su favor, ante el otorgamiento en trámite de las tierras a Santa Martha, “los daños económicos, materiales, físicos y sicológicos siguen latentes en nuestros corazones”. Y la mayor parte de sus demandas, no han sido atendidas.