–Pablo, me dicen mis informantes que sueles caminar de noche solo por Ciudad Universitaria. Ten cuidado, no te vaya a pasar algo.

Sin amilanarse, don Pablo respondió: No se preocupe, señor presidente. Si me pasa algo, los muchachos sabrán cómo responder.

Herencia de aquellos días de amenazas y provocaciones, el doctor González Casanova adquirió la costumbre de sentarse siempre con la espalda pegada a la pared y, de preferencia, con la mirada puesta en la puerta. Explica este hábito por su astigmatismo y el malestar que le provoca recibir directamente la luz en los ojos.

Don Pablo fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entre 1970 y 1972. Él no buscaba serlo. Su candidato era el químico Manuel Madrazo. Nunca luché por ser director de nada, salvo del Instituto de Investigaciones Sociales, cuenta. Ahí sí tenía muchas ganas. Una de mis fuerzas, que parecen virtudes, para resistir la carrera política, fue que me gustaba mucho investigar.

Con el eco del movimiento estudiantil-popular rebotando por todo el país, su destino fue otro. “La Junta de Gobierno me nombró para suceder al magnífico rector Javier Barros Sierra. A altas horas de la noche algunos miembros de la Junta me fueron a visitar para darme la noticia. Estaba muy sorprendido porque yo estaba con Madrazo. Al día siguiente él fue a felicitarme. Le dije: ‘quiero que seas secretario general’”.

En su discurso de toma de posesión, señaló que asumía una responsabilidad transitoria, porque antes que nada somos o seremos profesores, y los puestos de dirección constituyen una etapa parcial de nuestra vida universitaria. Y añadió: el verdadero profesor es aquel que sigue estudiando y el verdadero estudiante es el que aprende a enseñar. Un gobierno universitario implica el uso de la razón, y el ejemplo de la conducta. Para que no resulte una ficción romántica e ilusa, se necesita que sea un gobierno en el que todos compartan la responsabilidad.

Su visión de la democratización de la enseñanza combinaba apertura de los estudios superiores a números cada vez más grandes de estudiantes, y la participación mayor en la responsabilidad y las decisiones universitarias por parte de profesores y estudiantes. Y, como parte de la misión de la UNAM, remarcaba el enseñar a disentir.

Al asumir la rectoría, 68 universitarios, politécnicos y dirigentes populares se encontraban presos en Lecumberri por su participación en el movimiento de 1968, condenados a largos años de cárcel por los más variados delitos. Sus procesos legales estaban llenos de múltiples y graves irregularidades.

El 13 de noviembre de 1970, poco más de seis meses después de asumir el cargo, González Casanova demandó una Ley de Amnistía para los detenidos, invocando que la liberación de los profesores y estudiantes presos nos incumbe y preocupa como universitarios. Para justificar la necesidad de su promulgación, en lugar de meterse a debatir sobre el orden jurídico, decidió apelar a la más recia tradición republicana, la de Juárez, y a razones de seguridad nacional. “La Universidad –dijo– tiene el deber de indicar la desazón que produce entre sus estudiantes y profesores el proceso contra sus compañeros”. Y la desazón, la zozobra, la duda frente al derecho, son indicio de inseguridad, que en nada beneficia el sano desarrollo de la nación.

A la demanda de una Ley de Amnistía se sumaron directivos de la UNAM, intelectuales y el obispo Sergio Méndez Arceo. El 18 de noviembre se movilizaron en su apoyo multitud de universitarios. Se opusieron a ella destacadas figuras del régimen, pero, también, algunos comités de lucha, como el de Físico-Matemáticas del IPN y Ciencias Políticas de la Universidad.

El 10 de junio de 1971, una movilización estudiantil en apoyo a la autonomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), suprimida por el gobierno, fue salvajemente reprimida en la Ciudad de México por granaderos, policías y halcones. Una ola de indignación y rabia se levantó en la juventud capitalina y sacudió la UNAM.

El 31 de mayo, el doctor González Casanova se pronunció públicamente en defensa de la UANL. “Cuando la autonomía universitaria es afectada –advirtió–, el régimen constitucional sufre en forma innegable. Cuando se atenta contra la autonomía de la Universidad, se atenta contra la autonomía de las demás universidades y contra el propio régimen de derecho de la nación. Cuando se atenta contra la autonomía universitaria mediante medidas políticas, policiales o militares, abiertas o veladas, se sientan las bases de un régimen anticonstitucional y de fuerza”.

Eran años de turbulenta confusión. En medio de este clima de desconcierto, sobrevino la toma de Rectoría. Con el pretexto de propiciar el ingreso automático de los normalistas a la Facultad de Derecho, un pequeño grupo dirigido por Castro Bustos y Falcón arrojó al rector de sus oficinas y tomó la Rectoría. Cuando el problema parecía estar en vías de solución, irrumpió un fuerte conflicto por la sindicalización de los trabajadores universitarios.

Fue un caso muy duro –recuerda el ex rector–, sobre todo para las gentes que nos pensábamos de izquierda. Había que respetar los derechos de los trabajadores, pero, por otro lado, estaba la unidad de la institución. La mayor parte de los integrantes del Consejo Universitario no eran favorables a la idea de permitir la sindicalización. Hicimos varios proyectos. Hasta que me dijeron que, o le daba la cláusula de exclusión a Evaristo Pérez Arreola y compañía o no aceptaban. Defendí la línea que el Partido Comunista Mexicano defendió toda la vida hasta entonces: no permitir la cláusula de exclusión que faculta a los dirigentes sindicales a despedir a los trabajadores que no les son leales.

El 7 de diciembre de 1972, ante la inminencia de la entrada de la policía a la institución, don Pablo renunció. Estuvo en la Rectoría apenas dos años y cerca de nueve meses. Sin embargo, en esa experiencia está buena parte de la simiente para regenerar la UNAM.

Twitter: @lhan55