Los derechos digitales tienen una relación directa con los derechos a la privacidad, al acceso a la información, a la libertad de expresión y a la protección de datos personales, los cuales se establecen en los artículos 6 y 16 de la Constitución. La protección de datos personales está regulada en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Estos son derechos de suma importancia para quienes ejercen las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el mundo, por lo que se vuelven indispensables proteger en un país donde su labor significa un peligro latente.

Diversas organizaciones de la sociedad civil han documentado que México es uno de los países con mayor riesgo para ejercer el periodismo, pues alrededor de 163 quienes ejercen esta profesión fueron asesinados y 32 han sido desaparecidos. En ese sentido, es sumamente preocupante lo que aconteció el 26 de enero del 2024 sobre la filtración de datos personales de 309 periodistas nacionales e internacionales del Sistema de Acreditación de Prensa de Presidencia que asistieron y/o cubrían las mañaneras del Ejecutivo federal (https://t.co/Ydv2tNyM5q). Aunque se ha comentado que pudo haber sido un descuido del gobierno mexicano, inquieta la falta de mecanismos de ciberseguridad en tanto se mantenga la hipótesis de haberse tratado de un hackeo de entes externos. Si fuese el caso de una filtración propia del gobierno, habría que ser críticos sobre la intencionalidad de estas acciones, pues vulneran tanto la integridad de los periodistas como sus derechos humanos.

Asimismo, es interesante que estos datos estén desprotegidos, mientras otros de interés público vinculados al esclarecimiento de los hechos de violaciones a derechos humanos se encuentren enterrados para las instituciones. Por un lado, es interesante que, cuando periodistas, personas defensoras y organizaciones de sociedad civil solicitan acceder a información bajo los términos de transparencia y rendición de cuentas del gobierno les han sido negados, postergados o desconocidos por las dependencias correspondientes. Por otro lado, estos datos personales de periodistas y defensores de derechos humanos que deberían tener un resguardo prioritario ante la situación de violencia que se ejerce contra ellas, elles y ellos, parecieran no ser prioritarios ni de interés de resguardo gubernamental.

Esto genera violaciones a su privacidad, su seguridad y su quehacer periodístico, ya que su labor y libertad de expresión se han convertido en objetivos de cuestionamiento a su reputación y moral, así como de ataques a su esfera más personal. Por ende, la situación no sólo implica visibilizar las necesidades cibernéticas a cubrir para prevenir la filtración de los datos, sino una reflexión profunda sobre qué información ha sido revelada y cuál no, cuáles son los intereses o intenciones detrás de esto y cómo el gobierno vulnera condiciones y derechos para el ejercicio de su labor y para su integridad propia.

Es importante mencionar que esta realidad ha sido expresada como preocupante por la comunidad internacional, principalmente a través de la Evaluación del Examen Periódico Universal. Es fundamental que el gobierno federal rinda cuentas sobre este hecho y proporcione las medidas necesarias para prevenirlo. Que pueda atender también las circunstancias actuales de seguridad y protección que sufren los periodistas que fueron expuestos ante la filtración de sus datos, pues es un deber del Estado garantizar salvaguardar sus personas y labores, más aún si fue el causante de esta situación. Sobre todo, que reconozca la relevancia de la labor de los defensores y periodistas para que haya espacios dignos, seguros y libres de violencia para ejercer su derecho a la libertad de expresión.