De 1970 a 1990 se registró un descenso pronunciado de la TFA, esta tasa se estancó por más de dos décadas y en 2015 la tendencia comenzó nuevamente a declinar. Hay grandes diferencias regionales que expresan desigualdades socioeconómicas y culturales. La TFA en Chiapas es de 82 nacimientos por cada mil adolescentes y en la Ciudad de México es de 47. El acceso a la educación media superior y superior propicia el retraso de la edad para unirse, para casarse y para tener hijos. Las uniones tempranas son también determinantes del embarazo en niñas y adolescentes. Veintiuno por ciento de las mexicanas se casan o se unen antes de cumplir los 18 años, pero en Guerrero, Tabasco y Chiapas lo hacen 31 por ciento. Los matrimonios y uniones infantiles tempranos y forzados (Muitf) representan un desafío difícil de erradicar, toda vez que reproduce pautas patriarcales muy arraigadas en la historia y tradiciones comunitarias; usos y costumbres más presentes en comunidades indígenas, y en condiciones de pobreza extrema, desigualdades de género y violencia sexual.
Para reducir los embarazos de adolescentes y erradicar la maternidad infantil, se creó en 2015 la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo de Adolescentes (Enapea). Se coordina desde el Consejo Nacional de Población (Conapo) con el secretariado técnico del Instituto Nacional de las Mujeres (Imujeres), un trabajo interinstitucional de 34 entes públicos federales; para territorializar las acciones hay 32 grupos estatales para la prevención del embarazo de adolescentes (Gepeas).
Los datos reportados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) revelan que el descenso reciente de la TFA se ha acompañado de una reducción en el abandono escolar: de 2015 a 2021 el porcentaje de adolescentes que suspendieron la educación media superior disminuyó de 15.5 a 11.6 por ciento; la deserción de estudiantes de secundaria descendió de 4.4 a 2.9 por ciento, el abandono en primaria se redujo de 0.74 a 0.48 por ciento. La matrícula actual de educación media superior alcanza a 73 por ciento de adolescentes y la de educación superior llega a 34 por ciento de jóvenes (en una década aumentaron 10 por ciento).
En 2021 cerca de 20 por ciento de adolescentes habían iniciado prácticas coitales, en tal ocasión 80 por ciento usaron algún método anticonceptivo moderno (condón masculino o femenino, DIU, implante subdérmico, pastilla de emergencia, inyecciones, óvulos, jaleas, espumas, pastillas y parches), y 70 por ciento reporta un uso consistente de anticonceptivos, cifra 4 puntos porcentuales mayor respecto de 2012 (INSP). Actualmente, 90 por ciento de los municipios del país cuentan con servicios de salud sexual y reproductiva amigables para adolescentes con atención a la salud sexual y reproductiva; se promueve la doble protección (uso de condón masculino y alguno de los métodos anticonceptivos hormonales, si es posible, de los reversibles de acción prolongada (ARAP) como el DIU, el implante subdérmico y las inyecciones hormonales bimestrales y trimestrales). Respecto de los servicios de interrupción voluntaria de embarazos (IVE), que son los que se ofrecen cuando son producto de violación, casi uno de cada dos corresponde a niñas y adolescentes menores de 20 años (2022). En cuanto al aborto por decisión de la mujer en un par de años se despenalizó en 11 entidades más, todas las entidades cuentan hoy día con servicios de aborto legal.
Es muy oportuno que los programas de estudios y los nuevos libros de texto cuenten con una perspectiva de género y una orientación integral de la sexualidad; el enfoque pedagógico propone acciones que transformen la comunidad, promuevan la solidaridad, el respeto y la lucha contra el machismo; se dan a conocer los derechos sexuales y reproductivos a niños y adolescentes. Desde el primer grado de primaria se aborda la prevención del abuso sexual infantil y, de manera progresiva, todas las formas de violencia, así como la corresponsabilidad masculina en la vida afectiva, sexual y reproductiva.
Se cuenta con un Sistema de Indicadores de Monitoreo y Seguimiento (SIMS) de la Enapea que coordinan el Conapo y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), colabora el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida (Censida), el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (Cnegsr), el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sesipinna). También proporcionan información al SIMS, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (los 49 indicadores del Sistema de Indicadores de Monitoreo y Seguimiento pueden consultarse en http://indicadores.conapo.gob.mx/ENAPEA.html).
* Secretaria general del Conapo
Twitter: @Gabrielarodr108