Es cierto que los atentados contra comunicadores no vienen hoy –como sucedía– del gobierno federal, y aunque los intercambios de acusaciones y señalamientos desde y hacia la mañanera entre el Presidente y varios periodistas tensan el ambiente, los reclamos no han pasado a la mordaza y los argumentos de ambas partes son escuchados por audiencias a las que se les permite, a través de las distintas voces, construir su propia opinión.
Pero también es cierto que el compromiso del gobierno federal con la libertad de expresión no se limita sólo a dejar de ser el verdugo del periodista, también a garantizar su libre ejercicio mediante acciones como el protegerlo cuando su integridad está en riesgo debido a su labor profesional. Algo que no está sucediendo.
Se afirma, equivocadamente, que ya no hay censura en México. El que el gobierno no coloque directamente la mano en la boca del periodista no impide que el mismo periodista sea quien se tape la boca con mano propia en una obligada autocensura para evitar ser asesinado por aquellos que encuentran en la impunidad la vía para silenciar la verdad. Los ataques a periodistas quedan, en su gran mayoría, impunes.
De 105 investigaciones que ha llevado a cabo la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, sólo hay 29 sentencias condenatorias. Gran número de agresiones contra periodistas se perpetra por autoridades municipales o estatales: alcaldes, regidores, policías, diputados y otros funcionarios, lo que implica una enorme dificultad para proteger al comunicador y con ello permitir que continúe con sus investigaciones. ¿Quién lo va a cuidar?, ¿los mismos a quienes está investigando, o aquellos que son brazo institucional del crimen organizado? Para ello existe el Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, pero debido a sus limitaciones se encuentra rebasado.
Durante la actual administración, 58 periodistas y 107 defensores de derechos humanos han sido asesinados en México. El mecanismo encargado de protegerlos señala que entre los principales factores de riesgo están la impunidad y la corrupción, y que 600 periodistas están integrados a esta instancia federal que, afirma, para el próximo año necesita, mínimo, 800 millones de pesos para cubrir sus requerimientos.
A lo anterior se suma otro pendiente que, de no resolverse, impediría, aun con el presupuesto solicitado, que el mecanismo pueda garantizar a sus beneficiarios ejercer su desempeño profesional sabiéndose protegidos: una reforma constitucional que establezca de manera clara la obligación por gobiernos estatales y municipales y así el mecanismo tenga la capacidad de emitir resoluciones que vinculen a las autoridades y las obliguen a proteger a los periodistas.
Pero aun con el presupuesto solicitado y las reformas señaladas, el mecanismo deberá profesionalizar a quienes llevan a cabo los análisis de riesgo, una de sus principales omisiones viene de ahí. Carecen de la capacitación suficiente para emitir un análisis mínimamente serio. Desconocen factores de riesgo e incluso incluyen en sus planes de protección datos erróneos, como domicilios equivocados de medios donde trabajan los beneficiarios, lo que sesga el análisis al no considerar adecuadamente las distancias y recorridos.
Tampoco contemplan la influencia que el periodista ejerce a través de su trabajo, mucho menos el peligro que puede correr al ser identificado con un sector o ideología, desconocen el oficio periodístico. Hay casos en que, a pesar de que el comunicador ha sido encañonado bajo amenaza de guardar silencio, se emite condescendientemente como medida un botón de auxilio respondido desde una central minutos después de pulsarlo. ¿Suficiente si un criminal está dispuesto a callar la verdad con la violencia? No, y menos cuando la mayoría de los atentados contra periodistas quedan, como sucede, en la impunidad.