El 15 de abril de 2011, la comunidad indígena de Cherán, decidieron enfrentar a los criminales

Tomar la palabra

Agustín Ramos

El 15 de abril de 2011, las mujeres de la comunidad indígena de Cherán, en el municipio michoacano del mismo nombre, decidieron enfrentar a los criminales que además de traficar con drogas devastaban los bosques de la región. Durante más de tres años estuvieron saliendo de ahí “camiones cargados hasta el tope de troncos recién cortados”, señala Linda Pressly en un reportaje de 2016 para la BBC titulado “Cherán, el pueblo indígena que expulsó a delincuentes, políticos y policías.” Con ello empezó un movimiento social por la vida de los pobladores autóctonos y por un entorno pródigo en recursos naturales. El primer tramo de aquella lucha culminó con el reconocimiento oficial de un gobierno autónomo, constituido conforme a los usos y costumbres locales.

 

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La consolidación de ese movimiento sirvió de ejemplo para que otras comunidades indígenas de la región se organizaran de acuerdo con sus propias especificidades, a fin de vivir con seguridad, proteger la riqueza común, manejar con honestidad el presupuesto público y regirse políticamente sin depender de los niveles oficiales de gobierno. “Veinte comunidades de la Meseta Purépecha han proclamado su autonomía…” reza el encabezado de un espléndido reportaje del 6 de junio de 2022, escrito por Zózimo Camacho para el portal Contralínea, sobre la comunidad de Sevina, otrora perteneciente al municipio de Nahuatzen, Michoacán.

 

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Obtener la validez jurídica plena dentro de un régimen caracterizado por marginar sistemáticamente a los habitantes originarios e interesarse por ellos sólo para despojarlos, fortalece una inercia cuyo propósito, consciente o no, es revertir los procesos de autogestión comunitaria y regresar a los pueblos al redil del paternalismo y el clientelismo; en pocas palabras, “para destruir lo construido”, comenta un compañero cuando le pido su opinión sobre los primeros doce años de Cherán. Así es, las luchas de estas comunidades purépechas para tomar en sus manos su destino y conseguir la autonomía con respecto a las autoridades municipales, estatales y federales, no han resultado sencillas ni uniformes. Sufren crisis, atraviesan períodos de transición…

 

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Las tácticas de desestabilización practicadas en todo el país contra un proyecto gubernamental diferente se repiten a escala en estas comunidades, pero agravadas por los intentos de recolonización mediante propuestas ajenas a las necesidades genuinas, con promesas incumplidas de apertura, con la instauración de comunidades autónomas de membrete y sin base social, y con fondos que aparte de ser irrisorios se administran para la capitalización política que alienta ambiciones personales de lucro y arribismo. Y tales problemas se agudizan precisamente en el ámbito que originó esta gran lucha, el de la seguridad.

 

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La organización de rondas comunitarias para proteger los poblados, en vez de alentar el fortalecimiento de la seguridad por parte de los organismos policíacos y militares, con frecuencia da pie a que autoridades de municipios adyacentes, de la entidad federativa o de la Federación, se desentiendan de dicha seguridad permitiendo corruptelas, infiltraciones y hasta colusión de elementos oficiales con el crimen organizado en la periferia de las comunidades autónomas, volviéndolas vulnerables. Así, la tradicional marginación de la que han sido objeto las etnias originarias, sumada a un desinterés no menos tradicional de las esferas gubernamentales, pone en jaque el desarrollo de los proyectos autogestivos indígenas. “Por otra parte –concluye el compañero citado arriba–, ninguna forma de gobierno, por más transformadora que parezca, será efectiva si no se acompaña de una revolución del pensamiento.”

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